Hace tres años, el gobierno federal desapareció las Escuelas de Tiempo Completo, y a la fecha no hay ninguna evidencia de que el programa que lo sustituyó, La Escuela es Nuestra, haya atendido, al menos, a los 3.6 millones de estudiantes que recibían alimentos y horario extendido en 27 mil planteles de educación básica de todo el país.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) desconoce en cuántos de los 128 mil 668 planteles educativos de todo el país las madres y padres de familia utilizaron los recursos públicos que se les entregaron entre 2019 y 2024 para dar alimentos a los niños y ofrecerles horario ampliado, confirmó Animal Político a través de diversas solicitudes de información pública.

Lo anterior, pese a ser un programa prioritario del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que continuará durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que a la fecha se han ejercido para este programa un total de 89 mil millones de pesos.

De hecho, durante la revisión de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que la SEP no implementó los mecanismos necesarios para “identificar los planteles que utilizaron parte de los recursos para el servicio de alimentación y la extensión del horario escolar”.

Así, tal como lo informó Animal Político en 2022, para saber en qué se han ocupado los recursos destinados a La Escuela es Nuestra se debe ir a cada uno de los planteles beneficiados y preguntar directamente en qué se ha gastado el recurso público, pues las autoridades no solo desconocen esa información, sino que afirman que no tiene obligación de recabarla.

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Sin evaluación para la Escuela es Nuestra

Para 2022, las autoridades se vieron obligadas a modificar las reglas de operación del programa y se comprometieron a que para 2023 todas las escuelas recibirían los beneficios que previamente tenían solo 27 mil planteles educativos de tiempo completo.

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Delfina Gómez, entonces titular de la SEP, defendió la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo y afirmó que con la Escuela es Nuestra la cobertura sería mayor.

“Nuestra meta es que a partir de 2023 pasen de 27 mil escuelas a 113 mil planteles beneficiados, así como de 3.6 millones de alumnas y alumnos a casi 9 millones de estudiantes atendidos”, señaló Gómez durante una reunión que sostuvo en abril de 2022 en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, no hay manera de corroborar que efectivamente se atendió a los 3.6 millones de alumnos que por 13 años fueron beneficiarios de las Escuelas de Tiempo Completo. Menos que la cobertura incrementó.

Una evaluación a las Escuelas de Tiempo Completo hecha por UNICEF reveló que para el 66% de los niños del programa el servicio de alimentación era su primera comida del día. 

Además, estudios del Coneval y del Banco Mundial mostraron que las escuelas con servicio de alimentación lograron reducir el rezago escolar grave en un 8.8% con respecto al rezago promedio entre 2006 y 2016. 

“Siete de cada 10 escuelas de tiempo completo se ubicaban en zonas rurales o de población indígena (como las que predominan en Chiapas y Guerrero) en el último año operativo del programa. Según Coneval, la reducción en la tasa de repetición en las escuelas vulnerables fue de 13% con respecto al nivel previo al inicio del programa. En cuanto a rezago, la disminución equivale a 17% en relación con los niveles de rezago previos al programa de Escuelas de Tiempo Completo”, se lee en un reporte del programa que realizó el IMCO. 

Más dinero, misma opacidad

Para 2025, La Escuela Es Nuestra no solo continuará, sino que se ampliará, pues ahora también los planteles de educación media superior recibirán recursos públicos del programa a fin de que su infraestructura sea rehabilitada.

Sin embargo, en las reglas de operación de la política pública se mantienen las mismas directrices y se omite considerar un mecanismo de seguimiento y evaluación del programa, por lo que no será posible saber en qué se ocuparán los 25 mil millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

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En el documento solo se contempla el funcionamiento de una Plataforma a cargo de la Secretaría de Bienestar mediante la cual los servidores de la nación, encargados del padrón de beneficiarios, registran las actas de la integración de los comités de padres de familia. Sin embargo, no hace referencia a que en esta misma plataforma se pueda llevar un control de los gastos de los recursos públicos.

“Los integrantes del comité darán cuenta y presentarán su expediente de actividades con la documentación comprobatoria original, relacionada con la ejecución de los recursos del programa. Dicha información deberá estar disponible en el plantel para cualquier requerimiento que soliciten directamente las instancias fiscalizadoras y/o la Dirección General de la Escuela es Nuestra y/o Bienestar para su consulta en sitio”, se lee en las Reglas de Operación de la política pública para 2025.

Para este año, de acuerdo con la SEP, se espera atender a 67 mil 900 planteles de educación básica, que representan una cobertura del 39 % a nivel nacional y un beneficio para 6.3 millones de estudiantes.

En el nivel medio superior se proyecta una cobertura del 52 % a nivel nacional, atendiendo a 6 mil 200 planteles en beneficio de 1.8 millones de estudiantes y priorizando las localidades más pobres del país. 

En el caso de educación básica a los comités de padres de familia se les entregarán apoyos de 200 mil, 250 mil y hasta 600 mil pesos.

Mientras que en las escuelas de educación media superior los montos que se darán irán de los 600 mil, un millón, y hasta un millón y medio de pesos. 

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