El informe de la Comisión de la Verdad se queda en la Oficialía de Partes de Presidencia ante rompimiento con el gobierno
“Estamos viviendo nuevos tiempos y yo creo que este acto es una prueba de que se está cambiando (…) no queremos que esto quede en la superficie, no queremos la simulación, queremos ir al fondo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar el banderazo de salida a los trabajos de investigación de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia.
El presidente dijo estas palabras en junio de 2022, en el Campo Militar No. 1 y frente a familiares de víctimas de crímenes que ocurrieron entre 1965 y 1990. El esclarecimiento de los hechos de la llamada Guerra Sucia fue una de las principales promesas de López Obrador al arranque de su gobierno.
Parecía que al final de décadas por fin se haría justicia por los delitos del pasado, pero en los últimos días del actual sexenio esa posibilidad se fue desmoronando.
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Cuando la Comisión de la Verdad apuntó al Ejército como presunto responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y otros crímenes, la relación entre el gobierno federal y los expertos que realizaban la investigación se fue degradando.
El alejamiento entre el gobierno y los investigadores de la Comisión de la Verdad llegó a tal grado que la Presidencia recibió el informe final de los expertos a través de su Oficialía de Partes, y no se hizo una presentación pública con López Obrador como se había acordado en el cronograma de trabajo del grupo de especialistas.
“Nos habíamos hecho ilusiones de que pudiéramos haber concluido este trabajo en una actividad pública, donde estuviera el presidente de la República y al cual le entregáramos en mano las copias del informe”, expresa en entrevista David Fernández, uno de los cuatro investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad que elaboró el informe Fue el Estado: 1965-1990.
De acuerdo con Fernández, la presentación con López Obrador recibió el visto bueno de Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos que renunció a su cargo para unirse al equipo de Clara Brugada, próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
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Incluso esa misma intención la mantuvo en un principio Arturo Medina Padilla, el actual subsecretario que sustituyó a Alejandro Encinas, aunque los señalamientos contra el Ejército fueron degradando esta relación poco a poco.
“Es una pena porque fue un trabajo de casi tres años llevado adelante por 50 personas, apoyadas y contratadas por el Estado a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, señala Fernández.
Ante el desdén de las autoridades, los especialistas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico optaron por hacer una presentación de su informe en el Centro Cultural Tlatelolco, donde desgranaron algunos de sus principales hallazgos.
Los investigadores de la Comisión de la Verdad contabilizaron 8 mil 594 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. La detención arbitraria fue el principal abuso, seguido de la prisión por motivos políticos, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres, torturas sexuales, exilios y violencia sexual.
Adicional a esto, los expertos contabilizaron otras 123 mil personas que se tuvieron que desplazar de sus hogares debido a la violencia generada por el Ejército y otras instituciones de seguridad entre 1965 y 1990.
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La ruptura del gobierno con los expertos de la Comisión
La Comisión de la Verdad fue creada por medio de un decreto de López Obrador publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de octubre de 2021.
Aunque al principio la Comisión de la Verdad recibió todo el respaldo del gobierno federal, esto solo quedó en el discurso, pues los expertos que investigaron los crímenes del pasado recibieron recursos económicos limitados para hacer su labor.
Animal Político hizo una solicitud de información para conocer cuántos recursos recibió la Comisión de la Verdad entre 2021 y 2024, pero la Secretaría de Gobernación respondió que nunca hubo un presupuesto asignado porque todas las instituciones involucradas debían hacerse responsables de sus propios gastos.
“Nosotros no contamos con un solo peso de parte del gobierno federal, no presupuestaron nunca nuestra nuestro trabajo”, contó en entrevista Carlos Pérez Vázquez, uno de los expertos que trabajó en el mecanismo de acceso a la justicia de la Comisión. “La Subsecretaría nunca pensó que una Comisión de la Verdad necesitaba un presupuesto propio para contratar personas y para financiar la investigación”, reiteró Aleida Aguirre, especialista del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
A la falta de recursos siguió la falta de apoyo para abrir los archivos del Ejército, que se negó a mostrar todos sus expedientes para proteger a sus integrantes que supuestamente estuvieron involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
Así lo denunciaron públicamente los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, quienes se dieron el tiempo de elaborar otro informe en 2023, el cual fue titulado Las Formas del Silencio con el objetivo de describir las obstrucciones del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para evitar la apertura de sus archivos.
Los investigadores del Mecanismo hicieron un llamado al presidente López Obrador para pedir al Ejército la apertura de todos sus archivos, sin embargo, sucedió todo lo contrario: la intención de los expertos de seguir investigando a los militares terminó por romper su relación con las autoridades federales.
“Me parece que empezó a desdibujarse la posibilidad de una entrega formal y pública (de nuestro informe) cuando comenzamos a tener confrontaciones con el Ejército en particular”, señala David Fernández, quien colaboró en el informe de la Comisión con el politólogo Carlos Pérez Ricart y el activista Abel Barrera.
Previo a la entrega del informe en la Oficialía de Partes de la Presidencia, los expertos lo entregaron también en la Secretaría de Gobernación, dependencia que este miércoles 25 de septiembre apenas publicó una versión reducida del informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
La investigación de los expertos fue plasmada en 5 mil páginas, pero el gobierno federal solo publicó una síntesis de 19 páginas en un “resumen ejecutivo” de todas las actividades realizadas por la Comisión de la Verdad.
En su resumen ejecutivo, la Secretaría de Gobernación aclaró que la investigación de Fernández, Pérez Ricart y Barrera fue publicada de forma “unilateral” en la página del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Expertos de la Comisión confían en Claudia Sheinbaum
Luego del rompimiento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los especialistas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico tienen puestas sus esperanzas en que Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, pueda retomar su investigación.
Los investigadores entregaron su informe en la casa de transición de Claudia Sheinbaum el pasado 23 de septiembre, aunque no tienen certeza de que la presidenta electa lo haya recibido y leído.
Sheinbaum Pardo tomará protesta el próximo 1 de octubre y el siguiente día, el 2 de octubre, es una conmemoración más de la masacre del 2 de octubre, uno de los crímenes del pasado más recordados en México.
Cuando entregaron su informe, los especialistas también entregaron una carta de presentación a Sheinbaum, en la que sugirieron que haya continuidad en los esfuerzos de investigación y de acceso a la justicia en los casos de graves violaciones a derechos humanos del pasado.
“Le estamos proponiendo que haya alguna oficina encargada de seguir las recomendaciones que nosotros estamos emitiendo. Eso esperaríamos, que la nueva administración asumiera el informe y las recomendaciones que en él se proponen”, expresa David Fernández.
Mientras esto sucede, los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico seguirán difundiendo de manera personal su informe y, con sus propios recursos, tienen planeado imprimirlo para hacer también su difusión en ese formato.
