Jueza federal ordena a director del Diario Oficial de la Federación eliminar publicación de la reforma judicial
Una jueza federal de Veracruz concedió una nueva suspensión definitiva por la que ordenó al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar la publicación de la reforma judicial, realizada el 15 de septiembre de 2024.
Así lo resolvió Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, luego de concluir que “si se permite que el orden público e interés social se privilegie de forma arbitraria sobre los derechos humanos se violaría el artículo primero constitucional”.
“(Por eso), resulta procedente conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios, para que las autoridades responsables, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y director del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas consecuencias, eliminen la publicación realizada”, señala el acuerdo publicado el día de hoy.
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En su resolución, la jueza especificó que de no concederse esta medida cautelar se le privaría a la denunciante -una trabajadora del Poder Judicial- de los derechos y principios que rigen la independencia judicial y la impartición de justicia, como lo son la imparcialidad, objetividad, profesionalismo y la división de poderes, lo que a su consideración “ocasionaría daños de imposible reparación”.
Sin embargo, aclaró que la eliminación de la publicación de la reforma judicial, propuesta y publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, será válida únicamente por el tiempo que dure el juicio de amparo y hasta que se emita una sentencia definitiva sobre el asunto.
Es de recordar que, en un juicio de amparo, cuando un juez recibe una denuncia por la presunta violación a un derecho humano cometido por alguna autoridad, lo primero que debe de hacer es estudiar si existen las pruebas suficientes para conceder una suspensión de oficio o provisional para evitar que se siga causando un daño o violación a un derecho.
Más tarde, el juez determina si concede o no la suspensión definitiva con base en las pruebas que le hagan llegar y esta se mantiene hasta que llega el fin del procedimiento, en el que se determina si se concede o no el amparo definitivo.
Las otras suspensiones contra la reforma judicial; suman 7
La primera suspensión contra la reforma judicial fue concedida desde el 31 de agosto por la jueza Martha Magaña López -que también ya otorgó la suspensión definitiva-, mismo día en el que se dio a conocer sobre una segunda suspensión concedida por el juez Felipe Consuelo Soto, del juzgado Tercero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el estado de Chiapas.
Esta también fue concedida con el objetivo de que la reforma judicial no fuera enviada a los congresos estatales en caso de su aprobación, pues para que una reforma constitucional sea aprobada en México no solo se necesita que la Cámara de Diputados y el Senado la aprueben, sino que también la modificación debe ser validada por al menos 17 congresos estatales.
En el caso de su suspensión de oficio, el juez Consuelo Soto especificó que la Cámara de Diputados y el Senado no podían enviar la reforma judicial a los congresos locales hasta que no se resolviera la suspensión definitiva del amparo tramitado por los jueces.
El martes 3 de septiembre se dio conocer sobre una tercera suspensión provisional emitida contra la reforma judicial por la que la jueza Magaña López -la primera que otorgó una suspensión contra la reforma judicial- por la que ordenó frenar provisionalmente la votación y aprobación del dictamen de reforma que era discutido por la Cámara de Diputados.
Días después, el jueves 5 de septiembre se dio a conocer que un juez federal concedió una cuarta suspensión provisional contra la reforma judicial por la que ordenó al Congreso de la Unión no votar y aprobar la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El juez Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, fue quien concedió esta suspensión definitiva, luego de que la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos promoviera una demanda de amparo contra la iniciativa de reforma presidencial.
En su demanda la asociación civil señaló que de aprobarse la reforma judicial se llevaría a cabo una transgresión a la Constitución y las normas internacionales en materia de impartición de justicia (autonomía e independencia judicial).
Por este motivo, el juez concedió la suspensión provisional para el efecto de que el Congreso de la Unión no votara ni aprobara la iniciativa de reforma al Poder Judicial ni lo enviará a los Congresos locales.
Pese a todos los mandamientos judiciales, el Congreso de la Unión aprobó la reforma judicial la madrugada del 11 de septiembre de 2024, por lo que luego de ser aprobada de igual forma por más de 17 congresos estatales, el presidente López Obrador la publicó en el DOF el 15 de septiembre de 2025.
La última suspensión contra la reforma judicial ocurrió dos días antes de su publicación, el 13 de septiembre de 2024, cuando un tribunal federal ordenó suspender la publicación de la reforma judicial, aprobada por el Congreso de la Unión y diversos congresos locales, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que es el último paso antes de hacerla oficial.
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El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, ordenó suspender la publicación del decreto derivado de una queja que interpuso la organización Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. por el incumplimiento de una suspensión anterior cometida por parte de diversas autoridades. Todas las suspensiones han sido ignoradas por las autoridades.
