Migración no probó que repartiera miles de alimentos y pagó vuelos a países no autorizados para retornar personas
El Instituto Nacional de Migración (INM) supuestamente no acreditó la entrega de casi 40 mil alimentos en diversas estaciones migratorias del país, ni que la compra de 46 viajes por los que pagó algo más de 57 millones fueran realmente para migrantes en situación de vulnerabilidad, además de que pagó traslados a países no autorizados para el retorno de migrantes.
Asimismo, presuntamente pagó casi 300 servicios para transportar por vía terrestre a migrantes detenidos que habrían sido trasladados el mismo día y a la misma hora por la misma persona.
Estas son algunas de las presuntas inconsistencias sobre la actuación del INM detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2023, que publicó este jueves 20 de febrero de 2025.
A partir de estos resultados, la Auditoría determinó que hay 11 millones 709 mil pesos que aún están pendientes de aclarar por parte de la dependencia en la cuenta pública 2023, y emitió 6 recomendaciones, 5 pliegos de observaciones, y 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
Presuntas inconsistencias en el INM
En lo relativo a la contratación de servicios de alimentación para los migrantes, la Auditoría señala que el INM pagó en 2023 un total de 419 millones de pesos a Operadora de Comedores Saludables, de los cuales solo analizó 112 millones, el 26 %, que fue el dinero invertido para los comedores del Instituto en sus delegaciones de Coahuila, Chiapas y Tabasco.
Sobre esta contratación, la ASF apunta que detectó la firma de un convenio modificatorio entre el INM y la empresa que, “para diversas partidas”, sobrepasa el 20 % permitido por la ley. Asimismo, señala que el INM no acreditó cómo determinó la cantidad diaria y tipos de menús requeridos al proveedor, además de que las listas de entrega de alimentos “no cumplieron con los requisitos establecidos en el Manual de Operación en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales”.
Además, el Instituto no proporcionó la documentación que acredite y justifique la entrega de 39 mil 036 alimentos en varios de los comedores de sus delegaciones por 3 millones 306 mil pesos.
En cuanto a los servicios de transporte aéreo, la Auditoría detectó varias presuntas inconsistencias.
Por ejemplo, el INM pagó a Grupo Aéreo Monterrey 57 millones 433 mil pesos en 2023 para retornar a migrantes por vía aérea. Sin embargo, la ASF establece que el Instituto no acreditó que 46 viajes fueran para, realmente, el traslado de migrantes en condiciones de vulnerabilidad, además de que pagó otros 10 vuelos a países con los que no hay un tratado para retornar migrantes.
Otra posible inconsistencia: de los servicios de transportación aérea pagados a Aeroenlaces Nacionales, correspondientes a octubre de 2023 por casi 37 millones de pesos, la Auditoría refleja en su informe que el INM decidió no regresar a sus agentes federales en los mismos vuelos comerciales que tomaron de ida, y que no tenían costo adicional. En cambio, los regresó en vuelos chárter, que sí tenían un costo extra para la dependencia pública del gobierno.
En cuanto a la transportación terrestre de migrantes, la Auditoría revisó el pago por parte del INM de 89 millones de pesos a la empresa ETN Turistar para que le realizara servicios en Chiapas, Coahuila y Tabasco. En este punto, la Auditoría vuelve a señalar que el INM no acreditó cómo determinó la cantidad diaria de servicios requeridos a la empresa, además de que los formatos de entregables no contenían información que acreditara la cantidad de servicios pagados, ni acreditaban que dichos servicios, en efecto, fueron dados a personas migrantes.
Además, la ASF refirió en su informe que el INM pagó 286 servicios realizados el mismo día, en horarios simultáneos, y por la misma persona, por un monto de 4 millones 591 mil pesos.
Te podría interesar: Llegan a Venezuela los primeros 190 migrantes deportados de EU como parte del acuerdo entre Maduro y gobierno de Trump
Sobre los servicios de seguridad y vigilancia contratados por el Instituto de Migración para las delegaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Veracruz, y por los que pagó 29 millones de pesos, la Auditoría determinó que no acreditó la capacidad técnica, humana y material del proveedor, ni el cumplimiento de diversos requisitos, obligaciones y consignas establecidas en el contrato.
“Aunado a que los servicios no se prestaron con los elementos y las características requeridas, y no aplicó descuentos y deductivas por 1 millón 810 mil pesos”.
