El Sistema Nacional Anticorrupción agoniza entre conflictos, opacidad y problemas para consolidarse
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no se ha terminado de consolidar a casi diez años de su existencia y, en sentido contrario, sus integrantes de más alto nivel enfrentan acusaciones por presunto mal uso de recursos públicos y por no transparentar sus salarios.
El SNA fue creado en 2015 como una solución al problema de corrupción en México, luego de que se dio a conocer la investigación sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, un inmueble obtenido a través de un contratista.
Sin embargo, una década después, algunos integrantes del SNA han sido acusados de hechos de corrupción que las autoridades todavía deben investigar. Los más recientes casos son los de Vania Pérez Morales, presidenta del Comité Coordinador del Sistema, y de Roberto Moreno Herrera, quien recientemente renunció a la Secretaría Ejecutiva del Sistema.
Pese a que ambos han rechazado las acusaciones en su contra, las denuncias exhibieron los conflictos que existen en los altos niveles del SNA.
Aunado a los señalamientos, el Sistema sigue batallando con los problemas para terminarse de conformar, pues hay varios puestos sin ocupar, sobre todo en los estados de la República. Los sistemas estatales anticorrupción, que forman parte del SNA, tienen 277 vacantes, equivalentes al 36% de los cargos de los que disponen.
El SNA y sus problemas para consolidarse
Las acusaciones de corrupción pusieron el foco en este órgano que no se ha terminado de consolidar desde sus inicios en 2015.
Informes oficiales muestran que, hasta diciembre de 2024, en general los sistemas estatales anticorrupción tienen vacantes una tercera parte de sus cargos, aunque hay algunos estados de la República que tienen más ausencias.
A nivel nacional y a nivel estatal, los sistemas anticorrupción deben de contar con un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema de Fiscalización, una Secretaría Ejecutiva y una Comisión de Selección.
El estado de Veracruz es el que registra una mayor cantidad de designaciones pendientes, con 24. Le siguen Guerrero con 21, Sonora con 16, Campeche con 13, Nuevo León y San Luis Potosí con 11, Tamaulipas con 10, Chihuahua y Ciudad de México con nueve, y Baja California de ocho.
Magda Rodríguez, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, explica que en los últimos años se han enviado oficios a los congresos estatales para pedir que se completen las designaciones faltantes en los sistemas locales, aunque estos llamados no siempre han sido atendidos.
También advierte que al faltar nombramientos “no se logran consolidar las acciones” contra la corrupción.
“Existe la Política Nacional Anticorrupción, la ruta con la que hay que llevar acciones contra varias problemáticas que dan origen a la corrupción, pero si faltan nombramientos queda incompleta la implementación a nivel nacional y en los propios sistemas estatales”, dice Magda Rodríguez.
A nivel nacional, el SNA también enfrenta problemas para consolidarse, pues solo cuenta con tres de cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, un organismo que debe ser el vínculo del Sistema con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con temas de corrupción.
Tampoco cuenta con un secretario ejecutivo, tras la renuncia de Roberto Moreno investigado por presunto mal uso de los recursos públicos.
De igual forma el SNA no cuenta con una Comisión de Selección, el equipo encargado de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Presuntos hechos de corrupción apuntan a integrantes del SNA
Acusaciones de presuntos hechos de corrupción han sacudido al Sistema en las últimas semanas. Todo inició a principios de febrero, cuando el Comité de Participación Ciudadana recibió una denuncia anónima contra Vania Pérez, presidenta de ese organismo del SNA, por no haber hecho públicos sus ingresos.
La denuncia llegó unos días antes de que se convirtiera en presidenta del Comité y fue turnada al Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del SNA y se centra en sus declaraciones patrimoniales presentadas, pues en ellas no hizo públicos sus ingresos como integrante del SNA, como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey, y como colaboradora de fundaciones y organizaciones sociales.
La denuncia anónima también señala a Vania Pérez por no informar sobre sus bienes muebles, créditos bancarios y cuentas bancarias.
Animal Político consultó a Vania Pérez para conocer su opinión de este tema. “Que me investiguen, que hagan una investigación las autoridades si hay materia para hacerla, porque además yo creo que no hay materia para una investigación, pero si hay materia para hacerlo que la autoridad lo determine, yo estaré abierta totalmente a que investiguen de los bienes que tengo, de las deudas que tengo y sobre mis recursos”, dijo.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, quien la semana pasada fue acusada de presionar a Roberto Moreno para que renunciara a la Secretaría Ejecutiva del SNA, descartó dar más comentarios sobre el tema.
Más allá de las presiones, la semana pasada el exsecretario ejecutivo fue acusado de utilizar recursos públicos para hacer viajes al extranjero, hacer contrataciones indebidas y demorar la creación de una plataforma digital para la cual ya se había invertido recursos.
Sin embargo, él dijo en entrevistas que los señalamientos de corrupción surgieron por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero que ya habían sido atendidos.
De cualquier forma, el pasado miércoles 25 de febrero Roberto Moreno presentó su renuncia antes de que el órgano de gobierno del SNA celebrara una reunión en la que iba a votar oficialmente por su destitución.
“Esta salida abre la oportunidad a un nuevo liderazgo y a una nueva visión al interior de la Secretaría Ejecutiva”, expresó Moreno en su carta de despedida.
