Organizaciones solicitan a la Corte audiencia pública ante nuevo riesgo para defensa de derechos colectivos y ambientales
Organizaciones civiles, climáticas y de derechos humanos del país solicitaron a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una audiencia pública ante la presentación -por segunda vez- de un proyecto de sentencia de elaborado por la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que aseguran representa un ‘riesgo’ para defensa de derechos colectivos y ambientales.
A través de un comunicado, organizaciones como Artículo 19, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Fundación para la Justicia y 25 organizaciones más señalaron que la nueva propuesta podría ser un “precedente regresivo”, por lo que solicitaron aplazar la discusión del asunto, que está enlistado para debatirse en la sesión de este jueves 27 de noviembre.
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De acuerdo con las organizaciones, el ‘riesgo’ radica en que dicho proyecto busca restringir la figura de “legitimación activa”, que hace referencia a la capacidad legal necesaria de las organizaciones para poder iniciar o participar en un procedimiento judicial como parte “demandante” o “promotora”, así como limitar la figura de “interés legítimo”, estándar legal que permite a las asociaciones interponer juicios de amparo en defensa de derechos colectivos y del medio ambiente sano.
“En un país donde la crisis ambiental, el cambio climático, la impunidad y la violencia institucional avanzan, limitar el acceso al juicio de amparo equivale a despojarnos de garantías judiciales en la protección de los derechos fundamentales”, señalaron.
Retiran proyecto de Esquivel tras advertencia de organizaciones
El 9 de octubre de 2025, el Pleno de la nueva Suprema Corte decidió aplazar la discusión del proyecto de sentencia de la contradicción de criterios 217/2021, a cargo de la ministra Esquivel Mossa, luego de que diversas organizaciones acusaran que dicha propuesta representa un “grave riesgo para la defensa de los derechos colectivos en México, especialmente en materia ambiental”.
El asunto fue aplazado a solicitud del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, quien pidió mantener el asunto en la lista debido a que recibieron una “solicitud de audiencia para escuchar a los interesados en este tema”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, más conocido como Centro Prodh, fue una de las primeras organizaciones en posicionarse en contra del proyecto de la ministra, al señalar que “reduce el alcance del interés legítimo, incluso previo a aprobarse la reforma (a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados)”.
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De acuerdo con la organización, lo anterior era así debido a que, aunque dicho proyecto se centraba en casos relacionados con el derecho al medioambiente sano, su aprobación podría limitar la defensa de todos los derechos colectivos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para que organizaciones ambientales no puedan acreditar interés legítimo solo con su objeto social.
Proyecto tiene “potencial regresivo” en materia de derechos humanos y ambientales
Ahora, al volver a presentar un proyecto de sentencia, las organizaciones reiteraron su “profunda preocupación” por el “potencial regresivo” que tiene la propuesta se sentencia en materia de derechos humanos y de acceso a la justicia ambiental.
Las organizaciones sostienen que la nueva propuesta es un precedente regresivo que cierra la puerta a la defensa de derechos difusos, que son los derechos que están más estrictamente ligados a los derechos colectivos, al requerir más que el objeto social de la entidad para acreditar el vínculo legal.
“El proyecto sostiene que es insuficiente el objeto social contenido en el acta constitutiva para acreditar el interés legítimo y acudir al amparo, dejando de lado la jurisprudencia adoptada por la misma Corte respecto de la legitimación con la que cuentan organizaciones en materia de derechos humanos, educación, migración o cultura, cerrando así la puerta a la defensa de derechos colectivos y difusos”, señalaron.
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Además, argumentan que esta interpretación iría en contra del principio de progresividad, concepto fundamental en materia de derechos humanos que señala como un estándar debe guiar la interpretación de una ley, en contraste con los retrocesos, y de las obligaciones internacionales de México, como las establecidas en el Acuerdo de Escazú.
“La preocupación se agrava por el contexto actual. Después de la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo (restrictiva del interés legítimo), cada precedente que interprete estos principios debe ser cuidadosamente estudiado. Además, es de suma importancia escuchar las preocupaciones de las organizaciones impactadas por la resolución. Dichos precedentes impactarán tanto a procesos ya iniciados antes de las reformas, como después de ella”, señalaron.
