Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó enviar al Ejecutivo Federal, a más tardar el próximo 5 de noviembre, una propuesta de presupuesto por 5 mil 922.9 millones de pesos para el año 2025. 

Esta cifra representa una disminución de 1.4% en términos reales (considerando la inflación estimada por el Banco de México para el cierre 2024), respecto al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados al Máximo Tribunal del país para este 2024.

De esta forma, en un ejercicio inédito de análisis y discusión que se extendió por tres sesiones, el Máximo Tribunal del país aprobó el proyecto presentado por la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. 

Sin embargo, la aprobación del presupuesto de la Corte se perfila a pasar por un ambiente tenso, pues su presentación ocurre en medio de diversos enfrentamientos que han surgido entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Poder Judicial en torno a la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la que se estableció que jueces, magistrados y ministros serán electos en 2025 mediante voto popular. 

“(Es decir), considerando que estará sujeta, en su caso, a la legislación reglamentaria y secundaria, lo que eventualmente podrá implicar ajustes en el transcurso del próximo ejercicio fiscal”, señaló la Corte mediante un comunicado. 

Ministros bajan sus remuneraciones

De acuerdo con la Suprema Corte, la propuesta de presupuesto para este 2025 se dio a partir de un “riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación”, en el que se identificaron los recursos indispensables para atender los requerimientos humanos, materiales y financieros que le permitan cumplir con sus responsabilidades. 

De esta forma asegura que para el rubro de servicios personales se destinarán 8 de cada 10 pesos solicitados, pues del total de tres mil 805 plazas vigentes que hay en el Máximo Tribunal, dos terceras partes corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.

“Con los 4,813.2 millones de pesos solicitados para servicios personales –que equivalen a una disminución de 4.1%, en términos reales, respecto de lo autorizado para el presente año-, se cubrirán las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas de este Alto Tribunal –tal como lo dispone el artículo Décimo transitorio del Decreto de reforma al Poder Judicial”, señaló. 

En ese sentido, informó que se alinearán a lo establecido en la reforma judicial al ajustar a la baja las remuneraciones de ministras y ministros, así como de los servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio de la reforma judicial. 

“Es importante señalar que, para 2024, la Cámara de Diputados hizo el recorte más grande de, por lo menos, los últimos diez años a los recursos solicitados por la Suprema Corte, equivalente a 321.9 millones de pesos (5.3% de lo solicitado). A pesar de ello, con una política de racionalidad, austeridad y contención del gasto, este Alto Tribunal ha podido ampliar los servicios que ofrece y atender su creciente demanda, mejorando la eficiencia del gasto”,señaló. 

Batres acusa que en aprobación del presupuesto 2025 para la Corte no se aceptaron modificaciones 

Pese a lo anterior, la ministra Lenia Batres Guadarrama, acusó que en la aprobación del presupuesto la Suprema Corte no realizó “una sola modificación” y que incluso el presupuesto asignado está “2.3% por encima del autorizado el año pasado”. 

“No hay medidas de austeridad. Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, como la de obras”, señaló en una publicación realizada en su cuenta de X, antes Twitter. 

No obstante, la Corte aseguró que el monto aprobado es de igual forma 23.7% menor, en términos reales, al que le fue autorizado a la Suprema Corte hace siete años (para el ejercicio fiscal 2018). 

La ministra también acusó que en el tema de las remuneraciones de las y los ministros “no se transparenta la totalidad de conceptos que la integran. Se suprime únicamente el pago de riesgos y se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la Ley”. 

Y aseguró que no se menciona nada de los seis fideicomisos que tiene la SCJN (de 14 que tiene en total el Poder Judicial), mismos que la reforma judicial ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación.