Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores en diferentes sedes para manifestarse en contra de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados
De manera simbólica, los trabajadores cerraron con cadenas y candados la entrada del Consejo de la Judicatura Federal, en San Lázaro, en la Ciudad de México. A esta suspensión de labores se han sumado jueces de circuitos judiciales en el Estado de México, Nuevo León y Coahuila.
En otros circuitos, juzgados y oficinas del Poder Judicial se mantiene el acuerdo original de reunirse en asambleas para votar si se van a paro de labores.
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Esta suspensión de labores ocurre previo a la votación de este lunes−convocada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)−para una posible suspensión de labores a nivel nacional que se contempla inicie el próximo miércoles 21 de agosto, con duración indefinida.
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial emitió un comunicado en el que refrenda su compromiso de que los trabajadores en el libre ejercicio de manifestación lleven a cabo el paro de labores y cierre de instalaciones a partir de este 19 de agosto, “contarán con todo el apoyo, respaldo y defensa de la dirigencia nacional, como de los delegados de cada circuito, en todo tiempo y forma”.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, señaló que el padrón de votación estará conformado por cerca de mil 700 personas.
La votación se realizará vía electrónica mediante una liga que será remitida a los correos institucionales de cada titular y que estará habilitará para la votación este lunes 19 de agosto.
La votación iniciará a las 9:00 horas y concluirá a las 20:00 horas.
En caso de aprobarse el paro nacional, la JUFED emitirá una declaratoria de suspensión de labores en la que precisará cuáles son los asuntos urgentes que serán tramitados por los órganos jurisdiccionales, ya que para no perjudicar los derechos de los ciudadanos y la Constitución mantendrán la atención de “asuntos urgentes” conforme a un calendario de guardias regulares.
La nueva versión de la reforma judicial, contenida en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, plantea despedir a todas y todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025 y mantiene a las y los magistrados del Tribunal Electoral hasta el 2027, año en el que todas las personas magistradas y juezas federales del país se habrían renovado mediante voto popular.
El dictamen establece que habrá sólo dos períodos electorales para elegir a las y los nuevos titulares del Poder Judicial, mismas que se llevarán a cabo en elecciones extraordinarias en 2025 y ordinarias en 2027.
Según la propuesta que se pretende votar en comisiones la última semana de agosto, durante el primer proceso electoral (2024-2025) se elegirán en su totalidad los nueve cargos de ministras y ministros de la Corte, así como las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las y los magistrados de las salas regionales del Tribunales Electoral; además de los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de todos los magistrados y jueces del país.
Si bien los actuales ministros pueden participar en la elección del próximo año, el documento establece que quienes concluyan su encargo en la Corte por no postularse o no haber sido electos en 2025 perderán su haber de retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria, lo que los obligaría a dejar sus puestos antes del 31 de agosto de 2025.
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