Tras 66 días de paro nacional de labores, jueces y magistrados federales informaron que reanudarán actividades en todos los juzgados y tribunales del país a partir del próximo lunes 28 de octubre, pero señalaron que volverán a la suspensión de labores si el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no atiende las peticiones planteadas por la base trabajadora y los titulares de los órganos jurisdiccionales, las cuales siguen sin respuesta. 

“La reanudación apuntada obedece a la determinación libre y autónoma de las personas juzgadoras en beneficio de la población, pero manteniendo en todo momento formas legítimas de protesta y resistencia”, por lo que continuarán su resistencia contra la reforma judicial por la vía legal, informó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) mediante un comunicado. 

Las y los consejeros que votaron a favor de esta determinación fueron Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez. Mientras que quienes votaron en contra fueron la ministra presidenta Norma Piña, la consejera Lilia Mónica López Benítez y el consejero José Alfonso Montalvo Martínez. 

De esta forma, la Judicatura Federal reiteró su resolución del pasado miércoles 16 de octubre de 2024 por la que ordenó que se debían reanudar las actividades en todos los juzgados y tribunales del país, tras determinar que no existe sustento legal para continuar con la suspensión de labores, que inició desde el pasado 19 de agosto en protesta contra la reforma judicial, que propone elegir a todos los jueces, magistrados y ministros del país mediante voto popular. 

Por este motivo, los juzgadores federales reiteraron que la decisión de reanudar labores no significa de ninguna manera el “claudicar en nuestra convicción de rechazo de la injusta e inconvencional (violatoria de derechos humanos) reforma judicial, así como en contra de las acciones emprendidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo que atentan gravemente contra las libertades, derechos, garantías de todas y todos los mexicanos”. 

En la circular 22/2024, publicada el pasado 16 de octubre, el Pleno del CJF pidió a los trabajadores en protesta evitar que se puedan fincar responsabilidades por no cumplir con horarios y condiciones laborales, aunque señaló que no iniciaría con “procedimientos de responsabilidad de manera oficiosa” contra ningún manifestante.

“Por el contrario, el Consejo de la Judicatura Federal reafirma su compromiso adquirido con representantes de titulares y trabajadores de implementar a la brevedad los acuerdos alcanzados […] en las mesas de trabajo desarrolladas en las semanas previas, así como el derecho de los trabajadores a manifestarse en modalidades que no afecten la prestación del servicio de impartición de justicia”, señaló. 

Sin embargo, en esta ocasión la Judicatura Federal señaló que los titulares de los órganos jurisdiccionales están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa. 

“Entre otras, el control de asistencia a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de impartición de justicia, por lo que las áreas administrativas deberán aplicar la normativa vigente al personal que no asista a laborar, esto a partir del 24 de octubre; asimismo, se instruye al Coordinador de Seguridad para que apoye a los jueces y magistrados que le soliciten el acceso a los inmuebles”, señaló. 

Luego de la resolución del Pleno del CJF, trabajadores del Poder Judicial que se mantenían en protesta cerraron los accesos del edificio sede donde se realizó la sesión ordinaria, impidiendo momentáneamente la salida de las y los consejeros de la Judicatura del lugar, pero luego de varios minutos permitieron que las consejeras y personal del lugar abandonaran el sitio.

Ahora, los jueces y magistrados federales exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver en definitiva los medios legales interpuestos ante el Máximo Tribunal del país y así “restaurar el orden constitucional de nuestro país, defendiendo el respeto a las suspensiones decretadas en los juicios de amparo” promovidos no sólo por juzgadores, sino también por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.