Jueces y magistrados federales expresan su “enérgico rechazo” por la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de participar en la implementación de la reforma judicial al colaborar en la elección de personas juzgadoras en 2025 y la orden de desacatar las suspensiones judiciales que frenan este proceso.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) acusó que esta decisión se tomó sin establecer un diálogo con las personas juzgadoras directamente involucradas, “lo cual vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige nuestro país”.
“En este contexto, quienes integramos esta Asociación, señalamos que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la División de Poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México”, advirtieron mediante un comunicado.
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El miércoles, en un hecho histórico e inédito, el CJF -máximo organismo encargado de la administración de todos los tribunales y juzgados del país- ordenó colaborar en la elección de jueces, magistrados y ministros, descartando frenar la reforma judicial.
De esta forma, con cuatro votos a favor y tres en contra, la Judicatura no sólo acordó dar luz verde a la reforma judicial, sino que además ordenó no obedecer la decisión de una de sus juezas federales.
A favor de dar luz verde a la reforma judicial votaron las y los consejeros Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, que fue el voto decisivo, pues previamente había votado en sentido contrario.
Esto ocurrió incluso a pesar de que el propio consejero Sergio Molina es de carrera judicial, lo que no impidió que se uniera al bloque de los consejeros afines a la llamada Cuarta Transformación que buscan desaparecer este mecanismo.
Por este motivo la JUFED advirtió que la implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en “grave riesgo” la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al generar una crisis constitucional.
“Por ello, hacemos un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto a las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen estrictamente a la División de Poderes y la legalidad”, señalaron en su comunicado.
La determinación del CJF de dar luz verde a la reforma judicial implica que este organismo enviará al Senado las listas de puestos de jueces y magistrados vacantes para la elección extraordinaria de 2025 y toda la información relacionada con las plazas de impartidores de justicia.
Esto, no sólo es histórico, sino que abre la puerta para que el sábado salgan las listas de las personas juzgadoras que serán destituidas luego de la elección, lo que dividirá el movimiento entre los que están en las listas y los que no están.
Este sábado, el Senado tiene programado discutir la cantidad de jueces y magistrados a elegirse en 2025 y cuántos en 2027, de acuerdo con las listas que el Consejo les enviará, decisión que será tomada mediante un sorteo a través de una “tómbola”.
Respecto a esta situación los jueces y magistrados federales expresaron su preocupación ante la decisión del Congreso de la Unión de llevar a cabo esta “tómbola” para seleccionar a los juzgadores federales que serán sustituidos en la elección extraordinaria de 2025.
Esto al considerar que este mecanismo transgrede los derechos humanos de las personas juzgadoras, genera una “peligrosa falta de certeza” y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional.
“Esta medida representa una forma inusual e inapropiada de modificar la configuración de uno de los Poderes del Estado, violando toda técnica legislativa y constitucional, y sienta un precedente peligroso para la independencia judicial”, advirtieron.