Suprema Corte analizará este jueves las consultas sobre la reforma judicial; trabajadores protestan fuera del recinto
Este jueves, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) protestan afuera del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde hoy se resolverán diversas consultas a trámite impulsadas por personas juzgadoras y magistradas federales del país para definir si puede o no analizar la constitucionalidad de la reforma judicial.
Se trata de una de las sesiones más importantes del Máximo Tribunal del país en los últimos años, pues de la decisión que tomen se definirá el camino que habrá de tomar el Poder Judicial de la Federación en los próximos años.
El primer proyecto que el Pleno analizará será el elaborado por la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone admitir la consulta planteada por un grupo de impartidores de justicia federal, al considerar que la Corte puede “velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial”.
La Corte necesita una mayoría de seis votos para poder avalar dicho proyecto, con lo que el asunto sería turnado a otro ministro que elaborara un nuevo proyecto.
Por este motivo, las y los trabajadores del Poder Judicial se manifiestan en particular a favor del proyecto del ministro Alcántara Carrancá con consignas como “¡Exámenes sí, tómbola no!”.
Sin embargo, el Pleno de la Corte también analizará tres proyectos elaborados por las ponencias de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y tres proyectos elaborados por la ministra Lenia Batres Guadarrama quienes proponen desechar los recursos al señalar que la Corte no tiene facultades para “actuar en contra del texto constitucional o de su procedimiento de reforma”.
Ministro Alcántara Carrancá propone admitir consulta
El 18 de septiembre de 2024, la ministra Norma Piña abrió una consulta en el Pleno del Máximo Tribunal del país para revisar la procedencia de la reforma judicial. El recurso fue presentado por un grupo de personas juzgadoras federales que solicitaron a la SCJN que ejerza de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de la controversia entre los tres Poderes de la Unión con este tema.
En esta fracción se señala que el Pleno de la Corte tiene atribuciones para “conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias y entidades públicas con la SCJN o el Consejo de la Judicatura Federal”.
Por esto motivo, el asunto fue clasificado con el carácter de “urgente” por la presidenta de la Corte, quien lo turnó al ministro Alcántara Carrancá para que elaborara un proyecto con una propuesta de resolución que pudiera ser presentada ante el Pleno.
Al estudiar el asunto, el ministro consideró que la fracción XXII de la Ley Orgánica “no es la vía idónea para tramitar la solicitud formulada” por los juzgadores federales; sin embargo, señaló que sí lo es la atribución contenida en la fracción XVII del mismo artículo.
En esta fracción se señala que es facultad del Pleno “conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución”.
“Por tanto, atendiendo a la obligación de este Tribunal Pleno de velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación y de sus integrantes, procede que la ministra presidenta dicte un acuerdo en el cual reencauce la petición de los promoventes a la controversia prevista en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que la misma sea turnada al ministro o ministra que en derecho corresponda, a efecto de que se elabore el proyecto en el cual se examinen los méritos de la petición formulada”, señaló el ministro.
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Ministra Yasmín Esquivel propone batear consultas
En contraste, si bien la ministra Esquivel Mossa señaló que es procedente llevar a cabo las consultas, concluyó que la presidenta de la Suprema Corte debe desechar, por notoriamente improcedente, la solicitud a la que se refieren los recursos que fueron turnados a su ponencia.
El 20 de septiembre de 2024, la ministra Norma Piña abrió tres nuevas consultas en la Corte para que el Máximo Tribunal del país revisara la procedencia de diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma judicial.
Los tres recursos fueron presentados por diversos funcionarios adscritos al Poder Judicial de la Federación (PJF) y personas juezas y magistradas del país que solicitaron a la Corte revisar la constitucionalidad del decreto de reforma publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre.
En los tres casos, los promoventes solicitaron realizar una consulta al pleno del Alto Tribunal con la finalidad de que se analice la constitucionalidad de la reforma judicial, conforme a lo previsto en el párrafo segundo de la fracción II del art. 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Recursos que fueron turnados a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa para que elaborara los proyectos respectivos para poner a consideración del Pleno de la Corte sobre la procedencia de estos recursos.
Al analizar el asunto, la ministra consideró que la improcedencia de estos recursos es debido a la “naturaleza de su pretensión, pues a través de ésta, lo que intentan es el análisis del nuevo texto constitucional por controvertir, a su consideración, principios de la misma Constitución”.
“Es decir, lo que se pretende es confrontar el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por incompatibilidad de la nueva redacción de sus numerales entre sí, derivado del proceso de reforma constitucional. Ejercicio que está vedado para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo ha reconocido a través de su línea jurisprudencial”, señaló.
Batres propone rechazar consultas en la Corte
Por su parte, en sus tres proyectos de sentencia, la ministra Lenia Batres propone rechazar dichas consultas, pues asegura “son improcedentes”.
Referente a la consulta 2/2024, la ministra Batres asegura que “es improcedente la aplicación de medidas cautelares”, es decir, declarar una suspensión al procedimiento de elección de jueces, ministros y magistrados, como lo solicitó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Según el análisis de la ministra Batres, no es competencia de la Corte otorgar suspensiones a procesos que no son ni un amparo ni una controversia constitucional, por lo que queda fuera de las funciones de la Corte aplicar esa medida a la reforma judicial, en el caso que solicitó la Jufed.
Sobre la consulta 1/2024 y la 3/2024, la ministra Lenia Batres aseguró que la “duda” de la presidencia de la Corte es la misma en esos asuntos a la de la consulta 2/2024, por lo que las declaró “sin materia” y desechó su resolución.
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Consultas dentro de la Corte ¿qué son y para qué sirven?
De acuerdo con la Suprema Corte, en caso de que no exista un procedimiento claramente definido para atender algún asunto que ingrese a la Corte, la persona presidenta del Máximo Tribunal del país designa a una ministra o ministro para que lo analice y proponga al Pleno de la propia Corte el trámite o procedimiento que deba seguirse, a fin de que éste determine lo conducente.
De esta forma, la consulta sólo tiene como finalidad establecer, preliminarmente, el trámite o procedimiento que debe seguir, pero no emitir la resolución final de éste, aunque no existe plazo alguno previsto para que estos se lleven a cabo.
La ministra o ministro ponente es el encargado de formular la propuesta de atención, la cual somete al Tribunal Pleno, misma que debe ser adoptada por mayoría de votos (mayoría simple).
Una vez definido el trámite por mayoría de pleno el expediente se turna a otro ministro para que éste elabore el proyecto de fondo del asunto y determinen la ruta a seguir.
