Pese a la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de respetar los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Cámara de Diputados disminuyó en 2 mil 328 millones de pesos, en términos reales, el presupuesto asignado para sueldos, salarios y prestaciones de todo el personal que labora en los juzgados y tribunales del país.
Se trata de un recorte de 4.12% del presupuesto para este rubro en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), respecto al 2024, que impactará de forma directa a los más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial Federal que el año pasado tomaron las calles para protestar contra la implementación de la reforma judicial, por la que se pretende elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros.
“Por eso pedimos a la presidenta de la República que voltee a ver a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y que cumpla su compromiso de no afectarnos y de no tocar nuestras prestaciones”, señala Irma Elizabeth Monzón, integrante del Comité de los 32 Circuitos Unidos, en entrevista con Animal Político.
La también secretaria de Tribunal Colegiado explicó que las afectaciones las percibieron particularmente en dos rubros establecidos en sus condiciones generales de trabajo: el Fondo de Reserva Individualizado (FORI), que es un mecanismo de ahorro para el retiro de los empleados de base, y el Seguro de Separación Individualizado (SEGSEI), del que gozan todas las y los trabajadores del PJF. Además, del seguro de gastos médicos mayores y una tercera asignación adicional que se paga en noviembre.
Lo anterior ocurre a pesar de que, en la propia reforma judicial, plasmada en la Constitución, se estableció textualmente que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.
Ante esta situación, este 14 de enero de 2025, trabajadores del Poder Judicial de la Federación radicados en Zapopan, Jalisco, compartieron un video en el que aseguraron que podrían iniciar un nuevo paro de labores y huelgas, tras asegurar que existe una disminución de alrededor de 20% de su sueldo integrado.
“De hecho nos estamos organizando. Intentamos tener un acercamiento con el Consejo (de la Judicatura Federal), presentamos unos escritos y lo que se está organizando es una suspensión (de labores), lo que se viene posiblemente es una suspensión para que respeten nuestros derechos”, señaló Irma Monzón, en su calidad de integrante del Comité de los 32 Circuitos Unidos.
Desde el pasado 10 de diciembre de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal alertó sobre la reducción presupuestal y el posible impacto en la impartición de justicia, al asegurar que en total se planteaba una disminución de 13 mil 117 millones de pesos, 17.45% menos para sus funciones.
“8 de cada 10 pesos solicitados corresponden al capítulo 1000 (sueldos, salarios y prestaciones) principalmente, por lo que una reducción como la que se está planteando afectará la continuidad operativa […] del Consejo de la Judicatura Federal; y además, pone en riesgo el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores”, señaló mediante un comunicado.
Sin embargo, la afectación no solo repercute a trabajadores del CJF sino también a los empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en su conjunto sufrirán una disminución de 8 mil 719 millones de pesos, es decir un 12.37%, en su presupuesto para sueldos, salarios y prestaciones, afectando a los más de 3 mil trabajadores de la Corte y dos mil del Tribunal Electoral.
Pese a ello, quienes laboran en la SCJN y el TEPJF no se han manifestado en torno al eventual paro de labores que analizan los trabajadores de juzgados y tribunales.
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El 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa con el proyecto de reforma en materia del Poder Judicial en la que propuso por primera vez que se realizará una elección popular de todos los ministros, magistrados y jueces del país.
Por este motivo, el Congreso de la Unión convocó a los llamados “Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial” para escuchar a todas las partes para llevar a cabo una reforma integral al Poder Judicial. Luego de dar por terminados estos foros, jueces y magistrados federales calificaron como “una simulación” dichos foros, al considerar que no se dio la oportunidad de participación a las y los trabajadores del Poder Judicial.
Por todo lo anterior, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) lanzaron una convocatoria para someter a votación la posibilidad de una suspensión nacional de labores en protesta contra la reforma judicial.
Fue en ese contexto que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dirigió un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el que aseguró que “se respetaran sus derechos laborales y su carrera”.
Pese a lo anterior, después de días de alta tensión política y social, las y los trabajadores del Poder Judicial Federal iniciaron un paro de labores en diferentes sedes para manifestarse en contra de la propuesta del presidente López Obrador que se extendió por semanas, hasta que la reforma judicial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
“Por eso, para nosotros, esta reducción es la culminación del ataque que el Poder Legislativo y el Ejecutivo ha venido implementando contra el Poder Judicial de la Federación”, señala.
Pero agrega que lo que no deben olvidar los legisladores: “es que aunque nosotros pertenezcamos al Poder Judicial de la Federación también somos trabajadores como los maestros, como los que trabajan en cualquier otra dependencia. Nosotros también trabajamos para comer y para llevarle ese sustento a nuestra familia, tenemos proyectos de vida, tenemos planes ya realizados con base en las prestaciones que nosotros tenemos ganadas, que están contempladas en las condiciones generales del trabajo”.