El recorte de 13 mil 476 millones de pesos a la partida presupuestal solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2025, aprobado anoche por Morena y sus aliados en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, hace inviable la elección de personas juzgadoras, una idea promovida por la misma mayoría en el gobierno.

Según las estimaciones de reasignaciones hechas por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el INE tendría solamente 5 mil millones para llevar a cabo esta elección, cuando su solicitud presupuestal fue de 13 mil 205 millones de pesos, basada en las estimaciones de sus áreas técnicas y operativas.

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Esto quiere decir que el INE contaría solamente con 19 mil 646 millones de pesos; de los cuales, 15 mil 295 millones corresponderían a su presupuesto base, el que solicita cada año para su operación habitual y sus funciones legales, como la administración, actualización y protección del Registro Federal de Electores.

Así, para llevar a cabo la elección mandatada en la reforma del Poder Judicial restarían menos de 5 mil millones de pesos.

Según diputados de Morena, la sugerencia que harán al INE es que recorte su gasto operativo a 11 mil millones de pesos, para que le puedan destinar alrededor de 9 mil millones de pesos a la elección judicial.

Sin embargo, en el proyecto de dictamen que anoche discutió la Comisión de Presupuesto sólo se establece el recorte general de 13 mil 476 millones de pesos, sin indicar qué rubro solicitado por el INE se considera prescindible.

Tampoco hay argumentos técnicos que sostengan el recorte, y el dictamen contiene errores como la afirmación de que en las elecciones federales de 2024 se eligieron más de 20 mil cargos, y el INE pudo hacerlo con menos recursos.

“El presupuesto proyectado por el Instituto supera en poco más de 18 % el presupuesto aprobado en 2024, no obstante que el proceso electoral de 2024 fue reconocido como el más grande que ha tenido México, debido a la cantidad total de cargos de elección que fue de 20,708. No pasa desapercibido que durante el 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, sin embargo, la presupuestación de este proceso se basó en estimaciones y no en cifras reales, debido a que no existe en México un precedente como éste. En este tenor, la elección extraordinaria que se llevará a cabo en 2025, representa únicamente el 7 % de candidaturas a elección en comparación con la que se realizó en 2024”, señala el documento.

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Pero las cifras son falsas: en 2024, el INE organizó las elecciones federales para 629 cargos con tres boletas distintas: la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 128 senadurías. Y el resto de cargos correspondieron a las elecciones concurrentes a nivel estatal y municipal, que tuvieron un costo adicional financiado por cada una de las entidades federativas.

En realidad, para 2025, la reforma judicial mandata al INE organizar elecciones federales más grandes que las de 2024, pues en ellas se elegirán 881 cargos con seis boletas distintas: 9 ministras y ministros de la Corte; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 2 magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral; 15 magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral; 464 magistraturas de Tribunal de Circuito y 386 jueces de Distrito.

Consejeros electorales consultados señalaron que un recorte de la magnitud planteada en el dictamen haría inviable organizar el proceso electoral con la misma calidad técnica de los comicios que ha organizado el INE en las últimas décadas; tampoco podrían garantizarse las mismas condiciones de certeza a la secrecía del voto y la misma posibilidad de emitir el voto en casillas cercanas a los domicilios de la ciudadanía.

¿Cuánto dinero había solicitado el INE?

El INE había solicitado a la Cámara de Diputados un presupuesto global de 40 mil 476 millones de pesos, que incluía 15 mil 295 millones de pesos para su gasto operativo del año; es decir, presupuesto base y cartera institucional de proyectos; 7 mil 354 millones de pesos para financiar las prerrogativas anuales que -por mandato constitucional- se entregan anualmente a los partidos políticos-, y 13 mil 205 millones de pesos para la organización de la elección del Poder Judicial.

Adicionalmente, el INE pidió 4 mil 620 millones de pesos, de manera precautoria, para una posible Consulta Popular que ya no fue promovida por ninguna de las instancias facultadas para ello, por lo que esta partida fue liberada desde la semana pasada.

Con un recorte efectivo de 8 mil 856 millones de pesos, el instituto contaría con recursos limitados para llevar a cabo las elecciones del Poder Judicial federal, lo que ayer generó alerta en las oficinas del INE.

El tema se discutió en la llamada “mesa de consejeras y consejeros”, en donde varios consejeros le propusieron a la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, emitir un pronunciamiento conjunto alertando sobre la imposibilidad de llevar a cabo una elección de las dimensiones estimadas con el presupuesto proyectado por los diputados.

Sin embargo, Taddei y sus colegas no llegaron a un acuerdo sobre el contenido de dicho pronunciamiento, ni sobre el momento para emitirlo, pues algunos sugerían responder de inmediato, y otros hasta que se concretara el recorte en la Comisión de Presupuesto.

¿Cómo afecta la elección judicial?

Las unidades técnicas del INE hicieron una estimación de 13 mil 205 millones de pesos para la elección judicial, calculando la instalación de más de 172 mil casillas, un padrón electoral que rondará las cien millones de personas y la contratación de al menos 50 mil Capacitadores Asistentes Electorales para llevar a cabo la preparación de las ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla.

Entre las partidas más grandes que el INE había solicitado figuran cuatro:  

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica (DECEYEC) pidió 6 mil 822 millones de pesos para capacitar a millones de ciudadanos que serán funcionarios de casilla, y para la difusión institucional y la promoción de la participación ciudadana en el proceso.
2. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) solicitó 2 mil 197 millones de pesos para la producción, almacenamiento y distribución, en tiempo y forma, de los documentos y materiales electorales.
3. También la DEOE calculó un gasto de mil 399 millones de pesos para la ubicación, instalación y difusión de las casillas electorales, para la alimentación de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y para la limpieza de los inmuebles donde se ubicarán las casillas el día de la Jornada Electoral.
4. Y la Dirección Ejecutiva de Administración solicitó mil 39 millones de pesos, para bonos por carga de trabajo que se otorgan a todo el personal del INE cuando hay proceso electoral

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En la reunión que sostuvieron la semana pasada consejeras electorales con la Comisión de Presupuesto, se explicó que para esta elección tendrá que diseñar, producir, imprimir y distribuir manuales de capacitación distintos a los de una elección federal ordinaria, por la complejidad de la elección judicial.

Se tendrán que hacer campañas de difusión para explicar el proceso a la ciudadanía, y hacer una nueva cartografía electoral que corresponda a los circuitos y distritos judiciales, que son distintos a los distritos electorales.

Sin embargo, en el dictamen que aún debe ser aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados en esta semana, se desestimaron los argumentos, y se planteó un recorte sin explicaciones técnicas.

De acuerdo con consejeros electorales consultados, en las próximas se buscará un posicionamiento del INE, para que éste pueda ser considerado antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos en el pleno de la Cámara.