Un día después de que México perdió la disputa comercial con Estados Unidos para prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Congreso legislará en febrero para prohibir la siembra de este producto.
Durante la inauguración del Hospital General Regional No. 2 de Ciudad Juárez, la mandataria respondió a la decisión tomada por el panel de solución de controversias convocado bajo el T-MEC y dijo que las y los legisladores trabajarán para revertir esta situación.
“Vamos a darle la vuelta a esta resolución porque muy pronto en febrero van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México”, dijo.
El panel de solución de controversias establecido bajo el T-MEC determinó el viernes que las restricciones de México al maíz modificado genéticamente de Estados Unidos van en contra del acuerdo comercial trilateral.
A través de un comunicado, Katherine Tai, representante comercial de EU detalló que el panel estuvo de acuerdo con Estados Unidos en las siete reclamaciones legales que presentó y concluyó que las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado acordado en el T-MEC.
“El fallo del panel reafirma las antiguas preocupaciones de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México y su impacto perjudicial en las exportaciones agrícolas estadounidenses”, dijo Tai.
La instancia de resolución de disputas se estableció el año pasado después de que el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prohibió producir o importar maíz genéticamente modificado a partir de 2024.
Ante las protestas de su vecino del Norte, México optó por permitirlo para la alimentación de animales y procesamiento en diversas industrias, hasta que se encuentre un sustituto al grano, aunque insistió en prohibirlo para consumo humano.
El país es autosuficiente en maíz blanco no transgénico, la materia prima de las tortillas, que constituyen la base de la dieta de sus 126 millones de habitantes.
En una declaración conjunta, los ministerios de Economía y Agricultura de México expresaron su desacuerdo con la decisión del panel, pero dijeron que respetarían el fallo.
El Gobierno mexicano “no comparte la determinación, pues considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es Parte”, dice el comunicado.
Según las reglas del T-MEC, México tiene 45 días para cumplir con las conclusiones del panel.
Con información de AFP.