Diputados aprueban prioridad a CFE en mercado eléctrico; eliminan de reforma responsabilidad del Estado en transición energética
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional que da prioridad al Estado mexicano en la generación de energía eléctrica y convierte en empresas públicas a la Comisión Federal de Eletricidad y Pemex. Además, debido a la aprobación de una reserva de Morena, se eliminó del dictamen un párrafo que establecía la responsabilidad del Estado en la transición energética para reducir la contaminación.
Con la mayoría calificada de Morena y aliados, fue aprobado el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en materia de áreas y empresas estratégicas. En lo general, se aprobó con 353 votos a favor y 122 en contra; mientras que en lo particular esta reforma fue aprobada con mayoría calificada de 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención. Por tanto, fue turnada al Senado para su análisis, debate y votación.
Durante la discusión de las reservas, la eliminación de un párrafo de la reforma energética, en la que se establecía la responsabilidad del Estado para reducir la contaminación, desató un conflicto entre los diputados de Morena y la oposición.
El debate de la reforma ya se había extendido más de nueve horas cuando Ana Elizabeth Ayala Leyva, una diputada de Morena, propuso eliminar un párrafo del dictamen en el que se establecía que el Estado mexicano tenía a su cargo la transición energética para reducir la emisión de gases y componentes de efecto invernadero.
La propuesta de Ayala Leyva fue respaldada y aprobada por la mayoría morenista y sus aliados, mientras la oposición la criticó ampliamente porque en su opinión significa que el Estado renuncia a la labor de combatir la contaminación.
El fragmento del artículo 27 que fue eliminado decía: “el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas , tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
Durante su participación, Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), argumentó que el Estado no solo se limita al gobierno, sino a los empresarios y la población en general, por lo que al suprimir el párrafo del artículo 27 se quita toda responsabilidad a todas las personas de la transición energética.
“Nosotros requerimos que el Estado mexicano dicte las políticas públicas a las que se sujeten todos los mexicanos, empresarios y no empresarios. Lo que ustedes están haciendo es que al momento que quitan este párrafo, ahí sí nadie se va a hacer cargo de hacer las políticas públicas ni empujar el cambio tecnológico”, expresó Moreira.
Margarita Zavala, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que la eliminación de este párrafo de la reforma “es una claudicación al compromiso con las futuras generaciones para generar energía a través de fuentes renovables, es un modelo de generación nuevo que se necesita en el mundo al que estamos renunciando”.
Morena defiende eliminación de párrafo sobre transición energética
Por su parte, los legisladores morenistas defendieron que la eliminación del párrafo tiene el objetivo de que el gobierno no sea el único encargado de la transición energética, sino que esto también sea responsabilidad de las empresas privadas.
“Si no se modifica el Estado sería el único responsable de la transición energética, no sería posible porque no tiene la capacidad económica”, expresó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena.
Diputados aprueban en lo general y lo particular la reforma energética
Alrededor de las 21:00 horas del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 353 votos a favor y 122 en contra, la reforma energética para dar prioridad al Estado mexicano en la generación de energía eléctrica y convertir en empresas públicas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Morena y sus aliados votaron a favor de que la CFE y Pemex se conviertan de nuevo en empresas “públicas” del Estado, tal y como eran consideradas antes de 2013, año en el que el Congreso aprobó otra reforma energética que las convirtió en empresas “productivas”.
Aunque pareciera solo un cambio de nombre, para el gobierno va más allá. Luz Elena González, secretaria de Energía, explicó que al convertirse en empresas productivas, Pemex y CFE actuaron con un esquema de rentabilidad y con reglas de mercado. Al devolverles el carácter de empresas públicas, Morena quiere que actúen bajo una lógica de bienestar social para proveer servicios a mejores precios a todas las comunidades del país.
Para convertir a Pemex y CFE en empresas públicas, los diputados reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política.
La reforma desató una discusión entre Morena y la oposición. Los diputados del partido mayoritario defendieron que esta reforma servirá para garantizar el suministro de electricidad a bajo costo hasta en las comunidades más pobres y alejadas del país, mientras el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alegaron que el Estado mexicano no cuenta con la capacidad de hacer realidad todo esto y requieren de la iniciativa privada.
La reforma constitucional aprobada en lo general y lo particular por la Cámara de Diputados es una nueva edición de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que Morena aprobó en 2021, pero que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que contradecía lo establecido por la Constitución.
CFE tutelará el mercado eléctrico
La modificación del artículo 27 también da prioridad a la CFE sobre las compañías privadas, al señalar que en la industria eléctrica los particulares “en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad”.
Morena busca que la CFE genere el 54% de la electricidad, mientras las empresas privadas producirán el otro 46%. Esto tendrá que quedar establecido en una ley secundaria.
La reforma al artículo 28 de igual forma señala que los servicios provistos por la CFE no podrán ser considerados un monopolio, pues su objetivo será “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía”.
Reforma aborda litio e internet
La reforma energética aprobada por los diputados blindó la explotación del litio para el Estado mexicano y abordó su participación en el mercado de internet.
La modificación del artículo 27 señala que “tratándose de materiales radiactivos y litio no se otorgarán concesiones” a empresas privadas.
Mientras que en el caso del internet, en el artículo 28 quedó establecido que no podrá ser considerado monopolio el servicio de internet que provea el Estado.
Reforma desata discusión entre partidos
La reforma energética fue discutida por siete horas en la Cámara de Diputados, previo a su aprobación en lo general. Después, la discusión de las reservas y la votación en lo particular se prolongo hasta alrededor de la 3:19 horas de la madrugada. Mientras el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lo defendieron.
Claudia Ruiz Massieu, exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que en 2013 aprobó la reforma energética que Morena busca echar atrás, criticó que se limite la participación del sector privado en la industria eléctrica.
“En el siglo XXI el acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental y el Estado mexicano debe garantizar su cobertura universal (…) Lo que no es claro es por qué eso significaría que una empresa del Estado deba tener una ventaja artificial en la cadena de valor del sistema eléctrico nacional”, criticó la diputada de Movimiento Ciudadano.
La capacidad del gobierno para generar energías limpias y frenar la contaminación fue otro tema puesto en duda por la oposición, además de señalar que esta reforma contraviene tratados de inversión y libre comercio firmados por México.
“Vale la pena recordarles que México está sujeto a tratados internacionales, como los tratados bilaterales de inversión y de libre comercio. La reforma que se pretende, sin duda, implementa medidas intervencionistas que expondrían al país a costosos litigios tanto nacionales como internacionales”, expuso César Augusto Rendón, diputado panista y exfuncionario de Pemex entre 2010 y 2013.
En contraparte, los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma. Rocío Abreu, quien será presidenta de la comisión de Energía, expresó que con esta reforma no se quita a las empresas privadas la posibilidad de participar en la industria eléctrica, simplemente se da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad.
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“Nunca se ha quitado el derecho a invertir al sector privado, simplemente lo que no les gusta es que estamos cambiando el despacho. El despacho es que antes primero se les daba la opción a los privados de sacar las energías limpias y después la Comisión Federal, cuando es el mayor productor de energías limpias en este país”, señaló Abreu.
A la defensa de la reforma se sumaron los legisladores del Partido del Trabajo. “La Comisión Federal de Electricidad está llamada a ser una de las mejores empresas del mundo, a ser una de las empresas que logre beneficios para el pueblo mexicano”, expresó Mary Carmen Bernal, diputada petista.
