Nueva Ley General de Aguas pone en riesgo producción y derechos adquiridos, alertan campesinos y empresarios
En el inicio del parlamento abierto para discutir la nueva Ley General de Aguas, campesinos, productores, ejidatarios y representantes empresariales acusaron al gobierno federal de impulsar una reforma que eliminaría la transmisión de concesiones, centralizaría decisiones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pondría en riesgo la producción de alimentos.
Los señalamientos y críticas ocurrieron este martes, cuando la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento inició en la Cámara de Diputados las audiencias públicas para revisar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales.
Las sesiones, que concluirán el próximo viernes, se desarrollan en tres mesas regionales: centro, sur y norte.
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En la audiencia de este martes, dedicada al “Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas”, los sectores advirtieron que la propuesta “deja en la indefensión” a miles de familias y actividades productivas.
En la zona centro, agricultores y ejidatarios advirtieron que prohibir transmisiones afectará herencias y continuidad productiva. Rodolfo Bravo Ornelas, presidente del Comisariado Ejidal de Cuerámano, Guanajuato, afirmó que aprobar la reforma violaría varios artículos constitucionales y que “más de 30 mil productores con pozos” estarían obligados a ampararse.
En tanto, Luis Fernando Haro Encinas, director general del Consejo Nacional Agropecuario, pidió un régimen de concesiones con rigor técnico porque el campo consume 76 % del agua del país.
Ampliar plazos de prórroga para concesiones y permitir transmisiones a familiares, entre las demandas
El sector industrial también reclamó efectos negativos. Christopher Ávila Mier, representante de Concamin, pidió garantizar que los volúmenes recuperados se reasignen a actividades productivas, mientras que Rosa María Sánchez Maldonado, directora general de Canipec, exigió reconocer el uso eficiente del agua en procesos productivos.
Por su parte, José Luis Luege Tamargo, exdirector de Conagua, advirtió que centralizar permisos “restará eficacia y transparencia” al quitar facultades a los Organismos de Cuenca.
En la zona Sur, organizaciones comunitarias y productivas denunciaron que la reforma no garantiza padrones confiables ni el uso correcto de concesiones.
Néstor Octavio Guerrero Sánchez, director de Proyectos Especiales de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, alertó que eliminar mecanismos de suministro provisional afectará arrendamientos. Ana Pohlenz de Tavira, representante de la Alianza Ríos Mayas, pidió reconocer legalmente a los ríos como entidades vivas con derechos.
En la zona Norte, productores, ganaderos y académicos advirtieron que prohibir transmisiones destruirá la seguridad jurídica rural. Nancy Sánchez Arredondo, diputada federal de Morena, alertó que la prohibición dejaría en vulnerabilidad a viudas, adultos mayores y pequeños productores. El senador panista Mario Humberto Vázquez Robles sostuvo que combatir la especulación “no implica cancelar herencias legítimas”. Jesús Padilla Estrada, diputado local de Zacatecas por Morena, afirmó que la iniciativa “no considera realidades estatales”.
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Los asistentes cerraron con demandas puntuales: retirar la figura de negativa ficta; ampliar plazos de prórroga para concesiones; permitir transmisiones a familiares en línea recta; considerar pozos ganaderos y pecuarios como prioridad social; mantener facultades de los organismos de cuenca; conocer la disponibilidad real de agua por distrito; y garantizar que cualquier cambio normativo no paralice agricultura, ganadería ni industria.
