En 2025, el presupuesto para seguridad pública del país tendrá una reducción de más de 34 mil 800 millones de pesos (mmdp), lo que representa un recorte del 42.9 % respecto al 2024, según un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

De acuerdo con el análisis de IMCO, mientras que en 2024 el gasto destinado para la función “asuntos de orden público y de seguridad interior” fue de 86 mil millones de pesos, para el 2025 se reducirá a 51 mil 200 millones de pesos, lo anterior tras el decreto aprobado la semana pasada por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados.

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Entes que a su vez utilizan este presupuesto para organismos como el Centro Nacional de Información Plataforma México -sistema de información que integra bases de datos relacionados a la seguridad pública-, el Centro Nacional de Prevención de Desastres -que se encarga de promover acciones para reducir, prever y controlar el riesgo de desastres-, la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto o la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), entre otras. 

De manera particular, el IMCO especifica que el recorte a la seguridad pública se explica por la disminución de 36.6 mmdp en el presupuesto que la SSPC destinaría a la Guardia Nacional (GN), organismo que pasará de tener 68.8 mmdp a 32.2 mmdp, una reducción del 55.2 %. 

El ajuste a la baja se daría en tres programas a cargo de la Guardia Nacional: “Provisiones para infraestructura de seguridad” que sufrió un recorte de 70.6 %, “Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos” con una baja de 50.4 % y “Actividades de apoyo administrativo” con menos 39.8 %. 

Recortes que se mantuvieron en dependencias como la SSPC por más de 40 mil millones de pesos, la Secretaría de la Marina por más de 9 mil millones de pesos y la Fiscalía General de la República (FGR) casi 40 millones de pesos. 

“No es un ajuste que tenga mucho sentido desde la situación de seguridad pública que vivimos a nivel nacional. Sobre todo, el recorte por un lado a la Guardia Nacional, pero también el recorte a las transferencias en materia de seguridad que reciben las entidades federativas”, señala Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, en entrevista con Animal Político. 

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De acuerdo con el especialista, lo anterior es así porque tanto a nivel nacional como a nivel federal se debilitan las capacidades institucionales para hacer frente al fenómeno delincuencial en México, un fenómeno que a su consideración está en niveles “bastante preocupantes”. 

“En este sentido es un cambio que no tiene mayor sentido por parte de la Secretaría de Hacienda, en primer lugar, pero también de la Cámara de Diputados, que al aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no hizo ningún ajuste en esta materia como sí lo hizo en otros temas, por ejemplo, en educación, que incrementó su presupuesto en casi alrededor de 14 mil millones de pesos”, refiere.  

En contraste, la Cámara de Diputados aprobó una ampliación al Ramo 07 Defensa Nacional, de 6 mil millones de pesos al programa de la Sedena en Apoyo a la Seguridad Pública y más de 292 millones de pesos a la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. 

Seguridad nacional, otra de las áreas más afectadas

Otra de las áreas más afectadas por el Gobierno es la de “seguridad nacional“, que registra una disminución de 17.1 mil millones de pesos, al pasar de 150.4 mil millones en 2024 a 133.3 mil millones en 2025,.

En este caso, las dependencias que utilizan más recursos de esta área son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y la SSPC. 

Los mayores recortes en este sentido se dan en los recursos designados a las funciones de la “Marina”, que utiliza estos recursos para la administración y operación de capitanías de puerto; adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales y para la reconstrucción, atención de emergencias y prevención de desastres naturales, que tendrá una disminución del 25.42 %.

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También tendrá un recorte del 11.85 % los recursos destinados a la “Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional”, recursos utilizados en su totalidad por la SSPC precisamente para servicios de inteligencia para la seguridad nacional. 

Ambos recortes ocurrirán pese a que, como parte de su propuesta en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum busca crear un Sistema Nacional de Inteligencia. 

Incluso a que en su exposición de motivos, la Secretaría de Hacienda aseguró que para el eje de Seguridad, Paz y Justicia destinaría los recursos necesarios para trabajar en temas como la “consolidación del Sistema Nacional de Inteligencia; se renovará y actualizará la Plataforma México como una plataforma que ofrezca servicios de telecomunicaciones y datos a las dependencias de seguridad pública de todos los niveles de gobierno; y se desarrollarán sistemas para ampliar el uso de tecnología para el reconocimiento automático de matrículas”. 

En noviembre pasado, el Congreso aprobó una reforma que dota de mayores atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia que dirigirá y coordinará la estrategia nacional de seguridad pública y el Sistema Nacional de Inteligencia. 

Las nuevas atribuciones han sido consideradas como un paso hacia la desmilitarización de la seguridad pública, incluso se ha hablado de una “súper Secretaría de Seguridad”, comandada por el secretario Omar García Harfuch, mano derecha de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad.

“(El recorte) tampoco tiene sentido cuando se privilegian nuevos programas y proyectos de inversión como algunos trenes como el México-Querétaro, el Querétaro-Irapuato, Nuevo Laredo-Saltillo o AIFA-Pachuca, que van a absorber 75 mil millones de pesos”, señala Diego Díaz.

Por este motivo considera que los recortes en esta materia “no es un ajuste que se alinee con las prioridades de sectores importantes, de la población a lo largo y ancho del país y refleja que la seguridad pública no es una prioridad para el nuevo gobierno”. 

Violencia e inseguridad no ceden

En tanto, mientras que el Gobierno prevé recortar recursos a actividades clave para la seguridad del país, la violencia e inseguridad no ceden en varios estados del país como Guerrero, Chiapas y Querétaro, entre otros. 

Tal es el caso de Sinaloa, que desde el pasado 9 de septiembre de 2024 ha sufrido una serie de enfrentamientos y hechos violentos que tanto autoridades federales como estatales han catalogado como una “guerra interna” entre facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente en los grupos conocidos como “Los Chapitos” y “Los Mayitos”. 

Es tal el nivel de violencia que el propio secretario Omar García Harfuch ha tenido que reconocer que “la violencia e inseguridad no se van a resolver de un día para otro” en el país. 

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Sin embargo, indicó que buscan trabajar de la mano en coordinación con los gobiernos, las fiscalías y las fuerzas de seguridad estatales para incrementar tanto las operaciones como las investigaciones en conjunto y así poder brindar “mejores resultados” a la ciudadanía. 

Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se llevó a cabo el pasado martes en Acapulco, Guerrero, el funcionario destacó que, bajo la política de coordinación implementada desde el inicio de la actual administración, se ha logrado la detención de 5 mil personas por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento 58 toneladas de drogas, incluyendo el reciente decomiso histórico de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa.