Comisiones en el Senado aprobaron el dictamen que prohíbe impugnar las reformas constitucionales y cierra la puerta a las actuales impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial. Las y los legisladores prevén discutir este mismo jueves en el pleno.
La reforma eleva a nivel constitucional la prohibición de frenar una modificación a la Carta Magna a través de acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo y controversias. Al mismo tiempo eliminaría la posibilidad de que la Corte, a través de estas figuras, eche para atrás la reciente reforma al Poder Judicial, mediante un artículo segundo transitorio, que dice:
“Los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto”.
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Las modificaciones propuestas al artículo 105 constitucional establecen que son improcedentes las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, cuyo objeto sea controvertir los cambios o adiciones a la Constitución.
Asimismo, en el artículo 107, señala que no procederán los juicios de amparo sobre reformas constitucionales.
El dictamen fue aprobado con 24 votos a favor y 10 en contra, luego de una discusión de cinco horas entre integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
El panista Ricardo Anaya, integrante de la comisión de Puntos Constitucionales, calificó como “gravísimo” el dictamen aprobado y advirtió que las mayorías de la coalición encabezada por Morena en el Congreso podrán modificar la Constitución como lo deseen. Además, alertó que con los cambios aprobados, si existiera una violación de forma o si se buscara reformar la Constitución en contra del interés nacional, no existirá algún recurso para frenarlo.
“Lo que están estableciendo es que cuando se reforme la Constitución, jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia procederá ni el amparo, ni la acción de inconstitucionalidad, ni la controversia constitucional. En los hechos implica que Morena se pone por encima de la Constitución con las mayorías que hoy tiene. Pero es además un grado de absoluta irresponsabilidad porque estos señores no van a gobernar para siempre. Y esto va a quedar plasmado, no en los estatutos de Morena, va a quedar plasmado en la Constitución mexicana”.
Por su parte, el senador morenista Javier Corral defendió que lo que buscan con esta iniciativa es impedir que el Poder Judicial obstaculice la reforma que derivará en la elección de personas juzgadoras por medio del voto popular.
Corral informó que luego de las críticas que se hicieron contra la propuesta original de reforma tanto por organizaciones defensoras de derechos humanos como por legisladores de la oposición, él se reunió con Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, para revisar la iniciativa y decidieron modificar la propuesta para no afectar el control de convencionalidad.
“No justifica el debilitamiento del sistema de derechos humanos que se ha construido en los últimos años y que se ha reconocido a nivel internacional”, admitió Corral.
Para modificar su propuesta, informó el exgobernador de Chihuahua, también estuvieron en comunicación con Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia.
“Podemos discutir para el futuro o para lo inmediato qué tipo de Constitución queremos y qué órganos queremos de contrapeso y de límite a los tres Poderes, pero esa es otra discusión y otra etapa”.
Javier Corral defendió que la propuesta remarcó lo que ya existe en cuanto al amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, respecto a que no pueden aplicarse contra reformas constitucionales.
El artículo 61 de la Ley de Amparo señala que un juicio de esa naturaleza no procede contra reformas a la Constitución; actos de la SCJN o resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La controversia constitucional es el juicio que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando uno de los tres Poderes, niveles de gobierno u órganos autónomos consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia.
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Mientras que la acción de inconstitucionalidad es el recurso que se tramita también ante la Suprema Corte y denuncia una posible contradicción entre la Constitución y una norma de menor jerarquía.
En entrevista al final de la discusión, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, rechazó que se hayan equivocado en su propuesta inicial.
“Simple y sencillamente entendemos que hay que administrar los tiempos y por eso preferimos retirarlo”, dijo.