Proyecto de la Corte busca eliminar aviso de despido y reducir derechos laborales, advierte Frente Nacional por las 40 Horas
Para entender mejor
Un proyecto de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuesto por el ministro Irving Espinosa Betanzo, busca eliminar una protección clave para los trabajadores en casos de despido, que es el aviso de rescisión de contrato, lo que podría reducir derechos laborales, advirtió el Frente Nacional por las 40 Horas.
A través de un comunicado de prensa, los integrantes del Frente señalaron que dicho proyecto pretende beneficiar al sector patronal y empresarial a costa de la certeza jurídica de los empleados, por lo que hicieron un llamado a las ministras y ministros de la nueva Corte para rechazar la propuesta.
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Se trata del proyecto de resolución a la Contradicción de Criterios 165/2025, el cual busca determinar la prevalencia entre el penúltimo párrafo del artículo 47 y el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cual está listado para debatirse este jueves 29 de enero de 2026 en el pleno de la Corte.
El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo
Actualmente, el penúltimo párrafo del artículo 47 de la LFT, añadido en la reforma laboral de 2012, establece expresamente que: “La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión”.
Esta disposición garantiza que el plazo de dos meses que tiene el trabajador para demandar por despido injustificado (Art. 518) inicie a partir de que se le notifica por escrito, y no desde su separación de la empresa, permitiendo una defensa legal sólida.
Sin embargo, el proyecto del ministro Espinosa Betanzo propone revertir este criterio, pues propone que los patrones puedan “despedir sin entregar aviso y que la prescripción de dos meses para demandar empiece a correr a partir de la fecha que indique el patrón como la del despido del trabajador (a su arbitrio)”, señaló el Frente.
Las consecuencias y críticas al proyecto
Así, el Frente advierte que esta interpretación legal resulta “regresiva para los derechos laborales” y deja a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad.
“Lo anterior es lo que se pretende eliminar en la Corte a través de una interpretación sesgada y reduccionista de la ley y los derechos laborales”, señalaron.
En otras palabras, señalaron que la aprobación del proyecto implicaría “la eliminación del aviso de despido, ya que no existe sanción real para el patrón que lo obligue a entregar dicho aviso”, y concluyeron que con esta acción “se busca premiar al patrón abusivo”.
El proyecto también ha sido cuestionado por su falta de rigor jurídico, ya que omite aplicar el principio pro persona y pro operario, establecidos en el artículo 1 constitucional y el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales indican que, ante la duda, debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador.
El Frente Nacional por las 40 Horas se ha pronunciado en contra, exigiendo al ministro Espinosa Betanzo que ajuste su proyecto al “beneficio real de la población” y llamando a la clase trabajadora a mantenerse atenta ante un posible “retroceso significativo” en los derechos laborales.
Derechos laborales
Ricardo Corona, abogado General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aseguró que en el mundo las manifestaciones se siguen escuchando y continúan pugnando por una mejor justicia laboral.
“México no ha sido la excepción y basta con elegir un día de la semana al azar para transitar por Reforma, Bucareli u otra avenida principal y escuchar alguna demanda de este tipo”, señaló.
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Para atender esos retos será necesario abordar diversos enfoques que permitan soluciones integrales y no esperar que con la entrada en vigor de un texto legal el ciudadano tenga acceso automático a la justicia laboral.
“El contexto de los últimos años también ha mostrado un México de grandes retos para cerrar la brecha entre lo que esas leyes contienen y la realidad que los factores de la producción viven todos los días. La consecuencia es que la justicia laboral sigue siendo incompleta, no está al alcance de todos y, ante ello, es evidente que no bastará con legislar para que la ciudadanía tenga acceso a una verdadera justicia laboral”, declaró.
