La reforma que se proyecta votar este jueves en el pleno del Senado en torno al Poder Judicial también amplía las capacidades de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

La versión de la reforma a la Ley General de Procedimientos Electorales que modificaron senadores morenistas previo a su voto en el pleno permite que la titular del INE designe directamente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas dentro del Instituto.

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Dentro de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue agregado un párrafo en el que amplía las atribuciones de Guadalupe Taddei en cuanto a acuerdos y actividades administrativas asentado en el artículo 47:

“Aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del Instituto y de coordinación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto”.

La modificación fue propuesta por el senador morenista Miguel Pavel Jarero Velázquez y aprobada por la mayoría de integrantes de las comisiones pertenecientes a Morena, PVEM y PT.

En enero pasado, la Sala Superior del TEPJF aprobó que la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei pudiera mantener las áreas operativas del instituto con personas encargadas de despacho para llevar a cabo el proceso electoral que recién terminó.

“Son áreas técnicas fundamentalmente y de confianza de quien preside en este caso el Instituto. Evidentemente pues tendrá que dar algún tipo de cabildeo al interior del instituto (…) tienen que ver con dar certeza al proceso, que nos parece que es lo más importante”, justificó.

—¿Dialogaron con la consejera presidenta o con algún representante del INE?— se le preguntó.

—No, lo que nosotros resolvimos fue al interior del grupo parlamentario, nosotros, nosotros— dijo enfático.

—Uno de los señalamientos es que estos cambios se alejan del sentido original de la reforma al Poder Judicial y más bien está beneficiando directamente a la consejera presidenta…

—No, no, al contrario, el INE no se toca y nosotros somos respetuosos.

“Nos estamos separando del espíritu de la reforma” (esta es una propuesta de cabeza de descanso)

“Ése es el ruido que tiene también esto. Nos estamos separando del espíritu original de la reforma”, advirtió en entrevista el senador panista Gustavo Sánchez Vázquez, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos que  votó en contra de la modificación el martes pasado.

Sánchez Vázquez explicó que desde el momento en que el INE va a organizar esta elección de jueces y las leyes que se modificaron corresponden a las leyes electorales, el tema de la reforma judicial entró al terreno electoral.

“En ese término, la ley electoral siempre ha establecido que cualquier proceso electoral, de cualquier naturaleza que se vaya a realizar, deberá estar todo el andamiaje jurídico listo 90 días antes de que inicie cualquier proceso. En términos del calendario para elegir jueces en junio del próximo año, inicia el 16 de octubre próximo, dentro de una semana…”, dijo. 

El legislador se refiere al artículo 105 de la Constitución:

“Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

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Este miércoles, el PRI anunció que iniciará un proceso de impugnación cuando sean aprobadas esas modificaciones secundarias.

Entre otros cambios realizados por los legisladores a las iniciativas de reforma enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum está que si la Presidencia o la Corte no están de acuerdo con los perfiles que proponen los Comités de evaluación de candidaturas, los pueden vetar para que envíen nuevas propuestas o decidir que participen solo algunos aspirantes en el sorteo que reduce el número de candidaturas para votar.

También prohíbe que el Consejo General del INE suspenda o interrumpa las actividades electorales en causas excepcionales.