Por segunda vez, el INE descarta bajar spots de Movimiento Ciudadano contra los Yunes en Veracruz
El Instituto Nacional Electoral (INE) descartó por segunda vez bajar los spots políticos publicados por Movimiento Ciudadano de cara al proceso electoral 2025 en Veracruz, en los que evidencian los cambios de partido de la familia Yunes.
En un comunicado, informaron que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió una medida cautelar solicitada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la presunta difusión de propaganda calumniosa.
Esto debido al video llamado 14 de febrero. La única opción libre de Yunes, en las que Movimiento Ciudadano critica con tono de burla que los integrantes de la familia han sido parte de todos los partidos y usa frases como “ni tu ex te traicionó tanto como los Yunes”.
De acuerdo con la queja interpuesta por el PRI, “el contenido hace referencia a expresiones calumniosas, vulnerando con ello los principios de equidad, legalidad y veracidad en la difusión de mensajes políticos, a través de afirmaciones falsas”, por lo que solicitó su retiro.
Sin embargo, por unanimidad de votos, la Comisión determinó que es improcedente el retiro del video porque, preliminarmente, “no se advierte la imputación directa y unívoca de un hecho o delito falso, sino que se trata de una frase amparada en la libertad de expresión y forma parte del debate público en la etapa de precampaña”.
Se trata de la segunda vez que el INE desecha eliminar los spots de Movimiento Ciudadano contra los Yunes, pues apenas el 7 de febrero la misma comisión atendió una queja interpuesta por Morena por los videos La única opción libre de Yunes y La única opción libre de Yunes 2. De acuerdo con el Instituto, “no se advierten expresiones que pudieran constituir la imputación de un hecho o delito falso en contra de Morena y que son frases amparadas por la libertad de expresión que gozan los partidos”.
Polémicas de los Yunes: expulsados del PAN y con investigaciones en proceso
El 13 de febrero, el pleno del Senado nombró a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador sin grupo parlamentario, como nuevo presidente de la Comisión de Hacienda en esa cámara del Congreso tras la salida de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, quien fue removido tras el reciente intento de retomar la reforma en materia de créditos de nómina, también conocida como la reforma que permite la cobranza delegada.
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Ese mismo día, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, padre de Yunes Márquez, se reunió con el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández. Al ser cuestionado por periodistas sobre el motivo de la reunión, afirmó que solo fue un saludo y se encontraba en las instalaciones del Senado realmente para visitar a su hijo.
Sin embargo, las polémicas de los Yunes van más allá.
En septiembre de 2024, legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo y sin la presencia de la oposición declararon la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial gracias al voto decisivo del entonces panista Miguel Ángel Yunes Márquez con quien se logró la mayoría calificada.
Tras traicionar los acuerdos de la oposición, en noviembre de 2024 la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional (PAN) decidió expulsar a Yunes Márquez y a su padre, Yunes Linares, quien lo sustituyó por unas horas el día de la votación.
“Esta medida se ha adoptado tras un análisis cuidadoso de las circunstancias y en cumplimiento con los principios y normas que rigen nuestra institución”, detalló el partido.
Ambos políticos aseguraron que impugnarían la decisión por considerarla injusta; sin embargo, desde entonces han sido muy cercanos a Morena.
También existen varios señalamientos contra los Yunes, quienes han sido acusados e investigados por delitos como enriquecimiento ilícito y hasta de tener vínculos con el narcotráfico.
El 11 julio de 2024, la Fiscalía del Estado de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión contra el senador, a quien se le acusó de presentar documentación falsa, así como de mentir a la autoridad y por fraude procesal en 2021. Estos delitos presuntamente ocurrieron cuando Yunes Márquez intentó competir por una candidatura para alcalde de Veracruz, razón por la cual el TEPJF revocó su candidatura.
Yunes Linares ha sido acusado de distintos delitos en su paso por la administración pública federal, entre ellos por enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico y de proteger una red de pederastas. El senador suplente de 71 años ha militado en el PRI y el PAN y ha ocupado diversos cargos públicos a nivel estatal y federal.
Uno de sus acusadores fue el entonces dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien entregó al presidente Enrique Peña Nieto lo que bautizó como la “carpeta azul”, un compendio de documentos con supuestas evidencias del enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos del ISSSTE cuando estuvo a cargo Yunes Linares.
En 2015, la entonces Procuraduría General de la República integró una averiguación previa para investigar a Yunes Linares y a su familia por enriquecimiento ilícito y peculado y el denunciante solicitó que se indague a su esposa Leticia Isabel Márquez Mora como presunta responsable de actos ilícitos, según La Jornada.
De acuerdo con la revista Proceso, Yunes Linares habría dado protección al narcotraficante Jesús Albino Quintero Meraz entre los años 1995 y 1996 a cambio de 15 millones de dólares.
Fernando Yunes Márquez, hermano del senador Yunes Márquez, fue alcalde de Veracruz y al concluir su encargo el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) encontró posibles daños al erario por un monto superior a los 92.9 millones de pesos, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGE).
Al darse a conocer esta orden el 25 de julio de 2024, el hermano del senador electo aseguró que esto se trató de una persecución política en su contra desde el gobierno estatal.
A esto se suma que Patricia Lobeira, alcaldesa de Veracruz y esposa de Yunes Márquez, fue denunciada en agosto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por delitos de peculado, desvío de recursos, encubrimiento e incumplimiento de funciones relacionadas con el servicio público.
