Durante la primera audiencia pública internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano defendió la reforma al Poder Judicial, sin embargo, reconoció que no hubo un diagnóstico para su elaboración. 

El representante del Estado mexicano, José Antonio Montero, respondió a las y los comisionados de la CIDH, quienes expresaron sus preocupaciones respecto al diagnóstico que orientó al Estado mexicano para hacer esta modificación constitucional, en específico por temas referentes a los candados que se pusieron para evitar la intervención del crimen organizado y la violación de diversos derechos humanos por la implementación de esta reforma.

“No existió un diagnóstico. Sin embargo, desde el 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial”, aseguró Montero, quien también funge como director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

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Reforma judicial debió comenzar de un análisis serio, dice magistrada

Al respecto, la magistrada María Emilia Molina aseguró que el hecho de que el Estado mexicano por fin reconociera que no había un diagnóstico para hacer la reforma fue “positivo”, pues durante meses han sostenido precisamente que “sin diagnóstico es difícil hablar de soluciones”. 

Por aseveraciones como estas, incluso el propio comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, utilizó unos minutos de su tiempo durante la audiencia para asegurar que la reforma judicial “es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo”. 

“Esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. Se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero y yo creo que el caso de México es de libro”, dijo. 

En punto de las 13:00 horas dio inicio la audiencia pública desde Washington donde organizaciones defensoras de derechos humanos y personas juzgadoras expusieron los riesgos que implica la implementación de la reforma judicial en el país, en específico sobre la impartición de justicia en México. 

La primera en hablar fue la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que aseguró que la independencia judicial enfrenta en México “un ataque sin precedentes”, narrativa que se materializó en la reforma constitucional que “atenta contra la independencia judicial”.

“El nuevo proceso de selección y nombramiento por voto popular, por ejemplo, no garantiza la selección de candidatos idóneos e independientes, ya que los requisitos para participar en el proceso electoral no consideran la experiencia judicial ni la formación académica. Se abre la puerta a intereses políticos, económicos e incluso criminales. No será el pueblo quien elija a los jueces sino los poderes Ejecutivo y Legislativo”, dijo. 

Además, aprovechó la oportunidad para asegurar que resultó “tan clara” la intención de eliminar el sistema de contrapesos democráticos en el país, que a la reforma judicial le siguió la de “supremacía constitucional”, por la que se anularon los medios de impugnación contra los actos que vulneran derechos humanos. 

Por su parte, Marisol Méndez, integrante de la organización Fundación para la Justicia, aseguró que con la reforma no se cumplirá lo que el Gobierno Federal está prometiendo: dar justicia a quienes más lo necesitan, a las personas más vulnerables en México, porque se está dejando de lado a las fiscalías, que son las responsables del gran índice de impunidad en caso de las graves violaciones de los derechos humanos. 

“Desde la Fundación para la Justicia nosotros representamos a más de 300 víctimas de masacres, de graves violaciones a derechos humanos como ejecuciones, desapariciones y torturas. Estás víctimas que representamos no han podido acceder a la justicia en el sistema jurídico que hoy tenemos; sin embargo, las reformas van a ampliar la brecha para que estas víctimas puedan acceder a la justicia”. 

La jueza federal Claudia Elena Hurtado, parte de un grupo de 17 juzgadoras y juzgadores federales que acudieron ante la CIDH acompañados del ministro Javier Laynez Potisek, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también aprovechó su oportunidad para criticar el hecho de que con la implementación de la reforma judicial vayan a perder sus trabajos 486 mujeres juzgadoras. 

“En otras palabras, 486 mujeres que habíamos roto el techo de cristal seremos paradójicamente invisibilizadas y destituidas por otra mujer. Así le decimos a la presidenta (Claudia Sheinbaum) que se equivoca, ya que desafortunadamente no llegamos todas”. 

“Jueces han faltado a su deber de impartir justicia”, aseguran representantes del Estado mexicano

La embajadora Luz Elena Baños, a cargo de la misión de México ante la OEA, fue la primera funcionaria en hablar por parte del Estado mexicano, en un discurso en el que aseguró que el procedimiento de reforma judicial se desarrolló conforme a la Constitución, que es el máximo marco normativo por el que aseguró se debe regir el Estado. 

“Lo anterior demuestra y resalta la importancia de los diálogos nacionales y la construcción de consensos en el ámbito legislativo. El 10 de septiembre de 2024, la Cámara de Senadores avaló en lo general y en lo particular por mayoría calificada la reforma constitucional. Para el 13 de septiembre la mayoría de los Congresos locales ya habían aprobado la reforma judicial. Finalmente el 15 de septiembre de 2024 el presidente de la República la promulgó en el Diario Oficial de la Federación”. 

El segundo en hablar por parte del Estado mexicano fue José Antonio Montero, quien aseguró que la independencia judicial, la gradualidad de la reforma y los derechos de las y los trabajadores están asegurados en la propia Constitución, misma que establece que el pueblo de México es el que puede cambiar la forma de su gobierno cuando quiera, lo que incluye al propio Poder Judicial. 

“Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el Sistema de Justicia toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han realizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y están ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados”, dijo. 

Al hacer uso de la palabra, Alejandra Pochak, relatora de la CIDH, lanzó una batería de preguntas a los representantes del Estado mexicano y las y los juzgadores presentes: 

“¿Cuál es el diagnóstico que orientó la reforma? ¿Qué estudios expertos tuvieron en cuenta? ¿Por qué la reforma no incluyó a las defensorías y a las fiscalías y solo se limitó el procedimiento al Poder Judicial? ¿Qué medidas concretas se van a implementar para evitar la cooptación del crimen organizado y la violencia en el contexto electoral? ¿Cómo garantizar que juristas probos y honestos se animen a competir públicamente frente a los riesgos de la violencia y a que la campaña para ser incluidos no implique negociaciones indebidas?

¿Cómo se conforman estos Comités de postulación? ¿Cómo asegurar la carrera judicial? ¿Cómo compatibilizar la incorporación de medidas para preservar la identidad de los juzgados, conocida en el sistema interamericano como “jueces sin rostro”, con los estándares interamericanos? ¿Y cómo impactará el enorme costo económico que tendrá la implementación de esta reforma con la promoción y garantía y los derechos económicos y sociales y culturales del pueblo?”, finalizó. 

En respuesta, la magistrada Emilia Molina, con 27 años de carrera judicial y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras aseguró que “no solo el discurso del Estado mexicano fue sin diagnóstico y metodología”, sino también lo fue la elaboración de la reforma judicial. 

“Los derechos humanos no son cuestión de mayorías. De hecho, la justicia y en especial la función del Poder Judicial de la Federación es también para las minorías. Principalmente para las minorías”, dijo.  

Mientras que José Antonio Montero, el representante del Estado mexicano, se limitó a decir que el pasado 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte confirmó la validez de la reforma constitucional en materia judicial, aunque omitió decir que la discusión se quedó en el debate de la procedencia y no entró al fondo del asunto, por lo que no se determinó su invalidez. 

“También queremos señalar que al día de hoy no existe ninguna violación a los derechos humanos. Hasta ahora son especulaciones, todo se habla en un futuro incierto”, aseguró. 

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Juzgadores deben agotar mecanismos antes de llegar a sistema interamericano

Antes de finalizar la audiencia, la comisionada Andrea Pochak especificó que la función de la audiencia celebrada el día de hoy fue “escuchar y recibir información” de las partes, por lo que por el momento no pueden intervenir de otra manera hasta que no se agoten todos los mecanismos que aún están en marcha en territorio nacional. 

“La Comisión Interamericana está evidentemente muy preocupada por esta situación, esta reforma judicial, por supuesto sabemos que nuestra intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano, tiene un sistema contradictorio y contencioso que puede utilizarse cuando se hayan agotado todos los recursos internos y eventualmente la Comisión va a intervenir de otra manera”, finalizó.