Trabajadores de Consejo de la Judicatura Federal (CJF) convocarán en los próximos días a una convención nacional para abordar con el sindicato de trabajadores del Poder Judicial las afectaciones a sus prestaciones derivado del reciente recorte presupuestal.
Pese a la promesa de que no se afectarían sus derechos laborales tras la aprobación de la reforma judicial, el CJF hará un ajuste a las asignaciones adicionales y a las reglas de operación del Seguro de Separación Individualizada (SEGSEI) y del Fondo de Retiro Individualizado (FORI), según un documento enviado a los servidores públicos y firmado por el secretario Ejecutivo del Pleno del CJF, Juan Carlos Guzmán Rosas.
“Para hacer frente a este recorte presupuestario y con la finalidad de preservar los salarios y prestaciones del personal, el Consejo se vio obligado a adoptar estrictas medidas de control y contención del gasto”, refiere el documento.
Aunque señala que se respetarán los sueldos y prestaciones se determinó que se limitará el porcentaje de aportación al SEGSEI y al FORI por parte de la institución al 2 %, con independencia del porcentaje que aporten las y los trabajadores.
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El SEGSEI es un beneficio que reciben mandos medios y superiores para fomentar el ahorro de los servidores públicos en activo y proporcionar una seguridad económica, en tanto se reincorporan, en su caso, al mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público.
De acuerdo con el Manual de percepciones, el Poder Judicial de la Federación aporta por cuenta y en nombre del servidor público un monto neto igual al que aporte éste, equivalente al 2 %, 4 %, 5 % o 10 % de su percepción ordinaria, según corresponda por concepto de aportación ordinaria que éste elija.
Con el anuncio a los servidores públicos, ahora se limitará el porcentaje de aportación al 2%.
Mientras que el FORI es un mecanismo de ahorro para el retiro de los empleados de base y se entrega una vez que concluyen, vía jubilación o renuncia, a su empleo.
En el documento, el secretario Ejecutivo señala que, “en cumplimiento a lo dialogado con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para gestionar una ampliación al presupuesto, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, en esta misma semana se iniciarán las gestiones para su obtención y que no se vea afectado el pago de la tercera asignación adicional y se pueda aumentar el porcentaje del SEGSEl y FORI a cargo del Consejo”.
El presupuesto que se le autorizó al CJF es de 62,025.5 millones de pesos, que representa una disminución del 17 %, respecto de lo presupuestado para 2025 y del 13.4 % en términos reales por debajo de lo autorizado en el ejercicio 2024.
En diciembre, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y CJF alertaron por el impacto que tendrá el recorte de presupuesto para 2025 en el proceso de impartición de justicia.
Señalaron que 8 de cada 10 pesos solicitados corresponden al capítulo 1000, es decir, sueldos salarios y prestaciones, por lo que la reducción afectará la operatividad de los órganos y pone en riesgo los derechos laborales.
En su comunicado, tanto la SCJN como el CJF destacaron que el decreto de reforma al Poder Judicial asegura que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del PJF y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad, “lo cual no ocurriría con un ajuste como el que se plantea”.