Un juez federal en Morelia, Michoacán, concedió una suspensión provisional a favor de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) por la que ordena a las autoridades frenar la reforma judicial para prevenir el “cese masivo” de personas juzgadoras del país. 

“La suspensión provisional otorgada beneficia a todos nuestros asociados, ordenando a las autoridades responsables que implementen las acciones necesarias para impedir los efectos y consecuencias del decreto de reforma judicial en la esfera jurídica de quienes forman parte de estas Asociación”, informó la Jufed mediante un comunicado. 

El juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelia, Michoacán, fue quien concedió esta suspensión luego de que el pasado martes 29 de octubre de 2024 la directiva nacional de la Jufed presentara un amparo en contra de la “discusión, votación y aprobación” de la reforma judicial. 

De acuerdo con la asociación, el amparo tiene como finalidad “salvaguardar la estabilidad laboral de las personas juzgadoras, previniendo cualquier cese masivo que pudiera afectar negativamente nuestras carreras”, en particular de los más de mil 550 jueces y magistrados federales que integran a la Jufed, así como a “la impartición de justicia en México”. 

Esta resolución, a su vez, se suma a las 516 suspensiones provisionales y definitivas que se han dictado en contra de la “discusión y aprobación del dictamen”, así como el decreto de reforma constitucional que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre de 2024, por la que se propone elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. 

Una de las últimas suspensiones fue la que otorgó la jueza Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, por la que ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar del DOF la publicación de la reforma judicial y que señaló que de no cumplirse con su orden se podría dar vista al Ministerio Público por desacato a una resolución judicial, delito que implica una pena de tres a nueve años de prisión, la destitución o inhabilitación del puesto. 

La suspensión tomó tal dimensión que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a acatar la resolución y acusó a la juzgadora de actuar por encima de su función, situación que provocó que incluso la mandataria federal consultara al Senado de la República sobre el proceder de esta orden. 

Días después, con 81 votos a favor y 36 en contra, el Senado de la República avaló que el Poder Ejecutivo desacatara la orden de eliminar el decreto que promulga la reforma judicial, misma que será analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la próxima semana.