“Sería un error entregarles el tercer Poder”: Roberto Gil participa en la elección de ministros como acto de resistencia
El panista Roberto Gil Zuarth avanzó a la siguiente etapa del proceso de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin renunciar al PAN ni variar su postura crítica frente a la reforma del Poder Judicial, el exsenador optó por no hacerle el vacío al proceso y afirma que la oposición se equivocaría si entrega de antemano los 881 cargos que se elegirán a Morena y sus aliados.
Gil se remite al pasado para justificar su candidatura y explica que, así como el PAN de los años 50 o la izquierda de los 70 se debatían entre participar en las elecciones organizadas y controladas por el PRI, o no, para no convalidar el fraude, ahora existe un dilema entre jugar con las reglas que puso el oficialismo o entregar el Poder Judicial sin dar una mínima batalla.
“Yo sigo insistiendo en que esta reforma va a tener implicaciones de captura del Poder Judicial, pero también provengo de una tradición política que se planteó el dilema en distintos momentos de la historia de qué hacer cuando tienes reglas que consideras injustas, que crees que van a generar mayores problemas, y ese dilema es si te abstienes, como acto de protesta, o participas, como acto de resistencia”, comenta.
Gil Zuarth decidió participar, a pesar de que la postura de su partido ha sido la de no convalidar la reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni las elecciones que tendrán lugar el 1 de junio de 2025.
Es una de las 228 personas que fueron consideradas elegibles por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo, y una de las 262 que pasaron la primera aduana en el comité de evaluación del Poder Legislativo.
“No solamente me estoy inscribiendo como acto de resistencia, sino para correr la cortina y dejar ver los graves problemas de la reforma. No le podemos dejar a la mayoría oficialista sola y entregarles el Poder Judicial simplemente porque no quisimos ejercer nuestra obligación cívica, nuestro deber cívico”, insiste.
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El panista explica que su militancia no fue un obstáculo, pues en la convocatoria no se establece el requisito de no militar en un partido, además de que hay varios casos de morenistas que serán candidatos, empezando por las ministras que decidieron participar en el proceso con pase automático a la boleta: Lenia Batres y Loretta Ortiz.
Su decisión de postularse por los comités del Ejecutivo y el Legislativo, y no por el del Poder Judicial, tiene que ver con lo que él llama respeto a quienes tienen carrera judicial y deben tener preferencia en el comité del poder del que ya forman parte.
Ahora, esos comités -uno de ellos encabezado por el exministro Arturo Zaldívar- deberán definir si cumple con los requisitos de idoneidad, lo que implicará revisar su trayectoria como funcionario público.
“Les pido que me citen a los comités de selección”
Roberto Gil ha sido senador de la República (2012-2018), coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota (2012), candidato a la dirigencia nacional del PAN (2011), secretario particular del presidente Felipe Calderón, subsecretario de Gobernación y diputado federal (2009-2010).
Abogado egresado del ITAM, inició su carrera como asesor del PAN en la Cámara de Diputados y en el Instituto Federal Electoral y, después de 2018, se dedicó al litigio desde su despacho, con clientes como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.
Su trayectoria política y como abogado, además de temas personales, lo pusieron en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando Santiago Nieto fue su titular (2018-2021), y se le abrieron múltiples investigaciones por enriquecimiento ilícito.
Los señalamientos hechos por la UIF -que revisó minuciosamente su evolución patrimonial- son su principal obstáculo en el proceso, aunque Roberto Gil asegura que todo ha sido aclarado y consta en resoluciones en las que la Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal en su contra.
Incluso, él contraatacó denunciando a Santiago Nieto por falsificación de documentos y extorsión, presuntamente cometidas durante la investigación en su contra, y más tarde por supuestos actos de corrupción.
El panista dice estar dispuesto a responder cualquier duda que tengan los comités de evaluación, en donde deberá revisarse su “buena fama” como parte del análisis de su candidatura, e incluso pide abiertamente que los comités lo citen para aclarar todo, con documentos sobre la mesa.
“Quienes hemos estado en campañas sabemos que la primera consecuencia de levantar la mano es ésta, la de someterse a escrutinio público, y precisamente porque me inscribí con toda seriedad, estoy dispuesto a dar las respuestas, las explicaciones y poner en contexto cada una de las especulaciones o sospechas que se formulen en torno a mi persona, a mi trayectoria y a mi perfil”, afirma.
Gil asegura que los medios públicos y algunos voceros del oficialismo lo han convertido en blanco de señalamientos y ataques, reviviendo los expedientes que hacía públicos Santiago Nieto durante los primeros años del sexenio de López Obrador.
“Lo que sí le digo de una vez es que ese aparato de propaganda yo lo voy a enfrentar con disposición y con verdad, a mí no me van a echar a correr ni me van a tener como perro, acusado con sus bots en redes sociales; al contrario, yo pido que se me cite a los comités de selección, como establece la propia convocatoria, y que hagan las preguntas que consideran pertinentes, y saquemos los papeles sobre cada una de las cosas que especulan en ese aparato de propaganda. Yo hago una pregunta: si todo eso que se especula fuera cierto, ¿qué hago compitiendo para ministro y por qué no estoy en Almoloya de Juárez?”, desafía el abogado.
“Perdemos más con la abstención”, asegura el panista
La candidatura de Roberto Gil pondrá a prueba a los comités de evaluación, que pueden excluirla por razones políticas y sin argumentos, o analizarla con el mismo rasero con el que se calificarán a los demás aspirantes.
En las próximas semanas, los comités de evaluación deberán definir 10 candidaturas idóneas por cada uno de los cargos que se elegirán en junio.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia, cinco ministras y cuatro ministros, lo que quiere decir que habrá 40 candidaturas de varones por cada comité. En el caso del Poder Ejecutivo, la lista actual de aspirantes es de 160 hombres y 66 mujeres, por lo que pasarán uno de cada cuatro aspirantes.
Además, esos 10 nombres por candidatura pasarán a una tómbola, para que finalmente se determinen sólo tres candidaturas por cargo. Y después vendrán las campañas.
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Roberto Gil está consciente de que en todo este proceso navega a contracorriente, y que en la campaña habrá una movilización del oficialismo, con sus estructuras partidistas y gubernamentales, y una desmovilización de la oposición.
“Yo me niego a compartir la certeza que venía implícita en la reforma judicial, la certeza de que el 100 % de los cargos judiciales los iban a resolver por la vía de los comités de selección y por la vía de la movilización electoral, a través de los Servidores de la Nación. Yo quiero romper esa certeza del 100 % y, si organizamos a la sociedad, a lo mejor les ganamos uno o dos o tres asientos en la Suprema Corte por la vía electoral”, confía.
