A un día de que en la Cámara de Diputados se discuta y vote la reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté bajo el mando total del Ejército, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) alertó que de prosperar sería un “paso irreversible hacia la militarización del país”.
La iniciativa de Guardia Nacional forma parte del llamado “Plan C”, el último paquete de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien concluirá su sexenio en 12 días.
“El aumento del poder militar que generará esta reforma es innegable. Va más allá de la Guardia Nacional sin que se estén diseñando controles civiles externos y extraordinarios como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llamamos a que esta reforma no sea aprobada”, indicó el Centro Prodh.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, la iniciativa de reforma propone modificar el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica”, que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
La reforma también busca ampliar la intervención militar en la vida pública modificando el artículo 129. Actualmente el artículo señala que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar”, pero la reforma propuesta por López Obrador elimina las restricciones impuestas constitucionalmente a los militares.
La iniciativa también incluye ampliar el fuero militar y da a la Guardia Nacional más facultades de investigación de delitos.
La operación y formación, así como el mando de la Guardia Nacional están bajo encargo del Ejército desde su creación, en 2019, pero en un artículo transitorio se especificó que sería hasta 2024.
En septiembre de 2022, se avaló una reforma para modificar ese artículo transitorio y asegurar que la Guardia Nacional tuviera mando militar hasta 2028. Esa reforma incluye que personal militar participe en tareas de seguridad pública durante ese tiempo.
La nueva modificación a la Constitución en materia de Guardia Nacional prevé la desaparición total de la ya de por sí extinta Policía Federal y prohíbe a sus integrantes formar parte del cuerpo de seguridad pública, aunque pueden ser parte de la administración.
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Además, y aunque ya ocurre, permite de manera total que personal militar se integre de manera automática a la Guardia Nacional.
El manejo del presupuesto, la capacitación y la disciplina, así como las órdenes de operación estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque se permite el ingreso de personal civil a la Guardia Nacional, los integrantes que sean militares solo pueden ser juzgados por los Tribunales de Justicia Militar, en caso de que cometan algún delito en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública.