El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó tres controversias constitucionales presentadas en contra de la reforma judicial por poderes locales de Guanajuato y Chihuahua.
Las controversias se resolvieron con un “sobreseimiento” luego de encontrarse en “notoria incompetencia” para atenderlas.
Estas controversias fueron presentadas una por el exgobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez; otra por el Poder Judicial de ese mismo estado y una más por el Poder Judicial de Chihuahua.
Una controversia constitucional es un juicio que resuelve la Suprema Corte cuando uno de los Poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que “una norma invade su esfera de competencia”, vulnerando el orden constitucional.
Este recurso jurídico solo pueden promoverlo los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los estados de la federación.
El pasado 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia discutió si era procedente o no abordar un proyecto de sentencia del ministro González Alcántara que proponía invalidar parcialmente la reforma judicial.
Al faltarles un voto para llevar a la discusión el proyecto de sentencia, ya que el ministro Alberto Pérez Dayán adelantó que votaría en contra –junto a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz–, los demás ministros de la Corte decidieron que no abordarían el proyecto.
El proyecto proponía mantener la elección por voto popular de ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral a cambio de declarar inconstitucional la elección de jueces y magistrados del país.
En manos del ministro González Alcántara estaban las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos de la oposición en contra de la reforma judicial.
El asunto fue el que se trató hace una semana con su proyecto de sentencia que proponía una invalidez parcial de la reforma que impulsó desde mayo el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma judicial se avaló en tiempo récord tanto en las Cámaras de Diputados y Senadores, como en los congresos locales. Luego, el 15 de septiembre, López Obrador publicó el decreto por el que comenzó su vigencia en el Diario Oficial de la Federación.