La reforma energética impulsada por AMLO en un segundo intento, aprobada por el nuevo Congreso y firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue publicada este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor un día después, es decir, el 1 de noviembre.
Con esto se materializan objetivos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y hechos suyos por Sheinbaum: que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelva a definirse como “empresas públicas” y preponderancia de la CFE en el mercado eléctrico del país y echar atrás articulos de la reforma energética de 2013 del exmandatario Enrique Peña Nieto.
Sobre el primero, Pemex y CFE se definían como “empresas productivas del Estado” y ahora son “empresas públicas del Estado”.
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Con este cambio, según la exposición de motivos de la iniciativa, se busca destacar el objetivo social de estas empresas, que enfrentan problemas de deuda y pérdidas financieras.
Esta modificación plantea un cambio de enfoque sobre la función de Pemex y CFE pues ahora su objetivo no es ya generar rentabilidad, sino dar servicios públicos en sus respectivas áreas, de acuerdo con Fernando Zendejas, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
La reforma constitucional en materia energética es una nueva edición de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que Morena aprobó en 2021, pero que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que contradecía lo establecido por la Constitución.
Respecto a la preponderancia de CFE en el mercado eléctrico del país frente a la iniciativa privada significa que en ningún caso las empresas particulares “tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad”.
Morena busca que la CFE genere el 54% de la electricidad, mientras las empresas privadas producirán el otro 46%. Esto tendrá que quedar establecido en una ley secundaria.
Además, la reforma que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y revirtió algunas disposiciones de la reforma energética de 2013 impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, es la continuación de los intentos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de darle mayor control estatal a la industria eléctrica.
En el artículo tercero transitorio de la reforma aprobada por el Senado y publicada en el DOF se establece además que se derogan todos los artículos transitorios de la reforma aprobada en 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Entre ellos están los referentes a las condiciones de las rondas petroleras o las subastas eléctricas, así como lo relacionado con la remoción de los funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, y las reglas de operación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Esta decisión se hizo de manera preventiva para evitar que a través de juicios de amparo se pueda interferir con la aplicación de la nueva reforma, explicó Zedejas.
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“¿Qué es lo que buscan derogando todos esos transitorios? Pues que ya no hay argumento de que se esté incumpliendo el transitorio, ya no existe. Entonces, ya no hay agravio, no hay concepto de violación en un juicio de amparo y con eso, pues ya dejan sin la protección constitucional”, sostuvo.
La reforma energética consistió en cambios al párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas.