Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, advirtió este lunes que la democracia mexicana “enfrenta amenazas sin precedentes” y denunció que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han sido “víctimas de calumnias” y “agresiones directas”.
“En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado una entereza y un profesionalismo ejemplarr”, expresó Piña en una ceremonia para entregar reconocimientos a los trabajadores del Poder Judicial por años de servicio.
Las declaraciones de la ministra Piña llegan cuando la reforma judicial aprobada en septiembre pasado comienza a implementarse, por ejemplo, con el proceso para preparar la elección de personas juzgadoras prevista para el 1 de junio de 2025. Además, de la declinación de la mitad de personas juzgadoras -poco más de 800 personas- y ocho ministros de la Corte a participar en dicha elección inédita en México.
Piña dijo a los trabajadores que han demostrado una entereza y un profesionalismo ejemplar en un contexto en el que no se han “aminalado” sino que han redoblado esfuerzos para mantener intacta la dignidad “que caracteriza a nuestro Poder Judicial”.
La advertencia de Piña sobre las “amenazas sin precedentes” que enfrenta “nuestra democracia constitucional” llegan un día antes de que el Pleno de la Suprema Corte discuta el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de la reforma al Poder Judicial.
Será el martes 5 de noviembre cuando el pleno de la Suprema Corte discuta el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de la reforma al Poder Judicial.
En su proyecto de sentencia, el ministro Alcántara Carrancá propone avalar aspectos clave como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero anula la elección de jueces y magistrados, así como la figura de los llamados “jueces sin rostro”.
El ministro Alcántara Carranca busca, además, marcar “el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”.
En días recientes, otros actores políticos han expresado que existe lo que consideran “una crisis constitucional”, mientras otros la han negado.
Por ejemplo, el expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) criticó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a las reformas constitucionales que impulsó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que “está alimentando una crisis constitucional”.
En un artículo de opinión escrito en The Washington Post, el expresidente priista aseguró que la reforma judicial es la principal razón de esa crisis, pero no es la única, pues incluye la desaparición de organismos autónomos y la más reciente reforma de supremacía constitucional, que prohíbe a la Corte pronunciarse sobre cambios a la Carta Magna.
“La crisis constitucional que ella está alimentando no generará el buen gobierno democrático para el cual fue elegida. En cambio, debería utilizar su mandato para detener la regresión democrática orquestada por AMLO e iniciar un proceso de reforma genuino a integral para lograr un verdadero estado de derecho”, escribió Zedillo.
En contraste, Sheinbaum acusó este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de provocar un “problema constitucional” ante la posibilidad de invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial.
“¿Quién está provocando un problema constitucional? Ni siquiera le quiero llamar crisis porque así le llaman nuestros adversarios, ¿quién lo está provocando? La Corte porque ahora resulta que la Presidenta de la República, dicen, que está provocando una crisis constitucional”, dijo durante su conferencia matutina.