México se estanca en Estado de derecho: sociedad civil, partidos políticos y prensa, los contrapesos con mayores retrocesos
En México existe un “continuo estancamiento” en el progreso del país hacia un Estado de derecho robusto, en el que la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa han sido los contrapesos al poder público que han tenido mayores retrocesos, revela el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, elaborado por la organización World Justice Project (WJP) y que se presentará este miércoles.
De acuerdo con el documento, por tercera ocasión consecutiva se registra una contracción del llamado “espacio cívico”, donde la efectividad de estos contrapesos frente a los gobiernos estatales tuvo un puntaje menor en 20 estados del país en comparación con lo registrado hace tres ediciones.
“Estos estados son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas”, señala el informe.
Este indicador mide si periodistas, sociedad civil, integrantes de partidos políticos, activistas y personas en general pueden reportar y comentar libremente acerca de las políticas gubernamentales sin temor a represalias.
También mide si las personas pueden manifestarse libremente y protestar pacíficamente cuando están en desacuerdo con las acciones del gobierno, además de presentar peticiones al mismo.
En este sentido, los estados peor evaluados fueron Veracruz, Baja California, Puebla y Michoacán, mismos que han mantenido un estancamiento o un decrecimiento sostenido en este aspecto en los últimos años, sobre todo en lo referente a partidos y prensa.
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Quintana Roo, CDMX y Guerrero, con los peores resultados
De manera general, los resultados del Índice de Estado de Derecho 2022-2023 han evidenciado un “continuo estancamiento” en el progreso del país, lo que se traduce en “cambios marginales” en los puntajes de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición del documento.
Sin embargo, especifica que los estados con los puntajes más bajos respecto de su avance hacia el fortalecimiento del Estado de derecho fueron Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero, que obtuvieron una calificación de 0.36 puntos, en una escala del 0 al 1 donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de derecho.
“Al igual que en la edición anterior, ningún estado se acerca a la calificación idónea, ni alcanza un puntaje superior a 0.5, lo que significa que todas las entidades del país tienen grandes retos”, señala el documento.
Los datos del índice se desagregan en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos, a su vez, se desagregan en 42 subfactores.
El índice refiere que los factores peores evaluados de Quintana Roo fueron cumplimiento regulatorio, ausencia de la corrupción y justicia penal; en la CDMX, la justicia penal, la ausencia de corrupción, la justicia civil y el cumplimiento regulatorio, y en Guerrero, la justicia civil, la justicia penal y la ausencia de la corrupción.
De hecho, sobre estos aspectos el índice muestra una “tendencia al estancamiento” en el factor de la ausencia de corrupción, el cual cayó en siete estados, y en la justicia penal, cuyo promedio continúa siendo de los más bajos.
“A pesar de sus retos persistentes y que están lejos del puntaje general idóneo, existen estados que destacan por el progreso sostenido a través de las cinco ediciones, a saber, Querétaro, Sinaloa, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas y Sonora”, señala el informe.
Por ejemplo, describe que en las cinco ediciones que han sido publicadas desde 2018, Querétaro se ubicó en quinto lugar de aquella edición, pero ahora está en primero; Guanajuato pasó de la posición 12 a la segunda; Sinaloa mejoró de la posición 11 a la quinta; Baja California Sur pasó de estar en la 31 a la sexta; Tamaulipas, del lugar 19 al 12, y Sonora, del 29 al 20.
Incluso, aunque la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos del país, como lo muestran las altas cifras de homicidios e incidencia delictiva, incrementaron los puntajes generales del factor de seguridad y orden en 22 estados, debido principalmente a una mejora en el subfactor que mide la percepción de seguridad de las personas, el cual aumentó en 20 entidades respecto de la edición pasada.
