Pese a que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que había dado la instrucción de que al menos 13 trabajadoras de limpieza fueran restituidas en su puesto, un mes después de su despido las mujeres siguen sin ser reinstaladas.
Las trabajadoras fueron despedidas el 28 de febrero pasado, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, les había prometido en diciembre que, tras años de estar subcontratadas, pasarían a ser parte de las empleadas de confianza de la Cámara.
En el anuncio oficial participaron otros legisladores como el propio Fernández Noroña y hasta la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Sin embargo, dos meses después las mujeres fueron despedidas con el argumento de que se realizaba “una reestructuración administrativa”, según el comunicado de la directora general de Recursos Humanos, Elvia Lucía Aguillón Moreno.
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Cuando se hizo público el despido de las trabajadoras —en su última conferencia antes de viajar a Francia para la reunión de parlamentos europeos—, Fernández Noroña aseguró que ya había dado la indicación a Servicios Administrativos del Senado para que las trabajadoras fueran reinstaladas. En ese momento, el morenista dijo que una de las versiones de los despidos apuntaba a que las trabajadoras buscaban crear un sindicato.
La instrucción del presidente de la Mesa Directiva no fue acatada por Servicios Administrativos. El morenista aseguró que su escrito fue turnado a la Junta de Coordinación Política, que preside el coordinador de la bancada de Morena.
“No ha querido la Junta de Coordinación Política… yo creo que deben reinstalarse, y creo que es un acto injusto, creo que las trabajadoras, creo que debe haber un reglamento que diga muy claramente cuáles son las causas por las cuales te pueden rescindir. Creo que nuestro movimiento no debe despedir a ningún trabajador, trabajadora de manera injustificada”, dijo Fernández Noroña este martes.
Ante medios de comunicación, el legislador aseguró que continuará insistiendo en la reinstalación, ya que en los expedientes no detectó causas suficientes para los despidos; sin embargo, dejó en manos de la Jucopo la decisión.
“Yo ya dije mi posición, no estoy de acuerdo con un despido injustificado. Y no he asistido a la Junta de Coordinación Política, francamente tengo cosas más interesantes que hacer, porque no cumplen sus acuerdos. O sea, lo que ahí se procesa no se respeta. Entonces, yo voy a seguir insistiendo en que se reinstalen si es lo que procede. Hasta donde yo he visto de los expedientes, no hay causa suficiente para su rescisión.
—Usted tiene la facultad, ¿no?, para ordenar, para instruir que se reinstalen— se le cuestionó.
—Yo ya ordené que se reinstalen.
—No se acató…
—Bueno, yo ya ordené que se reinstalen…
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Las trabajadoras despedidas habían realizado por años su labor subcontratadas a través de la Fonatur S.A. de C.V., una compañía con recursos gubernamentales, con la que firmaban contratos mensuales o bimestrales, lo que les impidió generar antigüedad y tener certeza laboral.
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