El gobierno federal busca crear una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil con el objetivo de investigar delitos, una iniciativa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucional desde el 2022.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas en materia de seguridad, entre las que se encuentra la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se propone la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil que sería nutrido por todas las compañías que prestan este servicio.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación, una nueva dependencia creada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sería la encargada de administrar el registro de usuarios de telefonía móvil.
La iniciativa señala que “el registro de alta de usuarios de telefonía móvil deberá garantizar que las personas usuarias estén asociadas con una o más líneas telefónicas móviles, mediante el número telefónico, Clave Única de Registro de Población, credencial para votar o cualquier identificación oficial tratándose de personas físicas, y la clave del Registro Federal del Contribuyente, tratándose de personas morales”.
En 2021 el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya había propuesto crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para perseguir delitos, sin embargo, un año después la Suprema Corte declaró inconstitucional esa iniciativa por ser violatoria al derecho de la privacidad y la protección de datos personales.
En aquella ocasión, la Suprema Corte declaró inconstitucional el Padrón Nacional gracias a una impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que desaparecerá el próximo mes de marzo por una reforma aprobada por el Congreso.
En su nueva iniciativa, Claudia Sheinbaum justifica que esta plataforma digital servirá para combatir delitos como el secuestro o la extorsión, y aseguró que su diseño será “respetuoso de los derechos humanos” y garantizará “el derecho a la privacidad”.
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los diputados la iniciativa para expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
La ley en materia de investigación e inteligencia fortalece las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia a cargo de Omar García Harfuch que ahora coordinará un Sistema Nacional de Inteligencia que se nutrirá de información aportada por todas las instituciones de seguridad de nivel federal, estatal y municipal.
La legislación prevé que el Sistema Nacional sirva para elaborar al menos ocho productos de inteligencia, entre los que se encuentran mapas y organigramas de bandas delictivas; reporte de antecedentes de personas y grupos criminales; instrumentos para fortalecer las capacidades de las policías, y lineamientos para el manejo de datos delictivos y la generación de políticas.
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Entre estos productos de inteligencia también destaca que la SSPC podrá elaborar informes relacionados con aspectos sociales, económicos y políticos con el fin de perseguir delitos.
Esta legislación pretende dar más facultades a la SSPC, que en los últimos sexenios quedó rezagada debido a que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tomaron las riendas de la estrategia de seguridad en el país.
En su iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, Sheinbaum justificó que un sistema nacional de inteligencia e investigación “será de suma importancia para lograr una disminución en la incidencia de delitos, especialmente los de alto impacto, neutralizando a los generadores de violencia y redes criminales”.
Las atribuciones en materia de inteligencia ya le habían sido concedidas a la Secretaría de Seguridad con una reforma al artículo 21 de la Constitución. A finales del 2024, el Congreso aprobó dicha modificación por unanimidad.
Pero ahora, con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, se busca dar más claridad en las funciones que podrá realizar la SSPC de Omar García Harfuch.
Una vez aprobada que esta ley entre en vigor, el Sistema Nacional deberá empezar a funcionar en un plazo no mayor de 180 días.
Junto con la ley en materia de inteligencia, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los diputados una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual tiene el objetivo de mejorar la coordinación de las autoridades que combaten el crimen, así como mejorar el perfil de los funcionarios que se dedican a esta labor.
Esta es la misma Ley General donde se incluye la creación de la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La Ley General también prevé crear Conferencias Nacionales en las que dialogarán las secretarías de Seguridad Pública, las fiscalías y procuradurías, los encargados de los sistemas penitenciarios y representantes de las instancias de seguridad de los municipios.
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Esta legislación también ordena mejorar las condiciones laborales de los policías, quienes no podrán ser subcontratados y deberán tener las prestaciones básicas. El Servicio Profesional de Carrera será obligatorio para ellos y para los ministerios públicos y peritos de las fiscalías.
Así como se pretenden mejorar las condiciones laborales de los policías, la Ley General también contempla sanciones a los policías que incumplan con su deber o que no cumplan con el perfil para realizar su labor.
De igual forma se crea un Sistema Nacional de Información que estará conectado al Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, y se dan atribuciones al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para que vigile el uso del dinero que las autoridades reciben por parte del gobierno federal para combatir el crimen.