México se mantiene entre los 15 países con mayor impunidad en el mundo, según estudio de la UDLAP
México se mantiene entre los 15 países con mayor impunidad en el mundo, destaca el informe de Índice Global de Impunidad (IGI) 2024, elaborado por la Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP).
El informe muestra que, de una lista de 94 países, México se ubicó en el número 80, lo que lo coloca en una situación de impunidad existente similar a las que se registra en Rusia, Honduras, Uganda, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Haití.
Aunque en el estudio anterior (2020) México se encontraba entre los primeros 10 países con mayor impunidad, su caída en en el ranking se debe a que entraron más países al estudio y no precisamente a una mejora en los procesos de justicia.
“En la edición IGI 2020 México se encontraba entre los diez países con peor desempeño, el lugar 60 de 69 casos estudiados, y el cambio de posición es resultado de la incorporación de más países a la muestra, antes que de una mejora en el desempeño de los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos”, señala su resumen ejecutivo.
Los resultados del estudio elaborado por los académicos de la UDLAP, Juan Antonio Le Clercq y Azucena Cháidez advierten que la impunidad en México tiende a ser extremadamente alta y que afecta el diseño y funcionamiento de la cadena de los sistemas de justicia, seguridad y derechos humanos.
¿Qué produce la impunidad?
El IGI 2024 considera que la alta impunidad que se registra en nuestro país es resultado de distintos factores políticos, institucionales y sociales, sin embargo, la metodología del Informe permite destacar que la existencia de reducidas capacidades institucionales representa un factor central para explicar niveles de desempeño ineficientes en los sistemas de seguridad y justicia, e imposibilidad de proteger los derechos humanos.
“Sin la existencia de capacidades institucionales suficientes —como, por ejemplo, recursos presupuestales, operadores capacitados e instrumentos efectivos de política pública— no es posible garantizar condiciones de seguridad, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos”.
Se advierte con preocupación que nuestro país no cuenta con las capacidades institucionales requeridas para acotar el alcance y los efectos destructivos de este fenómeno.
“Observamos con preocupación una tendencia creciente hacia la impunidad estadística, con un mayor número de países que reportan datos inconsistentes y desactualizados sobre seguridad, justicia y derechos humanos, por falta de voluntad política para generar información estadística actualizada. Sin la existencia de información estadística confiable, no es posible formular mejores políticas públicas basadas en evidencia”.
La impunidad en México, más grave que el promedio
Los académicos explican que la posición de México dentro de los países con los mayores niveles de impunidad se explica por dos razones: en primer lugar, México obtiene un resultado negativo (46.19) por encima del promedio global (31.64) e incluso por encima del promedio de los países de América (36.89).
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En segundo lugar, México muestra resultados negativos en cada dimensión analizada, por encima de los promedios globales y también por encima de los promedios para los países de América.
“Los muy altos niveles de impunidad de México son resultado de un mal desempeño en prácticamente todas las variables, lo cual nos refiere a un problema sistémico”.
El Índice Global de Impunidad tiene su fundamento teórico en el concepto de impunidad que fue desarrollado en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU).
La metodología del índice
El IGI se basa en un análisis de “la cadena de impunidad”. El modelo examina cada eslabón del proceso penal, que comienza con la comisión de un delito y pasa por las etapas de denuncia e investigación, hasta llegar a la sentencia o reparación a las víctimas. En este proceso, se consideran tanto las condiciones estructurales como las operativas de los sistemas de seguridad, penitenciario y de justicia penal en cada país, así como las violaciones a derechos humanos.
El análisis se realiza a partir de dimensiones y ejes, entre las que se encuentran la dimensión estructural, la dimensión funcional y el eje de respeto a los derechos humanos.
Entre los indicadores de la dimensión estructural se encuentran los cuantitativos como el número de reclusos entre capacidad total de los penales, las personas detenidas sin sentencia y los desplazados internos por conflictos y violencia.
Y entre los indicadores que mide en la dimensión funcional está el número de policías por cada 1,000 habitantes, el número de jueces y el índice de restricciones judiciales al Ejecutivo, más recientemente se añadió el número de leyes que protegen a las mujeres de diversos tipos de violencia.
