Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), exhibió casos de presunta corrupción para justificar la reforma que, entre otras cosas, permite al gobierno usar los ahorros de trabajadores para construir viviendas.

El funcionario afirmó que están involucrados trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores e insistió que ni la Comisión de Vigilancia ni el Comité de Auditoría han tomado acciones contra los responsables.

Alejandro Murat, actual senador por Morena, fue director general del Infonavit entre 2012 y 2015, por lo que los supuestos fraudes ocurrieron en parte de la administración que él encabezó. En 2016 asumió el cargo como gobernador de Oaxaca por el PRI. Luego de que Murat dejara el cargo, David Penchyna se mantuvo al frente del Infonavit del 2015 al 2018.

Durante la conferencia no se hizo ninguna referencia ni a Murat ni a Penchyna y la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a decir que se trabajará para presentar denuncias ante los presuntos actos de corrupción detectados.

De acuerdo con Romero Oropeza con la reforma se permitirá la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) −como actualmente no sucede−, y habrá mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores.

Los cambios al marco normativo del Infonavit, aseguró, evitarán que se vuelvan a presentar casos de corrupción como la de una red que vendía la misma casa hasta 4 mil 130 veces o el financiamiento de viviendas que no han sido terminadas.

Sostuvo que al existir tres Direcciones en el Instituto, “se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces, dado que solo realizan observaciones administrativas e irrelevantes, y no atacan los verdaderos actos de corrupción”.

Los presuntos actos de corrupción

Oropeza expuso el caso de Telra Reality, una empresa contratada por el Gobierno en 2014 por un monto de 100 millones de pesos para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia. Al finalizar el plazo de dos años, en 2016, la empresa no entregó el servicio contratado y en lugar de ser penalizada, el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización de 5 mil millones de pesos.

Dos de los cinco socios de Telra devolvieron 2 mil millones de pesos al Infonavit, pero los otros tres socios se han negado a devolver los 3 mil millones restantes.

Según Romero Oropeza, la dirección sectorial empresarial del Infonavit realizó acciones, apoyadas en el despacho White & Case, para justificar la indemnización.

“La Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de dinero entre las empresas contratadas directamente por el Instituto y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en el 2018 (David Penchyna)”.

Posteriormente, el sector empresarial y de trabajadores le pidieron al Infonavit interponer un amparo contra el Informe de Resultados de dicho órgano fiscalizador, argumentado que la ASF, no tiene competencia para auditar los “recursos privados” que pertenecen a los trabajadores.

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Financiamiento a constructoras

Otro de los casos presentados por el director del Infonavit supuestamente relacionado a actos de corrupción es sobre el programa de Línea III del organismo, el cual tiene la finalidad de financiar a constructores para el desarrollo de vivienda para derechohabientes.

Según lo expuesto por Romero Oropeza se han identificado al menos 22 proyectos autorizados entre el 2017 y el 2018 que no han sido concluidos y presentan un adeudo vencido al Infonavit por 575 millones de pesos.

Adicionalmente, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto debido a deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.

Los proyectos en este esquema son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de los Trabajadores y Empresarial del organismo y en su mayoría recibieron recursos para compra de terreno, licencias y permisos y construcción de infraestructura.

“Sin haber construido las viviendas se les otorgó el crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero (…) Queremos sacar a esta gente de este problema porque hoy tienen atrapado su crédito: ni tienen vivienda ni pueden sacar crédito”, dijo.

Múltiples créditos, una misma vivienda

Otro de los casos es el de las ventas sucesivas de vivienda, donde una supuesta red delictiva actúa con el fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.

Dicha, red, explicó el funcionario, está compuesta por trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se coludieron para la entrega de 12 mil créditos sobre 1,400 viviendas, es decir, que estos inmuebles se vendieron hasta cuatro veces por año cada una.

“Todo lo anterior, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomara acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta 40 % de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión que no se ha concluido, asciende a más de 1,200 millones de pesos”, indicó.

El presunto acto de corrupción ocurrió en al menos 21 estados; Edomex, Jalisco, Baja California y Nuevo León es donde ocurrieron mayores operaciones.

En Edomex, por ejemplo, se vendieron 496 inmuebles 4 mil130 veces. En Jalisco se vendieron 239 casas un total de 2 mil 037 veces.

Juicios masivos

Asimismo, dio a conocer que entre el 2013 y el 2015, los despachos en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes.

Romero Oropeza ejemplificó que un derechohabiente que vivía y tenía su casa en Chiapas, fue notificado irregularmente en un domicilio en Nayarit, dentro de un juicio tramitado en ese mismo estado.

“El Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda, sin un juicio justo. Lo anterior, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables”, dijo el funcionario.

Contratación ilegal de seguros

Entre el 2013 y el 2014, durante la gestión de Alejandro Murat, funcionarios del Infonavit contrataron un seguro de vida colectivo con la firma Mapfre Tepeyac por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito, adicional al que se cubre por ley.

“Es ilegal porque el Infonavit ya cubre ese seguro (…) La cobertura era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas, solo en casos de desastre natural y/o pandemias lo que hacían que esta póliza fuera incobrable; es decir su contratación fue de forma fraudulenta y sin el consentimiento de los trabajadores acreditados.

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Corrupción en el registro único de vivienda

Otro de los casos tiene que ver con el Registro Único de Vivienda (RUV), que tiene la finalidad de integrar un padrón de viviendas nuevas.

En el 2011 se decidió convertirlo en una entidad independiente con la figura de un fideicomiso perteneciente al Infonavit y pese a que los recursos generados no deben de ser clasificados como ganancias y deben integrarse al ahorro de los trabajadores, el Comité Técnico del RUV (donde participan los Sectores Empresarial y de Trabajadores) instruyó el pago de las utilidades generadas.

“Pese a la indicación del director general del Infonavit de no hacerlo, se repartieron las utilidades. En esta administración, como resultado del incumplimiento, tres funcionarios fueron cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes”, sostuvo el titular del Infonavit.

Salarios superiores a la presidenta

Finalmente, el funcionario también destacó que los salarios de los directores del sector laboral y patronal al interior del organismo son superiores al ingreso neto anual de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El ingreso neto anual del director sectorial de los trabajadores es de 3.2 millones de pesos, mientras que el dirigente empresarial percibe 3.1 millones de pesos al año, cifras que contrastan con el salario anual de la presidenta, que es de 1.9 millones de pesos”.

La reforma al Infonavit busca transparencia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que se trabajará para presentar denuncias ante los presuntos actos de corrupción detectados.

Reiteró que la reforma busca transparencia y certeza en el manejo de los fondos de los trabajadores.

“Eso es lo que está en el fondo del cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero en el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos”, agregó.

🔴”Lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del @Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros”, dijo @Claudiashein sobre las modificaciones a la Ley del instituto. pic.twitter.com/tRexJd4PJd

— Animal Político (@Pajaropolitico) December 18, 2024

El director del Infonavit reiteró que con la reforma se busca continuar con el incremento del salario mínimo, ya que de esta manera se incrementan los recursos del Fondo de Vivienda; además de que se equiparará la gobernabilidad de esta dependencia con la del IMSS, manteniendo el sello tripartita, para lo cual se contempla:

Un sistema de vivienda con orientación social que contempla crédito barato para derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos;  el desarrollo de vivienda que permite al Infonavit comprar terrenos y construir; así como arrendamiento social con opción a compra, para que las y los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda del 30 % de su salario.

Otros de los puntos es la creación de la constructora del Infonavit que realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan. La apuesta  es reducir tiempos y costos de producción de vivienda, mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción; además, se le dará prioridad a la mano de obra de los estados.

Además:

• Se homologa el esquema de gobierno corporativo al del IMSS y se respeta el tripartismo paritario en los Órganos de Gobierno del Infonavit.
• El Director General como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República.
• Se eliminan las Direcciones Sectoriales (de Trabajadores y Empresarial), que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero si prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República.
• Se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de Asamblea, Consejo, Comités y Comisiones, de los integrantes de los Sectores, que actualmente oscilan entre los 60 y 90 mil pesos por cada asistente en cada sesión.

El dictamen de esta reforma avanzó en la Cámara Alta, sin embargo, en el caso de la Cámara de Diputados el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se abriría un espacio de “mayor reflexión”, por lo que la reforma sería discutida hasta el próximo periodo ordinario, ya en 2025.