Dos años después de dejar el poder, en su primer libro como expresidente, Felipe Calderón agradeció y reconoció a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a todo su gabinete de seguridad, por los grandes sacrificios y riesgos de carácter personal que corrieron durante el sexenio.

“Quiero reconocer el enorme patriotismo, lealtad y valor de quienes estuvieron al frente de las dependencias vinculadas al Estado de Derecho, la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia”, escribió Felipe Calderón en su libro Los retos que enfrentamos (DEBATE, 2014), y enlistó a continuación a 13 funcionarios.

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De esos 13 funcionarios, sólo los primeros tres acompañaron a Calderón durante todo el sexenio y, de ellos, el único civil fue Genaro García Luna.

En ese primer libro como expresidente, Felipe Calderón hace una extensa defensa de su estrategia, en la que queda claro el importante papel que jugaba Genaro García Luna, a quien atribuye “logros” como la creación de Plataforma México -un sofisticado sistema único de información criminal-, la creación de un nuevo modelo policial con la depuración y fortalecimiento de la Policía Federal Preventiva, la planeación y ejecución de los operativos conjuntos iniciados en Michoacán en diciembre de 2006 y que se multiplicaron por todo el país, la colaboración y corresponsabilidad entre órdenes de gobierno a través de la firma y ejecución del “Acuerdo Nacional por la Seguridad” en 2008, la creación de 38 centros estatales de evaluación y control, de confianza, la creación de unidades especializadas en el combate al secuestro, y el cabildeo de media docena de reformas legales y nuevos ordenamientos jurídicos.

•   La Policía Federal Preventiva pasó de 6 mil a 36 mil elementos entre 2006 y 2012.
•   La Secretaría de Seguridad Pública pasó de un presupuesto anual de 13 mil 664 millones de pesos en 2007, a 40 mil 536 millones de pesos en 2012.
•   Su secretaría ejerció, en total, 174 mil 783 millones de pesos durante el sexenio.
•   Calderón le confió la operación de la Plataforma México, con un costo de al menos 4 mil 300 millones de pesos durante el sexenio, donde se generaron y registraron millones de datos sobre la operación de la delincuencia, común y organizada.
•   Durante el sexenio de Calderón se puso a disposición de los gobiernos estatales más de 67 mil millones de pesos para capacitación, evaluación y depuración de policías locales, que se ejercieron bajo la coordinación de la secretaría encabezada por García Luna.

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“Una gravísima falta a la confianza”

Seis años después, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Felipe Calderón publicó un segundo libro, titulado Decisiones difíciles (DEBATE 2020), en el que hizo una nueva defensa de su estrategia de seguridad.

En él, vuelve a explicar los ejes de lo que -insiste- no puede ser llamada una “guerra contra el narcotráfico”, y aprovecha para hacer una referencia directa a la detención de García Luna, de la que se enteró cuando ya había entregado el libro a la editorial.

“Espero que, como en el caso de cualquier persona, se realice un juicio justo y apegado a derecho, en el que se respete la presunción de inocencia del acusado. Si llegara a demostrarse su culpabilidad, y se probaran los hechos de los que se le acusa, ésta sería una gravísima falta a la confianza depositada en él por la sociedad y en especial por sus propios compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras dependencias, que arriesgaron e incluso perdieron la vida en a lucha por la seguridad de los mexicanos”, escribió el expresidente.

Desde entonces, Calderón esgrimió argumentos que ayer reiteró en su cuenta de X, al enterarse de la sentencia a su principal colaborador en materia de seguridad.

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Según el expresidente, el caso García Luna demuestra que uno de los principales desafíos del país es impedir que el poder corruptor del crimen organizado capture al Estado.

“La política de seguridad de mi administración no era, ni remotamente, producto de las decisiones de un solo funcionario. En ella colaboraban muchos servidores públicos -civiles y militares- y, desde luego, también había una cooperación estrecha con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y de justicia. La información en la que se sustentaba la estrategia de seguridad provenía de múltiples fuentes”, añade Calderón.

Sin embargo, en otras referencias de este segundo libro, Calderón habla de García Luna como un hombre clave en el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y en la ejecución de operaciones delicadas de su administración, como la del 16 de marzo de 2008, cuando decidió la ocupación inmediata de las instalaciones y bienes de la Compañía de Luz y Fuerza por parte de la PFP.

En este caso, García Luna no sólo coordinó con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, la toma de las sedes de Luz y Fuerza y resguardo de instalaciones estratégicas, sino la prevención de conflictos por la respuesta de los trabajadores.

“Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública y con experiencia en el Cisen, se encargaría de la contención de masas”, relata el expresidente.

Calderón también explica por qué escogió a García Luna como su secretario de Seguridad, cuando en 2006, en plena transición, tenía otras opciones, como la del ex priista Miguel Ángel Yunes, quien ya ocupaba un cargo de seguridad en el gobierno de Vicente Fox.

Al relatar cómo conoció y reclutó a García Luna, el expresidente deja ver nuevamente cómo el extitular de la Agencia Federal de Investigación de la PGR se volvió el funcionario clave del principal tema de su gobierno.

“En cuanto a seguridad pública, me convencía el conocimiento de la materia que tenía Genaro García Luna. A su favor valore, también, su formación durante muchos años en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), la institución más estricta en el control de confianza del personal que en ella labora, e incluso su propia formación en ingeniería industrial consideré que podía ser de utilidad en el diseño, ejecución y control de procesos, como se requería para la formación de una nueva institución, como era la policía Federal, quizá uno de los legados institucionales más importantes que fueron creados durante mi gobierno y que fuese abandonada en el sexenio siguiente y destruida ahora, y también el sistema único de información criminal”, explica Calderón.

Un hombre de confianza

Hoy, Calderón se dice sorprendido porque nunca tuvo acceso a evidencia verificable que involucrara a García Luna con actividades ilícitas, ni datos de agencias nacionales o extranjeras que apuntaran a sus nexos con grupos criminales.

Pero durante todo su sexenio fue un hombre de todas sus confianzas, uno de los pocos que lo acompañó durante todo el sexenio.

Ni los panistas con los que el expresidente creó el llamado “calderonismo” -con el que obtuvo la candidatura presidencial del PAN en 2005- estuvieron tan cerca de él durante los seis años.

Juan Camilo Mouriño falleció en un accidente aéreo en noviembre de 2008; Germán Martínez renunció a la dirigencia nacional del PAN tras la derrota electoral de 2009; Maximiliano Cortázar se fue de la Coordinación de Comunicación Social de Los Pinos en 2010; César Nava se alejó del grupo en 2011, luego de que lo alcanzaran una serie de escándalos como dirigente interino de Acción Nacional; Patricia Flores Elizondo dejó la Oficina de la Presidencia antes de que acabara el sexenio, y Roberto Gil abandonó Los Pinos y se fue a la campaña de Josefina Vázquez Mota, luego de perder la contienda por la dirigencia nacional del PAN, en 2011. Por mencionar algunos casos documentados en el libro Crónica de un sexenio fallido, la tragedia del calderonismo (Grijalbo, 2012).

En un gabinete en el que hubo 24 cambios y sólo cuatro secretarías -de las civiles- mantuvieron a su titular todo el sexenio, García Luna fue uno de los que se mantuvieron firmes al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, junto con Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Reforma Agraria.

Y, a diferencia de lo ocurrido con otros de sus colaboradores, Calderón solapó a García Luna en todas sus polémicas.

Cuando estalló el caso Florence Cassez, y se hizo público que García Luna, como director de la AFI, había montado en 2005 la escenificación de la detención de una presunta banda de secuestradores, Felipe Calderón prefirió enfrentar una crisis diplomática con el gobierno francés, de Nicolás Sarkozy, que aceptar la responsabilidad del secretario de Seguridad.

Cuando García Luna decidió prestar a Televisa las instalaciones de Plataforma México para grabar la serie “El Equipo”, producida por Pedro Torres, usando personal, equipo e instalaciones de la PFP, la Presidencia de la República no sólo no lo impidió, sino que gastó 118 millones de pesos para financiarla, pues formaba parte de una campaña de comunicación ideada en Los Pinos por Alejandra Sota, una de las colaboradoras más cercanas a Calderón.

No hubo sanción o responsabilidad alguna, cuando alguien en la SSP decidió filtrar fotos del operativo de captura y ejecución del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, ocurrida en Cuernavaca en 2009, en las que se exhibía el cadáver desnudo y con billetes pegados con alfileres en su torso.

Tampoco cuando García Luna montó un operativo para atrapar a Josmar Flores, un pastor boliviano que supuestamente había secuestrado un avión con dos latas de jugo, y que fue presentado a los medios como un peligroso terrorista.

Y menos cuando la precandidata presidencial Josefina Vázquez Mota y otros panistas, como Roberto Gil y Germán Martínez, fueron exhibidos en conversaciones telefónicas que alguien grababa ilegalmente y filtraba a través de sitios de internet.

Residencia en Estados Unidos y riqueza inexplicable

La sentencia dictada en contra de García Luna, y las palabras del juez Brian Cogan, quien lo acusó de llevar una doble vida y lo equiparó con El Chapo Guzmán, contrasta con el trato que Estados Unidos le dio al excolaborador de Felipe Calderón durante su sexenio y en los primeros años después de éste.

García Luna recibió reconocimientos de la DEA, la Interpol y los gobiernos de España y Colombia, por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico.

Después de 2012, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, García Luna se fue a vivir a Estados Unidos y, a pesar de que ya había señalamientos en su contra, adquirió diversas propiedades en ese país, principalmente en Florida.

En 2019,la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dio a conocer una lista de 19 propiedades adquiridas por García Luna y personas ligadas a él, con un valor de más de 18 millones de dólares.

Luego de su detención, en diciembre de 2019, Estados Unidos, el gobierno de México inició demandas para recuperar hasta 600 millones de dólares en activos generados por presuntos actos de corrupción cometidos por García Luna en los diez años en los que fue director de la AFI, con Vicente Fox, y secretario de Seguridad, con Calderón. Hasta el momento, sólo se ha informado de la recuperación de 2.5 millones de dólares.