La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, se pronunció sobre la reforma al Poder Judicial que se discute este domingo en comisiones del Senado y ofreció propuestas para la iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acompañada por tres ministros y tres integrantes del Poder Judicial, Piña dijo que “pone sobre la mesa” propuestas, las cuales calificó como concretas, para contribuir a un sistema integral de seguridad pública y justicia en el país.

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La ministra presidenta detalló que uno de los documentos, que se encuentra a disposición de la ciudadanía, es resultado de “un amplio diagnóstico” que considera las necesidades tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia como de personas que interactúan con ellos.

Respecto a la propuesta, la ministra dijo que ésta emergió de la autocrítica y reflexión de jueces y juezas federales, magistradas y magistrados federales, personal de órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales.

“Ambos documentos coinciden plenamente con las múltiples recomendaciones y decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos”, expresó.

“Debemos escucharnos entre poderes de la Unión”

“Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamara su derecho a un futuro libre y a un país en paz”, señaló.

Asimismo, la ministra presidenta dijo que la historia del Poder Judicial “no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces”.

En cuanto a la resistencia que ella y otros integrantes del Poder Judicial han manifestado contra la reforma de López Obrador, apuntó que ésta es en función de su convicción y compromiso con las futuras generaciones.

“Desde el Poder Judicial Federal les decimos, honestamente, que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, va más allá de nosotros. Es con las generaciones que vienen y, fundamentalmente, con el país que todos anhelamos”, declaró.

Qué dice la propuesta alternativa de reforma judicial anunciada por la ministra

El documento “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, el cual mencionó Piña en su mensaje, señala que busca identificar los principales desafíos y contribuir con una visión para avanzar hacia una reforma integral al sistema de justicia en México, pues aborda dimensiones que visibilizan las brechas y los desafíos en el campo de la protección de los derechos humanos y las garantías de acceso a la justicia para toda la población.

“En particular de aquellos grupos especialmente afectados por la violencia y la discriminación. Este documento incorpora recomendaciones y propuestas específicas en distintas áreas y dimensiones identificadas y que dan cuenta de la necesidad de contar con una mirada comprensiva, multisistémica e integral al repensar la justicia en México”, apunta.

Añade que cualquier propuesta seria para una reforma al sistema de justicia involucra no solamente al Poder Judicial Federal, sino a los poderes judiciales de los estados y a todas las autoridades que tienen una función en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

Asimismo, indica que diversos organismos especializados han reconocido que en México se atraviesa una profunda crisis en materia de derechos humanos y que impacta de manera diferenciada a grupos que históricamente han resentido los efectos de múltiples violencias.

“Este documento parte de la premisa de que para transformar la justicia en el país primero hay que mirarla. Es necesario mirar no sólo las leyes y las instituciones, sino también las prácticas que las moldean y a las personas que las operan. Transformar la justicia requiere mirar y honrar la angustia de quien ha perdido a un ser querido”, precisa.

Las propuestas del texto son las siguientes:

1. Revisión crítica del flujo de los procesos judiciales con el fin de asegurar una perspectiva de justicia centrada en las personas

2. Estandarizar las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales del país

3. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación y evaluación en conocimientos y competencias para la ética y legitimidad institucional

4. Fortalecer la capacidad institucional de los poderes judiciales locales para atender adecuada y efectivamente las demandas de justicia de la ciudadanía

5. Implementar la carrera judicial y los mecanismos de selección para todos los cargos judiciales que cumplan con criterios claros y objetivos

6. Redoblar los esfuerzos y asignar los recursos necesarios para implementar la oralidad en la justicia civil y familiar, así como consolidar la oralidad mercantil

7. Consolidar la justicia laboral

8. Implementar mecanismos efectivos para la disciplina judicial

9. Recuperar y fortalecer el constitucionalismo local

10. Incrementar los recursos económicos de la justicia penal local

11. Derogar figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad

12. Armonizar el reconocimiento y la tipificación del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación aplicables

13. Ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo en materia de reparaciones y suspensiones

14. Generar marcos normativos claros orientados a asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales

15. Fortalecer las figuras procesales que promuevan un acceso colectivo a la justicia

16. Generar condiciones normativas, presupuestales e institucionales para poner en marcha jornadas nacionales itinerantes de justicia

17. Garantizar que un porcentaje no inferior a 2% de los presupuestos federal y estatales sea asignado a los poderes judiciales

18. Diseñar y expedir una Ley General de Defensorías Públicas

19. Reorientar las políticas de seguridad pública, promover su desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño

20. Fortalecer la seguridad, operación y accesibilidad de todas las autoridades que realicen labores de seguridad al Registro Nacional de Detenciones

21. Modernizar los Centros de Comando y Control

22. Establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales

23. Implementar una estrategia integral de lucha contra la trata de personas

24. Considerar el abandono del enfoque punitivo de la política hacia el uso de drogas y el narcomenudeo y buscar alternativas para la detención en este contexto

25. Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba

26. Desarrollar un sistema nacional de prevención y protección para todos los operadores de justicia

27. Revisar y reformar el marco normativo e institucional de la política criminal vigente en el país

28. Mejorar el acceso a la información pública y de los mecanismos para la evaluación de las instituciones de seguridad

29. Implementar medidas efectivas para mejorar el control de armas de fuego en el país

30. Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional y el fortalecimiento de instituciones civiles

31. Investigar la trata de personas a partir de la cooperación internacional

32. Establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de los casos de desaparición

33. Asegurar la estandarización nacional de instrumentos de investigación

34. Establecer estrictos sistemas de selección del personal del Ministerio Público y Fiscalías

35. Promover el establecimiento de un mecanismo nacional de formación y certificación de fiscalías y policías de investigación

36. Incorporar la detención y desaparición de personas migrantes a los registros nacionales

37. Promover una política nacional de prevención de las desapariciones desde una mirada estructural

38. Fomentar la articulación de sistemas estadísticos confiables y de constante actualización

39. Explorar el establecimiento de un mecanismo extraordinario de verdad, justicia y reparaciones

40. Perseguir los delitos con un análisis de investigación y persecución de fenómenos y estructuras criminales como un todo, no de manera fragmentada y desarticulada

41. Desarrollar e implementar políticas de persecución penal estratégicas en las fiscalías federales y estatales

42. Crear una Ley General de Servicios Forenses que instaure una institución nacional de servicios forenses

43. Fortalecer las capacidades institucionales en materia forense y de servicios periciales

44. Asegurar que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense cuente con el presupuesto, estructura orgánica e independencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones

45. Establecer y garantizar el funcionamiento de bases de datos en materia forense y de servicios periciales a nivel nacional

46. Fortalecer los servicios de defensoría pública

47. Aumentar el personal de las defensorías públicas

48. Garantizar la autonomía técnica y de gestión de todas las defensorías públicas del país

49. Asegurar las asignaciones presupuestales necesarias

50. Regular de manera uniforme y consolidar el servicio civil de carrera

51. Establecer atribuciones claras y amplias para brindar asesoría y asistencia legal en todas las materias

52. Conformar áreas o unidades de investigación y servicio periciales independientes en cada defensoría pública

53. Crear bases y protocolos homologados de atención y actuación

54. Diseñar mecanismos de comunicación eficientes para la canalización de casos entre defensorías públicas

55. Implementar una política integral de atención a poblaciones de difícil acceso o en situación de vulnerabilidad

56. Instrumentar una política integral de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos

57. Otras acciones adicionales para fortalecer los servicios de defensoría pública en México, con independencia de la legislación propuesta

58. Incorporar a las víctimas indirectas en los procesos de búsqueda, así como en los procesos judiciales

59. Fortalecer la atención médica que brindan las comisiones de atención a víctimas

60. Reformar el sistema de ayudas inmediatas dentro de la política de atención a víctimas

61. Crear mecanismos eficientes de denuncia y protección para todos los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de prisión

62. Fortalecer la independencia de juezas y jueces de ejecución

63. Implementar servicios de interpretación y mediación cultural para comunidades indígenas

64. Capacitar a juezas y jueces de ejecución, así como al personal penitenciario en temas de derechos humanos y enfoques diferenciados

65. Fortalecer programas de atención psicológica y de salud integral dentro de los centros de reclusión

66. Adaptar de espacios en centros penitenciarios a fin de satisfacer las necesidades diferenciadas de los distintos grupos de población

En cuanto al documento de ‘La Reforma al Poder Judicial en Voz de la Judicatura’, éste indica que su propósito es presentar un análisis sobre las inquietudes, propuestas y recomendaciones que han surgido alrededor de la iniciativa, cuya aprobación en la Cámara de Diputados ocurrió el pasado 4 de septiembre.

“Este reporte refleja las voces de la judicatura, la sociedad civil y la academia en la búsqueda de soluciones que fortalezcan el acceso a la justicia, la imparciabilidad y la eficiencia de su impartición”, señala.

Entre las propuestas y recomendaciones de este documento se incluyen:

Política pública:

* El acceso a la justicia en el país tiene problemas que deben ser atendidos a través de reformas normativas y políticas públicas.

* Previo a cualquier reforma se requiere un diagnóstico que involucre a todos los agentes del sistema de justicia y tome como punto de partida los intereses y necesidades de la ciudadanía.

* Fomentar una mayor coordinación y unificación normativa entre los sistemas de justicia locales y federales, a través de protocolos claros y plataformas de comunicación.

Reforma constitucional:

* La asignación fija y no negociable de presupuesto anual para el PJF y el correlativo para los poderes judiciales locales.

* Establecer partidas presupuestales con rango constitucional para aumentar la plantilla de personal, capacitación o la creación de nuevos órganos de administración de justicia, como personal pericial a nivel local y escuelas formación judicial en las entidades federativas.

Política pública:

* Para atender los problemas de rezago y acceso a la justicia es necesario ampliar el número de órganos jurisdiccionales y de personas juzgadoras en el país.

* Fortalecimiento de las instancias de justicia alternativa.

Reforma legal:

* Creación de juzgados itinerantes.

* Servicio civil de carrera para defensores y fiscales.

Reforma constitucional:

* Modificar el juicio de amparo para hacerlo más ágil y eficiente.

* Revisión de la legislación procesal ordinaria para lograr procedimientos accesibles para comunidades indígenas.

* Fortalecimiento de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y de la justicia de paz con personas electas por las comunidades.

* Establecimiento de un número mínimo de personas juzgadoras tanto federal y local por cada 100 mil habitantes.

Carrera judicial: Perfil judicial y mecanismo de selección

Política pública:

* Profesionalización de los servicios policiales locales, capacitándolos en técnicas de investigación e implementación de herramientas tecnológicas para la investigación criminal.

* Realizar más concursos de oposición abiertos para que personas que no son de carrera judicial puedan acceder a ser juzgadoras federales, pero mantener la carrera judicial.

* Prever ternas o postulaciones exclusivas por género.

* Fortalecer la capacitación de los operadores judiciales, especialmente en áreas críticas como la protección del medio ambiente.

* Consolidar la carrera judicial a través de concursos abiertos y en los que se evalúen capacidades técnicas y habilidades gerenciales para garantizar un ambiente laboral adecuado.

* Garantizar la transparencia, la publicidad, la igualdad de oportunidades y la retroalimentación en los procesos de selección, así como los medios de impugnación imparciales y expeditos.

* Incrementar la vinculación constante con las organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia, así como de la academia especializada y los cuerpos colegiados pertinentes a lo largo de los distintos procesos de selección, capacitación, retención, vigilancia y disciplina.

* Fortalecer la capacitación continua de las personas integrantes del Poder Judicial a través de programas integrales, con un fuerte componente práctico, basada en los más altos estándares internacionales y que integre las herramientas y programas tecnológicos más avanzados.

* Aumentar la plena participación de mujeres hasta garantizar la integración paritaria de los órganos judiciales en todos sus niveles y eliminar los obstáculos estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres.

* Establecer en las convocatorias el área de especialización por la que se concursa, para que la persona más preparada en esa área obtenga el nombramiento.

Reforma legal:

* La creación de un comité para la revisión de la designación de mujeres juzgadoras

* Implementar convocatorias dirigidas específicamente a mujeres, personas de la diversidad sexo genérica, personas con discapacidad, y miembros de comunidades indígenas, entre otros grupos.

* Consolidar la carrera judicial a través de concursos abiertos y en los que se evalúen capacidades técnicas y habilidades gerenciales para garantizar un ambiente laboral adecuado.

* Que la EFFJ genere certificaciones para las y los aspirantes a juzgadores, tal como se realiza en los casos de los secretarios y las secretarias del PJF.

Reforma constitucional:

* Una reforma que fortalezca la justicia especializada debe enfocarse en el fortalecimiento de la EFFJ y su correspondientes estatales.

* Ampliar su competencia para que establezca servicios civiles de carrera en defensorías y fiscalías, tanto a nivel federal como local.

Sistema disciplinario

Política pública:

* Fortalecer los mecanismos existentes para obtener retroalimentación directa de los usuarios del servicio público de administración de justicia.

* Realizar encuestas de satisfacción que permitan identificar áreas de mejora y ajustar los procesos para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

* Auditorías independientes regulares del funcionamiento y decisiones de los tribunales por organismos externos. Estas auditorías asegurarán la imparcialidad y la rendición de cuentas, evaluando objetivamente el desempeño del sistema judicial.

* Implementar mecanismos de supervisión que incluyan la recopilación y análisis de datos estadísticos que permitan generar mapas de riesgos, y mantener canales accesibles para presentar quejas contra personas juzgadoras.

Reforma legal:

* Permitir el acceso a los expedientes y la participación en el desarrollo de pruebas para quienes inicien procedimientos, garantizando así el derecho a una defensa adecuada y la transparencia en el manejo de los casos.

* Publicar informes regulares de desempeño de personas juzgadoras y tribunales. Estos informes proporcionarán información accesible sobre los casos resueltos y los tiempos de tramitación, permitiendo a la ciudadanía evaluar la eficiencia del sistema judicial.

* Crear un observatorio ciudadano nacional encargado de vigilar la conducta de las personas juzgadoras. Este observatorio asegurará que las personas juzgadoras actúen con integridad y conforme a la ley, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial.

* En los cambios de adscripción permitir derecho de audiencia a las personas titulares.

Reforma constitucional:

* Los supuestos de faltas administrativas deben ser definidos de manera clara y precisa, estableciendo criterios taxativos que permitan identificar de manera objetiva cuándo una sentencia vulnera el interés público, conforme a los estándares del derecho administrativo sancionador.

* Es necesario implementar una estricta separación entre las autoridades encargadas de la investigación y aquellas responsables de sancionar, asegurando un debido proceso que respete los derechos de todas las partes involucradas.

* Las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial deben estar sujetas a revisión para garantizar un remedio efectivo, permitiendo que las partes afectadas puedan apelar en busca de justicia y asegurando que las resoluciones se ajusten a los principios de imparcialidad y equidad.

* Es fundamental establecer un proceso de selección para el Tribunal de Disciplina Judicial que se base en la profesionalización, garantizando que quienes integren este órgano cuenten con las competencias técnicas y éticas necesarias, lo que contribuirá a la seguridad jurídica y la confianza en el sistema disciplinario.

Justicia especializada

Política pública:

* Abordar la disparidad en la formación de juristas en las universidades del país, asegurando una preparación adecuada.

* Requerimientos técnicos adicionales, como el conocimiento de juicios en línea y el uso de plataformas digitales.

* El fortalecimiento del apoyo técnico y multidisciplinario disponible para personas juzgadoras.

* Fomentar la especialización, mediante implementación de incentivos específicos.

Reforma legal:

* Es necesario que las leyes reconozcan la obligación del Estado de especializar a todos los operadores jurídicos, incluidos aquellos en fiscalías, defensorías públicas y abogados postulantes.

* Incorporar áreas de formación jurídica como derechos humanos, perspectiva de género y perspectiva de infancias como base para la especialización.

* Creación de más áreas especializadas dentro del poder judicial.

* Garantizar el acceso a personal pericial calificado.

Diseño institucional e implementación de la reforma

Política pública:

* Responder al aumento de la demanda de justicia mediante la adecuada asignación presupuestal para la creación de órganos jurisdiccionales.

* Fortalecer con presupuesto y capacitación las áreas de procuración de justicia locales y las respectivas defensorías públicas.

* Mejorar la comunicación entre las autoridades a través de herramientas electrónica, lo que agilizaría los procesos, incluidos los exhortos como los previstos en el artículo 22 Constitucional.

* Establecer comités ciudadanos con participación de los operadores del sistema de justicia, tanto federal como local, para fomentar que la cultura de la justicia se oriente y auxilie en la solución de problemáticas jurídicas cotidianas de las personas.

* Fomentar la elaboración de sentencias cortas, con menos lenguaje técnico jurídico y lectura fácil para el público en general.

* Justicia digital, aplicación de la tecnología digital en la administración para acelerar los procesos sin descuidar el fondo de estos.

Reforma constitucional:

* La reforma debe considerar e incluir cambios en la totalidad de actores involucrados en el sistema de justicia, fiscalías, defensorías y abogacías federales y locales.

* En el poder judicial, es esencial garantizar su debido funcionamiento mediante medios que acrediten que se cuenta con las capacidades técnicas y operativas necesarias para el funcionamiento de un órgano jurisdiccional.

Retos de la Implementación de la reforma

Política pública:

* Es necesario Implementar sistemas de evaluación y supervisión para monitorear la efectividad de la reforma.

* Se debe trabajar en establecer el perfil de cargo para los puestos que se pretende someter a elección (desde personas juzgadoras, hasta integrantes del Tribunal de Disciplina).

* Formas de coordinación entre los Poderes Judiciales, como entre los propios órganos de administración judicial y los tribunales de disciplina judicial de los niveles federal y local de gobierno, sobre lo cual se podrían considerar medidas que permitan eficientizar los procesos y comunicaciones de los distintos órganos.

* Implementación gradual y escalonada de los cambios, considerando medidas que permitan equilibrar la integración de los nuevos perfiles, aprovechando el capital humano que se encuentra en el Poder Judicial.

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Reforma constitucional:

* Previo a poder ser candidato, aprobar los concursos de la carrera judicial y estar en un puesto que permita concursar, que puedan ser votados los aspirantes que demuestren su capacidad.

* Que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial no sean definitivas e inatacables, garantizando el derecho a una doble instancia.

* La figura de las personas juzgadoras sin rostro supone un aumento en la opacidad y una mayor proclividad a la corrupción, al no estar en posibilidades de solicitar su recusación por conflicto de interés, conocer si han incurrido en tráfico de influencia o en nepotismo.