El INE se queda sin secretaria ejecutiva al arranque del proceso electoral judicial
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, volvió a quedarse sin secretaria ejecutiva -el cargo operativo más importante del instituto-, luego de que la encargada de despacho, Claudia Suárez Ojeda, presentara su renuncia al cargo “por motivos personales y familiares”.
Suárez Ojeda había sido nombrada apenas el 24 de enero para ocupar el segundo cargo más importante del INE, y su renuncia ocurre justo al arranque del proceso para elegir 881 cargos del Poder Judicial Federal.
Se trataba de la colaboradora de más confianza de la consejera presidenta, quien antes fungió como encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE.
Taddei confirmó la renuncia de la funcionaria el pasado jueves, al término de la sesión extraordinaria de Consejo General en la que se aprobaron seis acuerdos referentes a la elección judicial.
La Secretaría Ejecutiva del INE es el cargo operativo más importante en el instituto, pues no sólo conduce las sesiones de Consejo General, sino que tiene la representación jurídica de la institución, es la cabeza de todas las áreas técnicas y de las delegaciones del INE en los estados, y es la cabeza la Junta General Ejecutiva, que es el colegiado técnico del instituto, donde confluyen las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas que hacen posible la organización electoral.
Suárez Ojeda es la tercera persona en ocupar la Secretaría Ejecutiva del INE desde abril de 2023, cuando Taddei fue designada por la Cámara de Diputados como consejera presienta. Antes de ella, ocuparon el cargo Miguel Ángel Patiño, de abril a junio de 2023, y María Elena Cornejo, de junio de 2023 a enero de 2024.
Las tres personas ocuparon la Secretaría Ejecutiva como encargadas de despacho, ante el rechazo de la mayoría de consejeras y consejeros electorales a las propuestas de Guadalupe Taddei para nombrar a un titular del área.
El año pasado, la consejera presidenta impulsó, sin éxito, el nombramiento de Flavio Cienfuegos, quien fue su jefe de oficina hasta el mes de septiembre pasado, cuando renunció al cargo. También intentó colocar a Roberto Carlos Félix, quien fue su mano derecha en el Instituto Electoral de Sonora. E incluso, en un momento dado, propuso a la ex consejera electoral, Adriana Favela.
Ninguna de las tres propuestas obtuvo los ocho votos necesarios para aprobarse.
Revive la polémica por nombramientos en el INE
La renuncia de Claudia Suárez Ojeda obliga a la consejera presidenta a presentar a sus colegas en el Consejo General una nueva propuesta para el cargo, que requiere el voto de ocho de los 11 integrantes del Consejo.
Los nombramientos en el INE han partido en dos al Consejo General: de un lado los consejeros y consejeras afines a Taddei, que han avalado sus propuestas: Norme Irene de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas. Y del otro lado, consejeras y consejeros que han rechazado sus propuestas: Claudia Zavala, Dania Ravel, Carla Humphrey, Martín Faz, Jaime Rivera y Arturo Castillo.
Recientemente, ambos bloques se confrontaron en una sesión pública, por las facultades extraordinarias que el Congreso decidió otorgarle a Taddei en el momento de reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para adaptarla a la reforma constitucional del Poder Judicial.
Bajo pretexto de cambiar las leyes para que se pueda organizar la elección de jueces, magistrados y ministros, los legisladores de Morena, PVEM y PT otorgaron a la presidenta del INE dos facultades: la de nombrar a los directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas de manera unipersonal (sin requerir los ocho votos del Consejo General), y la de entregare a la Junta General Ejecutiva (órgano técnico conformado con las direcciones ejecutivas y unidades técnicas) la capacidad de aprobar cualquier acuerdo relacionado con los procesos electorales.
Estos “súper poderes” provocaron que las seis consejeras y consejeros opuestos a Taddei aprobaran un acuerdo del Consejo General para que el INE interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue recibida formalmente en esta semana en la Corte.
