
Para entender mejor
El gobierno federal busca destrabar a puerta cerrada la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, atorada por una disputa interna. Por un lado, la mandataria la ha enmarcado como un mandato ciudadano, mientras busca acuerdos, a través de una comisión presidencial creada con representantes de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sin la colaboración de esas organizaciones partidistas, no hay forma de que sea aprobada la iniciativa.
La reforma electoral entró esta semana en una nueva fase. Aunque todavía no hay una iniciativa presentada, el gobierno morenista empezó a operar para amarrar a sus aliados y evitar que se rompa la coalición rumbo a las elecciones de 2027.
En su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum descartó reunirse con el PT y el PVEM, y dejó la decisión en el Congreso de la Unión, pero funcionarios de la comisión para la reforma establecieron mesas de trabajo con líderes de los partidos aliados. También insistió en que su reforma no pretende borrar a las minorías del Congreso. “No pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga representación”.

Claudia Sheinbaum ha reiterado que la ciudadanía demanda disminuir el gasto público en elecciones y partidos políticos, eliminar las listas de legisladores designados por las cúpulas partidistas, permitir que mexicanos en el extranjero elijan de forma directa a sus representantes en el Congreso y fortalecer las consultas públicas.
Bajo ese argumento, la presidenta ha descartado un intercambio de favores políticos: “No es un ‘toma y daca’ (…), tiene que ver con lo que piensa la gente“.
El diálogo de Gobernación ha abierto una aparente válvula ante la tensión de la coalición mayoritaria, sin que aún se hagan públicos los acuerdos. Sin embargo, el gobierno federal aún enfrenta la disyuntiva de arriesgar una fractura interna o ceder ante sus aliados y diluir unas de sus principales propuestas: reducir dinero público y legisladores plurinominales.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el coordinador de la comisión para la reforma electoral, Pablo Gómez, operan para construir acuerdos en reuniones privadas con líderes del PVEM y el PT. Representantes de ambos partidos ya se reunieron esta semana, por separado, con los funcionarios federales sin revelar las negociaciones.
Aunque se han hecho públicos los principales desacuerdos —reducción de dinero a partidos y legisladores plurinominales—, las partes insisten en que no existe un documento sobre el cuál debatir, por lo que han evadido fijar una postura concreta.
Los encuentros con el PT fueron descritos por la senadora petista Geovanna Bañuelos como de “gran entendimiento”. Aseguró que con las mesas de trabajo construirán, en conjunto, la iniciativa de reforma y comenzarán con la redacción.
Su compañero de partido, el diputado Reginaldo Sandoval, respaldó que sólo se ha establecido una “ruta de trabajo” con la prioridad, según dijo este miércoles en la Cámara de Diputados, de mantener “la unidad de la coalición“.
El diputado ha insistido en cuestionar la pertinencia de la reforma en este momento. Ha defendido que el sistema actual “garantiza paz y tranquilidad en México” y ha permitido a la coalición encabezada por Morena hacerse de la mayoría en el Congreso y en la Presidencia.
Ese mismo día, también en San Lázaro, sostuvo que los comicios no son un gasto excesivo y que “la elección no es cara”, pese a lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este miércoles, el legislador recordó que sin los aliados no hay reforma ni coalición: “Si hubiera transcurrido un poco como venía, sin el diálogo, lo lógico es que iba a fracturar, iba a rompernos, porque ni el PT ni el Verde se van a dar balazos en el pie”, dijo en la Cámara de Diputados.

Desde el PVEM, el vicepresidente de la Cámara, Raúl Bolaños Cacho, confirmó que ya hubo acercamientos con Gobernación. El legislador insistió en que no hay borrador y pidió no discutir sobre trascendidos. “Al día de hoy no se ha presentado ningún documento”.
Como ha sido la postura de su partido, Bolaños reiteró que el Verde mantiene una línea clara si se habla de dinero: cualquier ajuste debe aplicarse parejo y sin castigar a unos partidos más que a otros. “Reducción… sí, pero de manera ecuánime”.
También advirtió que, para su partido, el punto de fondo es no tocar la representación de la pluralidad, incluso si se revisa el modelo de plurinominales. “No debe de quitar la representación”.
Este mismo miércoles, el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, volvió a reconocer que el primer filtro de cualquier reforma electoral será cerrar filas con PT y PVEM. Reitero que ésta debe pasar por la unidad de los tres partidos.
Monreal afirmó que lo que se pacte en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y los partidos políticos será respetado por la mayoría en la Cámara de Diputados. “Lo que se acuerde aquí se acatará”.
Al mismo tiempo, dejó un mensaje que explica la tensión interna. Adelantó que el acuerdo con los aliados será un punto de partida, no un texto intocable, porque cuando llegue la iniciativa al Congreso podrán hacerse cambios para construir acuerdos más amplios.

Mientras este debate se libra en el oficialismo, los partidos de oposición han etiquetado la propuesta como la “Ley Maduro”, acusando al gobierno de buscar afianzar su poder y erosionar los equilibrios democráticos.
Fuera del bloque gobernante, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que el debate sobre cifras es un distractor y que Morena busca controlar al árbitro electoral. “Lo que en el fondo Morena quiere es el control del INE”.
La también panista Kenia López Rabadán subrayó que aún no existe una iniciativa que haya sido recibida y sostuvo que, si se abren cambios al sistema electoral, deben discutirse con todas las fuerzas políticas.