Este 1 de octubre Claudia Sheinbaum rendirá protesta como la primera mujer presidenta de México, pero su gobierno enfrentará los efectos de las inéditas reformas constituciones fraguadas en las últimas tres semanas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que incluye la elección de más de mil jueces en 2025, mantener al Ejército realizando tareas de seguridad pública y ahora con la facultad legal para investigar delitos y detener personas.

Mientras que la situación económica será más desventajosa en comparación con las condiciones que recibió AMLO de Enrique Peña Nieto, pues la deuda pública es del doble, con 4.3% del Producto Interno Público (PIB); menor producción de crudo en Pemex en comparación con 2018 y 84% menos recursos en el fondo de estabilización financiera; además del menor crecimiento económico de las últimas cuatro administraciones. 

En lo social, López Obrador dejará el gobierno con menos pobres, pues consiguió un aumento histórico en el salario mínimo y la regulación del outsourcing, medidas con las que mejoró la situación de millones de familias, y que consiguió sacar a 9.1 millones de personas de  la pobreza. 

En lo político, Sheinbaum será la sucesora de un presidente que termina su periodo con una aprobación de más del 70%, y un partido que gobierna 24 entidades y tiene mayoría en las dos Cámaras del Congreso, y que ahora tiene en su dirigencia a Andrés López Beltrán -hijo del actual presidente- como secretario de Organización, posición que le permitirá cabildear las posiciones para candidatos en la elección intermedia de 2027.

El 24 de septiembre, ocho días después de la promulgación de la reforma judicial por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y aún sin leyes secundarias, es decir, sin los lineamientos precisos para aplicarse, el INE arrancó el proceso mediante el cual se elegirían a jueces y magistrados por elección popular el 1 de junio de 2025. 

El gobierno de Claudia Sheinbaum será el que enfrente los resultados de la reforma constitucional en la cual los ciudadanos deberán conocer a 10 mil 815 candidatos para elegir a mil 481 jueces, magistrados y ministros mientras que en 2027 escogerán a 5,229 personas juzgadoras de entre 31 mil 345 candidaturas, de acuerdo con cálculos del ex consejero electoral, Mauricio Merino. 

Además, por primera vez en cien años, los mexicanos acudirán a votar de forma totalmente distinta pues no votarán por un logotipo de un partido tachando un solo recuadro, sino que el elector tendrá que escribir un nombre. 

Aunque el gobierno del presidente López Obrador asegura que esta reforma es una demanda del pueblo y que acabará con la corrupción e impunidad en el sistema judicial, pero organizaciones de la sociedad civil han insistido en que “el principal problema de la justicia penal en México no radica tanto en los poderes judiciales, como en las fiscalías”, pero estas no fueron incluidas en la modificación constitucional. 

“La reforma no resolverá el grave problema de impunidad que alcanza el 96.3% de los casos, sin contar la llamada cifra negra que son los delitos que ni siquiera se denuncian o en los que no se abre una carpeta de investigación, y que nos dice que solo 7 de cada 100 delitos sí llegan al sistema de justicia”, afirma Jorge Carvajal, investigador del programa de Justicia de México Evalúa.

A esto se suma la reforma a la Guardia Nacional, originalmente civil y policial, esté bajo el mando total de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, sus elementos tendrán facultad legal para investigar delitos, detener personas y garantiza el fuero militar para los elementos del organismo. 

Además, por primera vez, los legisladores modificaron el artículo 129 de la Constitución para ampliar la intervención militar en la vida pública modificando. Dicho artículo señalaba que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, pero la reforma propuesta por López Obrador eliminó las restricciones impuestas constitucionalmente a los militares.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) alertó que esto es un “paso irreversible hacia la militarización del país”, porque “el aumento del poder militar que generará esta reforma es innegable. Va más allá de la Guardia Nacional sin que se estén diseñando controles civiles externos y extraordinarios como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La economía que deja AMLO a Sheinbaum

Aunque el presidente López Obrador prometió que “no endeudaría al país” e insista que logró construir obras faraónicas como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, y el Aeropuerto Felipe Ángeles sin aumentar la deuda, los datos confirman que el nivel de endeudamiento aumentó. 

De acuerdo con un reporte de México Evalúa, al cierre de 2023, los “Requerimientos Financieros del Sector Público” (deuda) fueron de 1.36 billones de pesos o 4.3% del PIB, “prácticamente el doble del endeudamiento observado al final del sexenio anterior, cuando fue de 2.2%. Además, el pago de intereses y servicio de la deuda ha llegado a un máximo no visto desde la década de los 90, con 1.04 billones de pesos o 3.3% del PIB”.

El análisis también expone que este sexenio cerrará con el menor crecimiento de ingresos públicos de las últimas cuatro administraciones, ya que éstos han aumentado sólo 6.7% en los últimos cinco años. Aunque en 2023 la recaudación tributaria se expandió, “no fue suficiente para contrarrestar la caída de los ingresos petroleros, los cuales fueron de 1.07 billones de pesos, 31% menores a los de 2022 y el segundo peor monto en los últimos 15 años”.

Además, el gobierno de López Obrador dejará menos recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), que lo que él recibió de su predecesor, Enrique Peña Nieto. 

Dicho Fondo fue creado para evitar afectaciones en la cobertura del presupuesto para mantener servicios y programas públicos ante cualquier eventualidad en las finanzas, como menos ingresos, o reducción de producción petrolera, pero mientras en 2018 el gobierno contó con 316 mil millones de pesos, en 2024 sólo hay 49 mil millones de pesos, una disminución de 84%. 

El FEIP sirve para hacer frente a eventualidades como lo fue la pandemia de Covid-19, y evitar recortes significativos al gasto público que afecten los servicios públicos a los ciudadanos y, en teoría, evitaría el endeudamiento. 

Mientras que Petróleos Mexicanos bajó dos escalones en la calificación (Pemex), al pasar de B1 a B3 con perspectiva negativa, derivado al deterioro de su calidad crediticia.

“La baja a B3 incorpora el deterioro de la calidad crediticia intrínseca de PEMEX, así como la revisión del supuesto de Moody’s con respecto al apoyo que recibe la compañía del gobierno, el cual pasó a alto desde muy alto”, explicó la agencia crediticia. 

Dicha calificación se debe a las mayores necesidades de liquidez que enfrenta la petrolera, a un mayor costo del capital y a los vencimientos de deuda en el corto plazo. Además, no ha alcanzado el cumplimiento de sus metas operativas, tanto de producción de crudo como de elaboración de productos refinados y petroquímicos durante la actual administración.

Por ejemplo, en 2023 se estimó una plataforma petrolera de 1,872 miles de barriles diarios, pero se promediaron sólo 1,652. Esto, a pesar de que los apoyos fiscales a la petrolera se triplicaron frente a lo observado en el sexenio de Peña Nieto. Con Peña Nieto las transferencias a Pemex ascendieron a 452 mil millones de pesos, pero en el actual gobierno fue de 944 mil mdp, además de 548 mil millones de pesos de reducción de impuestos.

Sigue la cobertura tras las elecciones 2024 aquí