Morena y sus aliados han procesado en unas cuantas semanas 12 reformas constitucionales del llamado Plan C de Andrés Manuel López Obrador, pero hay una que decidieron congelar cuando sólo faltaba un último trámite para que entrara en vigor: la que impide que el aumento anual al salario mínimo se ubique por debajo de la inflación.
Esta reforma a diversas fracciones del artículo 123 constitucional fue aprobada del 24 de septiembre en la Cámara de Diputados, el 9 de octubre en el Senado de la República, y para el 14 de octubre, 17 legislaturas de los estados ya le habían dado su aval.
A la fecha, 31 Congresos estatales la han aprobado; sin embargo, la Cámara de Diputados no ha llevado a cabo el cómputo de las legislaturas ni hecho la declaratoria de reforma constitucional, último trámite antes de que pueda ser promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma es parte del Plan C y fue considerada como una acción histórica de justicia por el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando lo presentó en febrero de 2024 pues tenía dos objetivos:
Con este “veto de bolsillo”, aplicado por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la reforma no se aplicaría en los primeros meses de 2025, cuando tendría que darse el primer incremento al salario bajo las nuevas condiciones.
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En la exposición de motivos de la iniciativa, López Obrador estableció que los incrementos anuales al salario mínimo deben mantenerse y se debe garantizar que nunca vuelvan a ubicarse por debajo de la inflación, “para evitar una nueva pérdida de su poder adquisitivo, como ocurrió en el periodo neoliberal”.
En el gobierno de López Obrador, el salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 248.93 pesos en 2024, con incrementos de hasta 20 % anual.
“Si bien se espera que, al cierre de 2024, el salario mínimo a nivel nacional alcance una recuperación de 110 %, aún se encontraría 36 % por debajo del máximo histórico alcanzado en 1976, y todavía no sería suficiente para que una persona trabajadora cubra dos veces la Línea de Pobreza por Ingresos”, detalla la iniciativa.
En cuanto a los incrementos previstos a policías, médicos y guardias, el Ejecutivo argumentaba: “para concretar la transformación de la educación, salud y seguridad se requiere garantizar un ingreso justo y digno para quienes hacen de estas áreas pilares del desarrollo social”.
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La iniciativa detalla que mientras el salario promedio mensual de afiliados al IMSS se situó en 16 mil 152 pesos mensuales en 2023, las maestras y maestros perciben 12 mil 500; los guardias y policías del Servicio de Protección Federal alrededor de 6 mil 800; guardias nacionales y soldados del Ejército y Fuerza Aérea alrededor de 16 mil; personal de enfermería del IMSS, entre 5 mil 752 y 9 mil 645; personal médico del IMSS, entre 9 mil 184 y 12 mil 95, y personal de enfermería del ISSSTE, 11 mil pesos al mes.
“Por esta razón, se considera un acto de justicia establecer a nivel constitucional que las maestras y los maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y médicos y enfermeros, perciban un salario mensual que no debe ser inferior al salario promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS”, detalla la reforma ya aprobada.
Cuestionado al respecto por Animal Político, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que durante el periodo en el que esté instalada la Comisión Permanente en San Lázaro podría realizarse la declaratoria de validez constitucional.
La declaratoria de reforma constitucional, dijo, la puede pronunciar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, del Senado o de la Comisión Permanente, que será instalada este martes en la Cámara baja.