Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó al Poder Ejecutivo Federal la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 del Poder Judicial de la Federación, en la que piden un aumento del 4% respecto a los recursos asignados para el 2023.
El proyecto, que fue aprobado por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados, señala que se solicitan los recursos “necesarios e indispensables para garantizar la continuidad de las funciones” del Poder Judicial, que ascienden a 84 mil 794 millones 400 mil pesos.
“Para el ejercicio fiscal 2024, conforme a las expectativas de inflación, el Poder Judicial Federal solicita un incremento real del 4 por ciento respecto del presupuesto aprobado para 2023. Los recursos se traducen en el equivalente al 0.26 por cierto del Producto Interno Bruto de nuestro país”, dijo.
Sin embargo, en un hecho inédito durante la sesión solemne de este 28 de agosto, la ministra presidenta defendió el presupuesto del Poder Judicial, al señalar que en los últimos años, del 2018 al 2023, los recursos asignados en su conjunto han disminuido 15.4 por ciento en términos reales.
“Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, dijo.
Aquí el discurso completo de la ministra Norma Piña sobre el presupuesto 2024 al Poder Judicial:
Norma Piña dice que acceso a la justicia no debe ser negociable al defender el presupuesto al Poder Judicial
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, dijo que el presupuesto solicitado para el Poder Judicial durante 2024 contempla la resolución de asuntos que deberá resolver el Tribunal Electoral de cara a las elecciones 2024; “solo así, la transmisión de poder será de manera pacífica y con estabilidad democrática”.
Y es que en reiteradas ocasiones Morena y sus aliados, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador han anticipado que para este año el Poder Judicial sufrirá recorte de entre 15 mil y 25 mil millones pesos, declaraciones que se han realizado en medio de tensiones entre el mandatario y diversos integrantes de la Corte.
Por eso la ministra Piña sentenció que “el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable”.
“Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, dijo.
Ahora, esta propuesta de presupuesto la recibirá, para su aprobación, previa discusión, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien determinará el monto final del presupuesto asignado a los entes que conforman este Poder.
Diputados citarán a Norma Piña; Ignacio Mier califica su mensaje de “mafioso”
Ignacio Mier, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, calificó el mensaje de Norma Piña como “mafioso” y “amenazante”. Además, advirtió que los legisladores citarán a la ministra presidenta a explicar el gasto de la Corte.
“Ahora la citaremos para que nos explique su presupuesto, y sobre todo que nos cuestan los sobresalarios, comidas, viajes, y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó.
Asimismo, Mier negó alguna intención de asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial y acusó de intimidar a los diputados con la advertencia de inestabilidad en la sucesión de 2024, en caso de un recorte de recursos en materia de justicia.
“¿El mensaje que envían al legislativo es que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de los legisladores? No son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente, lo han vuelto en procesos de señales mafiosas”, declaró en conferencia de prensa.
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Oficialmente no existe como una entidad jurídica, pero eso no impidió que el Tribunal Supremo de Rusia declarara como una organización extremista al “movimiento público internacional LGTB”.
Además, prohibió cualquiera de sus actividades en todo el país a raíz de un proceso impulsado por una moción del Ministerio de Justicia.
La audiencia se celebró a puerta cerrada sin la presencia de “la parte de demandada”, aunque sí se permitió la entrada de periodistas para escuchar la decisión del tribunal.
Hace tres años la Constitución rusa fue modificada para dejar claro que el matrimonio se refiere a la unión entre un hombre y una mujer.
Las relaciones entre personas del mismo sexo no están reconocidas en la Carta Magna rusa.
Los temores que despierta esta decisión
Antes de la sentencia, le pregunté a Sergei Troshin, diputado municipal en San Petersburgo, qué efecto tendría.
“Creo que esto significará que cualquiera que el Estado considere activista LGBT podría recibir una larga pena de prisión por ‘participar en una organización extremista'”, dijo el funcionario que se declaró homosexual el año pasado.
“Para el organizador de un grupo así, la pena de prisión será aún mayor”, agregó.
“Esto es una represión real. Hay pánico en la comunidad LGBT de Rusia. La gente está emigrando con urgencia. La palabra real que estamos utilizando es evacuación. Estamos teniendo que salir de nuestro propio país. Es terrible”, lamentó Troshin.
En los últimos años, la comunidad LGBT de Rusia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor por parte de las autoridades. En 2013, se aprobó una ley que prohibía “la propaganda [dirigida a menores] de relaciones sexuales no tradicionales”.
El año pasado, esas restricciones se ampliaron a todos los grupos de edad en Rusia.
Las referencias al colectivo LGBT se han eliminado de libros, películas, anuncios y programas de televisión. A principios de este mes, un canal de televisión ruso decoloró un arco iris en un vídeo de una banda de kpop surcoreana para evitar ser acusado de violar la ley de “propaganda gay”.
“No las necesitamos”
En la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, Vitaly Milonov, famoso diputado del partido gobernante y que es conocido por sus posturas homófobas, afirmó que la prohibición de los grupos LGBT “no tiene que ver con las minorías sexuales ni con la vida privada de las personas”.
“Se trata más bien de la agenda política proclamada por este movimiento internacional LGBT”, me dijo.
“Tienen sus propias tareas, sus propios objetivos. Actúan como una fuerza política, una estructura política, y los objetivos de esta estructura contravienen la Constitución rusa”, aseguró.
En ese momento le aclaré que “no existe un movimiento llamado ‘Movimiento público internacional LGBT’. ¿Cómo puedes prohibir algo que no existe?”.
“Oh, es fácil”, respondió Milonov. “Podemos prohibir cualquier actividad de las organizaciones internacionales LGBT aquí en Rusia. Eso está muy bien. No las necesitamos”, dijo asegurando que todavía no había llegado al final de su lucha.
“Estoy deseando dar el siguiente paso: prohibir la bandera arco iris de seis colores. No necesitamos esta bandera. Es un símbolo de la lucha contra la familia tradicional. Espero que nadie pueda mostrar esta bandera en Rusia”, concluyó.
“Valores tradicionales”
Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los “valores familiares tradicionales”.
Para las autoridades rusas el activismo LGBT es algo inherentemente occidental y que es hostil a las costumbres de Rusia y la presión que ejercen sobre la comunidad la presentan como un medio para defender la estructura moral del país.
Otro aspecto es la popularidad de estas medidas de cara a las elecciones presidenciales del próximo marzo.
“Creo que [la audiencia judicial] está relacionada”, opinó Sergei Troshin. “[Las autoridades] están creando un enemigo artificial”.
“Dicen: ‘Estamos luchando contra Occidente’. La batalla contra las personas LGBT encaja en esta retórica antioccidental. Luchar tanto contra Occidente como contra la comunidad LGBT es popular entre la parte conservadora y antioccidental de la sociedad. Así que este tema se impulsará en el periodo previo a las elecciones”, agregó.
“Me están echando”
Maxim Goldman, quien trabaja para una organización rusa que ofrece apoyo personas transgénero y no binarias, añade que “intentan distraer la atención de problemas más importantes, en los que las autoridades rusas no quieren que la gente piense”.
“En cuanto nos enteramos de la vista en el Tribunal Supremo, las personas que dirigen nuestra organización se dieron cuenta de que tendríamos que abandonar el país urgentemente. Se convirtió en una emergencia”, contó Goldman.
Hablé con Maxim, que se identifica como no binario, en su último día en Rusia. Había hecho una pequeña maleta y estaba a punto de dirigirse al aeropuerto.
“Me siento totalmente rechazado por mi propio país“, lamenta. “Se supone que aquí tenemos una democracia. Se supone que la gente que ponemos en el poder debe cuidar de nosotros”.
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