Las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron este miércoles el dictamen que propone la terna de candidatas para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo que corresponde del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029.
Con 20 votos a favor por parte de legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se aprobó el dictamen que propone la terna integrada por su actual titular, Rosario Piedra Ibarra, Nashieli Ramírez, la presidenta del organismo en la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, y Paulina Hernández Diz, integrante de la Unidad Para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara.
Sin embargo, horas más tarde, organizaciones de la sociedad civil externaron su rechazo a dicha terna ante la posible reelección de la actual presidenta del organismo.
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Asimismo, calificaron el ejercicio para la titularidad de la CNDH como una simulación y una traición a las víctimas de México, por lo que hicieron un llamado a senadores y senadoras a rechazar la terna.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, dijo que se registraron perfiles “muy buenos” para la convocatoria de al menos 19 entidades. Añadió que se trató de una decisión complicada debido a la viabilidad de diversos perfiles.
“Mencionar que realizamos un cruce entre los perfiles que considerábamos idóneos, como el de Guillermo Andrés Gerónimo Aguirre Aguilar, Zulay Alaid Abbud Esparza, Karla Alejandra Obregón Avelar, Maximino Muñoz de la Cruz, Rodolfo Ondarza Rovira, Carlos Pérez Vázquez, Nashieli Ramírez Hernández, Tania Hernández Ramírez, Paulina Hernández Díaz y María del Rosario Piedra Ibarra”, detalló la senadora morenista.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, dijo que para la conformación de la terna se tomaron en cuenta comentarios y recomendaciones que realizaron las organizaciones civiles, así como las comparecencias y entrevistas con las y los candidatos.
Agregó que las tres candidatas fueron elegidas de una lista de 12 perfiles evaluados con indicadores mediante un procedimiento en el que participaron integrantes de las dos comisiones, “sumado a reuniones que sostuvieron con coordinadores parlamentarios”.
A diferencia de la comisión de Derechos Humanos, la de Justicia no incluyó a Piedra Ibarra entre la lista de las cinco personas que definió, pues ellos eligieron a: Nashieli Hernández Ramírez, Tania Hernández Ramírez, Paulina Hernández Diz, Karla Alejandra Obregón Avelar y Carlos Pérez Vázquez.
“Se buscaron perfiles con el mayor consenso posible. En lugar de proponer la reelección directamente, estamos proponiendo una terna para elegir a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hemos cumplido con el procedimiento, hicimos un trabajo pulcro y transparente, escuchamos a los senadores que representan a todas las fuerzas políticas”, aseveró Corral.
En tanto, durante la discusión, el panista Ricardo Anaya anunció que votarían contra el dictamen y expresó que le parecía un “exceso” y “desmesura” la posible reelección de Piedra Ibarra al ser la candidata “peor evaluada”.
Por su parte, la priista Claudia Edith Anaya Mota dijo que su grupo parlamentario no “acompañaría el dictamen” ante la opacidad y falta de transparencia en el proceso para elegir a las candidatas y coincidió con Anaya en cuanto a elección de la actual presidenta pese a sus resultados en la evaluación.
Integrantes del Centro Prodh, del Observatorio de Designaciones, Documenta y de la plataforma contra la Impunidad en Guanajuato, externaron su preocupación y rechazo por la terna que incluye a Piedra Ibarra ante su posible reelección a la titularidad del organismo de derechos humanos.
En conferencia de prensa, Itzel Checa, del Observatorio de Designaciones, expresó, a nombre de sus compañeras y compañeros, su cuestionamiento por la falta de transparencia en el proceso para elaborar la terna.
“Nos parece que fue una evaluación no transparente, es decir en el dictamen vienen enumerados los 22 indicadores que a decir tomaron en cuenta pero esos indicadores los supimos apenas ayer que circuló el dictamen, pero lo que no conocemos es justamente los puntajes que obtuvo cada una de las 47 personas que se presentaron a las comparecencias públicas”, dijo.
Añadió que la aprobación del dictamen en comisiones envía varios mensajes: uno de ellos es que no escucharon los planteamientos de organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de parlamento abierto, pues fue ahí donde externaron cuestionamientos respecto a la gestión de Piedra Ibarra.
Asimismo, reprochó que la actual titular de la CNDH forme parte de la terna si ha dicho que no le interesa trabajar con la sociedad civil y ha refrendado su postura de distanciamiento.
“Entonces nos parece sumamente grave que alguien que lo expresó así en su entrevista, que niega la situación de derechos humanos en el país, que niega la situación de militarización, que niega que haya ejecuciones extrajudiciales, que pueda estar considerada en esta terna de un órgano que es central para garantizar los derechos humanos de todas las personas”, mencionó.
Checa agregó que, como articulación de organizaciones, han insistido en las características y cualidades de quien presida la CNDH, pues debe tener un “perfil idóneo” en términos de conocimientos, experiencia, así como en autonomía e independencia y que no tenga vínculos con partidos políticos ni con el gobierno.
“Porque lo que hemos visto es que estos nexos generan una actuación parcial y generan más bien que sea un órgano defensor del gobierno y no defensor del pueblo que es lo que necesitamos”.
En tanto, Eduardo Guerrero Lomelí, colaborador del Centro Prodh, dijo que no existen elementos para justificar que Piedra Ibarra esté en la terna debido al balance sobre su gestión.
“Después de cinco años de gestión deja una institución debilitada, a la deriva y sobre todo la falta de imparcialidad por parte de la actual titular que es fundamental para que la CNDH funcione como debe hacerlo”, puntualizó.
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Guerrero Lomelí también señaló que los altos estándares internacionales que regulan el funcionamiento de los organismos de derechos humanos instan a que los titulares ejerzan su cargo solo por un mandato. “Es decir, el estándar más alto apela a que no haya una reelección, que no es deseable una reelección”, aseveró.