
Para entender mejor
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) determinó la destitución de un magistrado del Estado de México por coaccionar la renuncia de una oficial judicial en contra de su voluntad y la suspensión de un secretario en funciones de juez por negligencia médica en un caso de migrantes.
La resolución fue tomada por la Comisión de Disciplina, que en su primera sesión ordinaria del año, resolvió la destitución del magistrado y la suspensión del secretario en funciones de juez por conductas catalogadas como faltas graves a sus deberes.
El primer caso involucra a un secretario en funciones de Magistrado de Circuito en el Estado de México, quien fue hallado responsable de alterar documentos y simular actos para obtener la renuncia de una oficial judicial en contra de su voluntad.

“La Comisión consideró que del análisis de las pruebas que obran en la indagatoria, resultó evidente que la servidora pública se vio afectada en forma diferenciada por su condición de mujer, derivado de las acciones llevadas a cabo por el implicado, quien desempeñaba funciones de Magistrado de Circuito y consecuentemente, tenía frente a la víctima una asimetría de poder”, señaló el Tribunal mediante un comunicado.
Además, se demostró que la víctima se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al ser madre de un menor de edad y divorciada de otro servidor público con un cargo superior en el mismo órgano jurisdiccional, factores que el supuesto agresor utilizó para consumar actos arbitrarios que derivaron en su destitución inmediata.
En un segundo caso, el Tribunal decretó la suspensión de sueldo y labores de un secretario de Acuerdos que, en funciones de Juez de Distrito, omitió garantizar la salud y libertad de personas migrantes detenidas en territorio nacional.
De acuerdo con el órgano, durante la tramitación de un juicio de amparo interpuesto por personas recluidas en una Estación Migratoria, el juzgador obvió la urgencia de otorgarles la libertad para recibir atención médica crítica.
Según las indagatorias, una de las migrantes se encontraba embarazada y presentaba sangrado, mientras que otro de los migrantes padecía hipertensión arterial severa.

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Incluso, a pesar de que los detenidos buscaban protegerse contra la incomunicación y riesgo de deportación, el juzgador limitó la protección a evitar su traslado o expulsión, pero omitió ordenar su puesta en libertad necesaria para evitar consecuencias irreversibles o la pérdida de la vida.
Debido a la gravedad de esta omisión contra la administración de justicia, el servidor fue suspendido de su cargo actual.