Senado aprueba la Ley General de Economía Circular; industria se hará cargo del desecho de sus productos
Unas horas después de recibirla desde la Cámara de Diputados, el Senado concretó la aprobación de la nueva Ley General de Economía Circular con 111 votos a favor de todos los partidos políticos.
La reforma fue presentada como el instrumento para transformar el modelo de producción y consumo en el país para impactar menos en el medio ambiente. Sin embargo, buena parte de las acciones dependen de la autorregulación de la propia industria.
Pese a que en el Congreso la reforma pasó por unanimidad, organizaciones civiles como Greenpeace han advertido que se abre la puerta a riesgos ambientales y sanitarios, y sólo se tomó en cuenta la voz de la industria y no de la sociedad civil.
La ley fue aprobada con el respaldo de todas las bancadas tanto en Diputados como en el Senado, donde se aprobó que pasara de forma directa al pleno, sin ser evaluada por las comisiones.
¿Qué es la economía circular?
La economía circular está planteada como un modelo de negocio y producción que busca eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño de los productos, para darles mayor vida y regenerar los sistemas naturales.
La reforma aprobada establece la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que compromete al fabricante o importador para responder por el daño ambiental que su mercancía genere en todo su ciclo de vida. Se establece que esa responsabilidad puede gestionarse por cada productor o de manera colectiva a través de un organismo coordinador por cada sector.
La ley señala que su implementación será progresiva y se ajustará a capacidades y diferencias de cada sector y tipo de empresa, principalmente las pequeñas empresas. Establece un orden jerárquico en la gestión de materiales. La principal opción será reutilizar y reparar los productos. En segundo plano está el reciclaje y finalmente está la disposición en rellenos sanitarios.
Las empresas estarán obligadas a diseñar y fabricar productos que puedan ser reparados, por lo que deben garantizar la disponibilidad de refacciones, herramientas e información para los consumidores.
De acuerdo con los artículos 12 y 39, cada productor, importador o su organismo coordinador deberá elaborar y registrar un Plan Maestro de Cumplimiento ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una vez que su sector sea regulado.
Las empresas pueden cumplir con el REP de manera directa o indirecta. En el primer caso, la propia empresa operará sus propios centros de acopio o reacondicionamiento, mientras que en el segundo caso podrá haber alianzas con proveedores de servicios de reciclaje o gestión de residuos.
La ley es flexible para casos que consideren que no es viable cumplir con esa responsabilidad y en el artículo 41 establece medidas para revertir o mitigar el daño ecológico de esas industrias: restauración ecológica; conservación y preservación de áreas naturales protegidas; reparación del daño ambiental; reforestación; reducción de emisiones contaminantes o adquisición de los llamados bonos verdes o créditos de carbono.
Estos bonos, criticados por ambientalistas como pagos para contaminar, tienen el compromiso de destinar los fondos a iniciativas ecológicas.
Función del gobierno e incentivos a empresas
De acuerdo con la ley, habrá un Sistema Nacional de Economía Circular, presidido por la Semarnat y con la participación de las Secretarías de Economía, Energía y Hacienda, cuyo objetivo será articular las políticas entre los tres niveles de gobierno.
La ley establece que el gobierno podrá crear otros incentivos fiscales que fomenten la llamada “circularidad”.
El gobierno federal deberá establecer un Programa Nacional de Economía Circular.
Se creará un sello oficial para productos que cumplen con la ley. En su artículo 25, la ley establece que los productos con este distintivo tendrán preferencia en las compras gubernamentales.
En el artículo 35, contempla una Auditoría Ambiental Voluntaria, para que las empresas evalúen su cumplimiento. Será requisito para obtener el Distintivo Nacional.
Los cambios realizados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establecen la obligación de que los productores privilegien el uso de materias primas secundarias sobre los materiales vírgenes.
Asimismo, los ajustes en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos incorporan los principios de “circularidad” y “jerarquización” en la gestión de residuos.
Organizaciones rechazan la ley
Organizaciones especializadas, como Greenpeace, han advertido que la Ley General de Economía Circular abre la puerta a riesgos ambientales y sanitarios. Además, han señalado que la ley dejó fuera a comunidades, sociedad civil y especialistas independientes, ya que fue construida principalmente entre autoridades y la industria.
Greenpeace destacó en un posicionamiento como uno de los principales focos de alarma la inclusión de la “termovalorización” —quema de residuos para generar energía— lo cual es altamente perjudicial para la salud. También advierte sobre la creación de los distintivos e incentivos fiscales para las empresas.
La organización señaló que la Responsabilidad Extendida del Productor para hacerse del destino final de sus productos está sujeta a acuerdos graduales y flexibles para la industria.
También destacó que la industria será encargada de auditarse a sí misma, por lo que podría derivar en greenwashing, una estrategia de marketing engañosa donde empresas se presentan como más ecológicas o sostenibles de lo que realmente son.
