‘La fórmula Salinas’: un libro que describe las redes de poder del empresario Ricardo Salinas Pliego
El vals de los contratos
Después de las elecciones de 2018, las empresas de Grupo Salinas empezaron a ocupar los cabezales de la prensa, que buscaba entender lo que sería la “Cuarta Transformación”. El 13 de noviembre, el Ejército entregó a Intra Mexicana, la compañía de envío de efectivo de Grupo Salinas, el contrato para repartir los recursos del Fideicomiso de Transición 2018, del que era fiduciario el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito). Ese fideicomiso estaba destinado a cubrir los gastos de López Obrador y su equipo de asesores: Banjercito depositaría dinero a Grupo Elektra, que a su vez lo distribuiría en efectivo a los beneficiarios a cambio de una comisión de 13.5 pesos por envío.
Apenas una semana antes de su toma de posesión, López Obrador asistió al evento que organizó Grupo Salinas para los 25 años de la privatización de Imevisión. Ahí, el crítico de los oligarcas emanados de las privatizaciones de Salinas de Gortari recibió una “llave” simbólica de la televisora privatizada. “No hemos coincidido en todo, pero yo tengo que agradecer y reconocer que nunca he padecido una campaña sucia o de guerra sucia por parte de este medio”, dijo el presidente electo. Y lanzó loas a “esta televisora importante, fundamental, para la vida pública de nuestro país”, que pocos simpatizantes del presidente electo supieron interpretar.
En la sede de la televisora del Ajusco, aquel 22 de noviembre, López Obrador y Ricardo Salinas Pliego firmaron un “convenio de colaboración” en el que Grupo Salinas se comprometía a incluir “al menos 5 000 jóvenes como aprendices” en sus empresas como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
El primero de diciembre, día de la toma de posesión, el empresario dio coba a López Obrador desde su cuenta de Twitter: “Tenemos que tener la confianza de trabajar con este nuevo gobierno. Todos unidos, debemos darle a [López Obrador] la oportunidad de demostrar que va a cumplir con sus promesas de justicia y honestidad y exigirle que cumpla su palabra, cuando afirma que ‘no nos va a fallar’”.
Además de los nombramientos de Jorge Mendoza y de Adalberto Palma Gómez en Banobras y la CNBV, respectivamente, López Obrador dio a Esteban Moctezuma Barragán la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia a cargo del segundo presupuesto del gabinete. Una de las primeras decisiones de Esteban Moctezuma al frente de la SEP consistió en crear la Dirección General de Educación Musical y Orquestas Escolares, a la que dio la misma función que las orquestas infantiles de la Fundación Azteca. De hecho, cedió esta nueva dirección a José Ricardo Cerrillo Reyna, quien durante catorce años fue director de administración y finanzas en la Fundación Azteca, y nombró jefe de unidad del mismo programa a Rodrigo Díaz Bueno, exdirector de orquestas en Fundación Azteca; al mismo tiempo, colocó a otros ejecutivos de Fundación Azteca en puestos clave de la SEP.
Interpretando las señales que emanaban de Palacio Nacional y que parecían inclinar la balanza hacia Ricardo Salinas Pliego, los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) eligieron a Luis Niño de Rivera, entonces presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, como representante en el periodo 2019-2021.
En el sector legislativo, Grupo Salinas patrocinó la campaña de la conductora de TV Azteca, María Lilly del Carmen Téllez García, a una senaduría de Sonora por Morena. En el partido político fundado por López Obrador, muchos cuestionaron la postulación de la mujer, con ideas y posturas claramente conservadoras, pero fueron acallados por los nuevos cuadros del partido. En prácticamente todo el país, militantes que durante años —o décadas— apoyaron a López Obrador fueron desplazados por priistas o panistas que negociaron con la dirigencia nacional de Morena y pusieron a trabajar estructuras a favor del tabasqueño a cambio de una candidatura.
Bienestar redituable
El 7 de febrero de 2019, López Obrador causó sorpresa cuando anunció que Banco Azteca y Banorte distribuirían el dinero de los programas sociales del gobierno federal a través de las llamadas Tarjetas del Bienestar. El mandatario quería que el dinero fuera entregado directamente a los beneficiarios, ya sea a través de un banco de gobierno —lo que hizo después con el Banco de Bienestar—, o de bancos con capital mexicano. El nuevo equipo en el poder explicó que aprovecharía la presencia de los 4 680 puntos de Banco Azteca esparcidos en el territorio para llegar a la población.
La distribución del dinero de programas sociales llevó raudales de dinero al grupo de Salinas Pliego: además de pagar a Banco Azteca una cuota de 5.80 pesos al mes por cada cuenta, el gobierno arrojó millones de nuevos clientes a sus tiendas Elektra, donde suelen estar las taquillas de Banco Azteca. Antes de cobrar el dinero de un programa social, los beneficiarios tenían que caminar entre los aparatos electrodomésticos, celulares y motocicletas Italika a la venta. Todos se volvieron clientes potenciales de Elektra, situación facilitada por el hecho de que los propios programas les abrían una cuenta en Banco Azteca.
Estas condiciones fueron plasmadas en el “contrato marco para la operación y apertura de cuentas bancarias a los beneficiarios de los programas gubernamentales de apoyo en beneficio de determinados sectores de la población”, firmado el 4 de enero de 2019 por Raquel Buenrostro Sánchez, entonces Oficial Mayor de la SHCP, y Sergio Alberto Zepeda Gálvez, representante legal del banco. En 2021, Banco Azteca repartió más de 70 300 millones de pesos a 5.6 millones de beneficiarios de los programas de la cuarta transformación, según su informe anual.
Estuvo a punto de hacerlo también en Centroamérica. En mayo de 2020, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) otorgó a Banco Azteca Honduras el contrato para distribuir los 31 millones de dólares que el gobierno mexicano planeaba destinar a ese pequeño país azotado por la miseria y la violencia.
Apenas seis meses antes, Grupo Elektra había ascendido a Viviana Bueso Alfura al frente de Banco Azteca Honduras. La mujer tenía una magra experiencia en el sector bancario, pero tenía conexiones de primer nivel en México, pues es cuñada del canciller Marcelo Ebrard Casaubón. El contrato dejaba sospechar la existencia de un conflicto de interés, pues la Amexcid depende de la Cancillería, y su titular, Laura Elena Carrillo Cubilla, era una incondicional de Ebrard desde hacía años. De hecho, el 26 de noviembre de 2020, un mes y medio después de que Proceso revelara los contratos, la Amexcid los rescindió.
Tercer contratista de Pemex
En sus primeros años, el gobierno de López Obrador inundó las empresas de Grupo Salinas de contratos. La petrolera Typhoon Offshore, SAPI de CV, que nació con la reforma energética de Peña Nieto y tiene como representante a Bernardo Villacecias Gutiérrez —quien es a la par director general de Azteca Golf— se convirtió en el tercer contratista de Pemex Exploración y Producción (pep).
En tan solo nueve años de existencia, Typhoon Offshore recibió por lo menos 42 790 millones de pesos de Pemex, a pesar de que en su primer año de actividad sucedió un accidente mortal en una de sus plataformas. El 90% del dinero que recibió llegó bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
En un contrato, de 2019, Pemex se comprometió a pagar 6 647 millones de pesos a Typhoon hasta 2021, pero en los años siguientes aumentó el plazo y el monto, que tres años después se había sextuplicado y rebasaba los 40 753 millones de pesos, a pagarse hasta el 31 de diciembre de 2024. La empresa recibió un nuevo contrato, por 1 507 millones de pesos y 41’994 000 dólares, el 23 de marzo de 2023, para dar “soporte a la producción en instalaciones marinas de pep”.
Pemex también entregó un contrato de 1 852 millones de pesos a Seguros Azteca, en 2021. La SEP, por su parte, dio en marzo de 2020 un contrato a la compañía de seguros; celebrado bajo la gestión de Esteban Moctezuma, que contemplaba una póliza para todos los bienes de la secretaría, por 969’595 000 pesos, y el siguiente año le entregó otro, por 1 748 millones de pesos. Una revisión de los contratos federales arroja que, durante los primeros cuatro años de su administración, el gobierno de López Obrador pagó más de mil millones de pesos a TV Azteca —que junto con Televisa y La Jornada concentró 30% de los contratos de publicidad oficial federal— y otros 2 569 millones de pesos a Totalplay.
La suma de contratos de Pemex y del resto de la administración federal arroja un monto total de 45 307 millones de pesos de recursos públicos canalizados al imperio corporativo de Ricardo Salinas Pliego en los primeros cuatro años y medio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y eso solo a nivel federal.
Publirreportajes millonarios
En la Ciudad de México, el equipo de Claudia Sheinbaum Pardo también entregó contratos al consorcio de Salinas Pliego, incluida su filial Seguros Azteca: en 2020 le adjudicó el seguro del Metro capitalino por un monto de 319’355000 pesos; en los años siguientes le pagó por pólizas para los trabajadores del gobierno, un total de 1 723 millones de pesos.72 En 2019, el Centro de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México otorgó a Totalplay Telecomunicaciones un contrato de 954’143 000 pesos para instalar y controlar cámaras de vigilancias en la ciudad.
El gobierno mexiquense, por su parte, contrató a Totalplay y su filial Totalsec por 484’069 000 pesos en 2019, para tener servicios de internet, mientras que al chiapaneco Rutilio Escandón le otorgó un contrato para labores de videovigilancia de 13 millones de pesos.
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Los gobiernos locales se han prestado a otro negocio, grande y nuevo, para Elektra: con los recortes presupuestarios y la lenta llegada de los recursos federales, las tesorerías están cortas de dinero y enfrentan necesidades urgentes de liquidez. Banco Azteca y otros bancos aprovecharon la situación y se volvieron grandes prestamistas de los gobiernos, por montos de entre 100 y 500 millones de pesos: entre 2019 y 2021, el banco dio por lo menos 19 préstamos a gobiernos estatales o municipales, por un monto de 5 270 millones de pesos.
TV Azteca mantiene contratos vigentes de promoción con varios estados, que en 2022 todavía incluyen ofertas como spots, “cápsulas (publirreportajes)”, “mención”, “cintillo en programación regular”, “transmisión especial”, “producción de programa especial” o “eventos especiales (Superbowl, Miss Universo, Premios Oscar, Box Diamante, Futbol Selección Nacional, Olimpiadas, Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación [FIFA], etc.)”.
Según las cotizaciones de la televisora, que obtuve mediante solicitudes de transparencia, al gobierno capitalino le costaría 296 000 pesos una aparición de 15 segundos en la pantalla durante un partido de la selección nacional; al de Querétaro una “cápsula” de 90 segundos —es decir, un publirreportaje— en el noticiero Hechos saldría en 4.5 millones de pesos y un “control remoto” en el mismo programa saldría en 9’280 000 pesos.
De hecho, según sus informes financieros, TV Azteca gana siempre más dinero de los infomerciales y de la publicidad integrada: reportó 2 504 millones de pesos de ingresos por estos conceptos en 2022, contra 1 732 en 2020.
Abundancia sexenal
El 3 de abril de 2020, López Obrador declaró que “hace un tiempo en una reunión con concesionarios de radio, de televisión, les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales”.
Acto seguido, anunció que regresaría a las televisoras y las radiodifusoras los “tiempos del Estado” planteados en la reforma electoral de 2007. Aunque el presidente argumentó que su decisión se basaba en que un “gobierno del pueblo no necesita de propaganda”, en los hechos ofreció un regalo multimillonario a las televisoras, pues les devolvía siete minutos de tiempos fiscales—quedó en once minutos en temporada ordinaria y 18 minutos en periodo electoral— para que los comercializaran, y reconoció que les había hecho esta oferta en una reunión privada.
“Con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos que son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos”, dijo el mandatario, e insistió en que se trataba de un “apoyo considerable”. La medida fue plasmada en un decreto presidencial el 23 de abril de 2020, que generó incomprensión entre los analistas del sector.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solamente fue generoso con las empresas de Ricardo Salinas Pliego. También inundó de contratos al imperio corporativo de Carlos Slim Helú, a la constructora ICA, que desde 2016 está controlada por el financiero David Martínez Guzmán, a su vez vinculado con Televisa, así como a Carlos Hank González, Olegario Vázquez Aldir, María Asunción Aramburuzabala, Alberto Baillères Gual e incluso a Germán Larrea Velasco, a pesar de su mala relación con él. Los poderes fácticos, blancos de tantos ataques discursivos de López Obrador y de sus simpatizantes, recibieron un trato de primera en la cuarta transformación.
Lo cierto es que el sexenio de López Obrador ha sido de los más prolíficos para Grupo Salinas y su dueño. Entre 2018 y 2022, el ingreso de Grupo Elektra se disparó en 60% —de 103 522 millones de pesos a 164 691 millones de pesos—, el de Totalplay se triplicó —de 10569 millones a 36352 millones en 2022—, y el de TV Azteca se mantuvo estable —de 14 534 millones de pesos a 15 099 millones de pesos— a pesar del derrumbe de su audiencia. Todo esto, sin contar los ingresos de la nebulosa de compañías de Ricardo Salinas Pliego que no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y, por lo tanto, no publican sus resultados.
En 2018, la revista Forbes colocaba a Salinas Pliego en el cuarto lugar ex aequo de su lista de ultrarricos mexicanos, con una fortuna de 7 100 millones de dólares. Estaba detrás de Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Alberto Baillères González y en igualdad con Eva Gonda de Rivera, una de las herederas del imperio de la embotelladora de Coca Cola, Fomento Económico Mexicano (Femsa). Al año siguiente, su fortuna se había disparado en 56.3%, y en 2023 la misma revista reportó que había ascendido al tercer lugar, con una fortuna estimada en 13 500 millones de dólares.
Dicho de otro modo: durante los primeros cinco años de gobierno de López Obrador, su fortuna creció en 91.5%.
