El Tribunal Electoral envió al Senado las listas de aspirantes a juzgadores que integró el Comité de Evaluación del Poder Judicial, para que realice el sorteo y concluya qué interesados irán a las boletas de la elección judicial, que se realizará el próximo 1 de junio.

En su sesión de este miércoles, por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral también declaró infundadas las omisiones que algunos aspirantes reclamaron a los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la última etapa del proceso.

Con esas resoluciones, el Tribunal Electoral cerró el periodo legal para presentar impugnaciones a los procesos que se llevaron a cabo para elegir a los candidatos que se convertirán en los próximos jueces, ministros y magistrados del país.

Al concluir la sesión de la Sala Superior, el magistrado Reyes Rodríguez señaló que su voto en contra con respecto al proceso en el Comité de Evaluación del Poder Judicial es porque hubo personas que impugnaron aparecer en las listas que se enviaron al Senado y con la resolución su queja no fue atendida.

En conferencia de prensa, al terminar la sesión pública de la Sala Superior, los tres magistrados que votaron en favor de enviar ya las listas del Comité de Evaluación del Poder Judicial al Senado defendieron la continuación del proceso electoral extraordinario.

Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral, recurrió a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para justificar el caso omiso que la Sala Superior hizo de diversas resoluciones judiciales para frenar la elección judicial.

Mónica Soto refrendó la intención de algunos magistrados electorales para presentar, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia por posibles delitos contra la administración de justicia por esa orden judicial.

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata recalcó que no existe en el Derecho mexicano la figura del “amparo electoral”, lo que impide que los jueces que resuelven amparos puedan emitir resoluciones en materia electoral.

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“Si de verdad les gustan los temas electorales, pues que apliquen las leyes electorales. En particular el artículo 41 de la Constitución que prohíbe la suspensión en materia electoral”, dijo en la conferencia.

Es legal enviar listas al Senado, afirman magistrados

Mónica Soto refrendó la legalidad de enviar las listas de aspirantes integradas por el Comité de Evaluación del Poder Judicial al Senado, dado que éste no estaría asumiendo las funciones de calificación de aspirantes.

De acuerdo con lo dicho por la magistrada presidenta, el Senado ya solo tendría que someter las listas a la tómbola para determinar los candidatos que finalmente ocuparán las boletas de la elección judicial, sin emitir juicios de valor sobre cada perfil.

“Ordenamos al Senado que hiciera la parte final, que es la insaculación, ya que la convocatoria misma precisa que lo no previsto será resuelto por el Senado de la República. El artículo 96 de la Constitución establece que cada uno de los poderes tendrá que enviar su lista de participantes al Senado, en este caso ya no hay comité, pero hay listas”, dijo.

De no haberlo hecho, sostuvo Mónica Soto, se hubieran violentado los derechos político-electorales de los aspirantes a ser jueces, ministros y magistrados que se inscribieron en la convocatoria del Poder Judicial.

“El Senado no va hacer calificación de las personas inscritas en el Poder Judicial, el Senado lo único que va hacer, de manera pública y transparente, es el sorteo”, concluyó.