La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) dejó de existir legalmente hace 10 días, cuando entró en funciones la Secretaría de las Mujeres, lo cual ha dejado a las trabajadoras de dicha institución en un “limbo” laboral, dado que no se les ha ofrecido un nuevo puesto en la nueva dependencia, pero tampoco se les ha despedido.
A mediados de diciembre y previo a la extinción de Conavim e Inmujeres –mismas que fueron absorbidas por la Secretaría de las Mujeres, a cargo de Citlalli Hernández–, Animal Político documentó que a más de cien servidoras públicas de Conavim se les informó que les pedirían su renuncia.
Ahora, ya extinta la Conavim, las trabajadoras que fueron contratadas en la modalidad de Servicio Profesional de Carrera han sido abandonadas en una incertidumbre sobre el estatus de sus empleos.
La situación en la Conavim coincide con despidos de personal de confianza, prestadores de servicios profesionales y funcionarios contratados por honorarios, que se han registrado en Secretarías de Estado y diversas dependencias del gobierno federal a partir del cambio de gobierno.
Desde hace 10 días, trabajadoras acuden a las oficinas y se presentan a trabajar, pero no realizan actividades porque legalmente ya no existe su empleador. El 1 de enero de 2025, el Decreto que creó la Comisión en 2009 quedó abrogado, sellando con ello su extinción legal.
“Tenemos que venir, porque no queremos que nos acusen de abandono de empleo”, dijo en medio de lágrimas una trabajadora de Conavim, a quien llamaremos Marisol, pues pidió omitir su nombre real por miedo a represalias. “No tenemos ganas de presentarnos así. Estamos solas nada más nosotras, no tenemos nada qué hacer ahí, y vemos las horas pasar y estamos preocupadas por qué nos va a pasar, y es un maltrato”.
Los días 10 de cada mes, asegura, eran sus días de paga, pero en enero no recibieron el salario correspondiente.
La Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, fue cuestionada por Animal Político sobre la situación de las trabajadoras de Conavim, a lo que respondió: “Conavim era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob). Es allá donde tienen que dar respuestas a las y los trabajadores. Estamos al pendiente. En mi caso yo lo hice con el Inmujeres. Ya acabó el proceso de liquidación a quienes decidieron hacerlo y, el proceso de definición de quienes se vendrían a la Secretaría [de las Mujeres] (al menos 100 de 250). No hay absolutamente ninguna controversia, juicio o demanda en materia laboral. Con la nueva integración orgánica y nuevas atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, ninguna plaza de las anteriores se pasa tal cual”.
La titular explicó que la Secretaría no puede tener plazas de Servicio Profesional de Carrera hasta cumplir dos años en funciones.
Con respecto al seguimiento de los empleos de Conavim, Hernández expuso: “Le hemos manifestado a Segob la necesidad de atender la incertidumbre de las y los trabajadores del Conavim. Hay un diálogo entre titulares de Unidades Administrativas y directores jurídicos”.
Hay trabajadoras que fueron contratadas por honorarios y terminaron la relación laboral el 31 de diciembre, pero hay alrededor de 50 personas que pertenecen al Servicio Profesional de Carrera que están amparados por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para permanecer en la función pública.
En dicha ley, se garantiza la “estabilidad y permanencia en el servicio” público y en su artículo 40 especifica que en caso de que desaparezcan cargos y puestos debido a una reestructuración de la Administración Pública –como sucedió con la creación de la Secretaría de las Mujeres–, se procurará reubicar a los trabajadores al interior de las dependencias “o en cualquiera de las entidades con quienes mantenga convenios, otorgándoles prioridad en un proceso de selección”.
Además, la normatividad establece que los servidores públicos en esta modalidad sólo podrán perder su nombramiento si presentan su renuncia, fallecen, se les impone una sentencia ejecutoriada que implique la privación de su libertad, incumplen sus obligaciones, son acreedores a sanciones, no aprueban sus capacitaciones obligatorias o sus evaluaciones de desempeño.
A ello, suma en su artículo 63 de manera clara: “La pertenencia al servicio (…) garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en ésta o en otras leyes aplicables”.
Trabajadoras de la Conavim aseguraron que no han tenido a la fecha una reunión con Citlalli Hernández, la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, o algún representante de sus equipos.
En tanto, al menos nueve de ellas presentaron un oficio ante Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes de la Función Pública), para solicitar a título personal su intervención para proteger sus derechos como integrantes del Servicio Profesional de Carrera.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de noviembre de 2024, contempló en sus artículos transitorios que a más tardar el 31 de diciembre de dicho año se debía dar la transferencia de “recursos humanos, financieros y materiales, así como las funciones y atribuciones” de la Conavim y de Inmujeres a la Secretaría, pero a la fecha, las trabajadoras del Servicio Profesional de Carrera no han sido notificadas si se les ofrecerá un nuevo puesto en la dependencia de Hernández.
Sin embargo, Paula, otra trabajadora que pidió omitir su nombre real, señaló que siguen dadas de alta en el sistema como empleadas de Conavim, por lo que están impedidas de buscar un nuevo puesto en otra institución de Gobierno.
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“Seguimos siendo trabajadoras, pero en el limbo, pero seguimos perteneciendo a la Secretaría de Gobernación. Estamos dadas de alta con las plazas, y estando dadas de alta no nos pueden contratar en otros lados de la función pública federal, y no podemos pedir seguro de desempleo porque no tenemos esas bajas, y al renunciar no podríamos solicitar esos seguros”, expuso.
A ella, por ejemplo, quien era una de sus superioras le solicitó ya en enero que elaborara un documento a cambio de ser recomendada para formar parte de la nueva Secretaría. Dado que no es clara su situación laboral, Paula optó por no hacerlo, pues temió que se le pudiera acusar penalmente de usurpación de funciones públicas, ya que su puesto y empleador ya no existen.
“Le dije, ‘Me metería en un tema, y yo no voy a hacer un mal uso o una usurpación de función cuando ya no estoy ahorita en Conavim, pero tampoco estoy en la Secretaría, porque no tengo un contrato’, y acto seguido se enojó y me ignoró”.
Paula también sigue presentándose todos los días a trabajar, pero no contesta correos ni atiende llamadas para no incurrir en acciones que podrían hacerla merecedora de un acta administrativa.
“Prácticamente nos están inhabilitando, de alguna manera, a hacer el trabajo, cuando se supone que al día de hoy no tengo un despido o una baja. Estamos congeladas, y sin paga, y con una situación emocional ya por demás… todo mundo está muy mal”.