Sin presupuesto ni leyes secundarias, y a contrarreloj, el INE da el banderazo de salida para la elección de jueces
Sin leyes secundarias, sin presupuesto asignado, sin certeza sobre el número de cargos que se van a elegir y a contracorriente de recursos jurídicos en contra de la reforma judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio formal al proceso extraordinario para la elección de personas juzgadoras en junio de 2025.
Con sólo 250 días para planear, organizar y desarrollar este proceso, el Consejo General del INE celebró la sesión con la que se dio banderazo oficial a estos inéditos comicios, cumpliendo el mandato de los artículos transitorios de la reforma constitucional aprobada por la mayoría de Morena y aliados, que obligaban al INE a celebrar dicha sesión máximo siete días después de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
En la sesión, sin embargo, las consejeras y consejeros tuvieron que admitir que, a diferencia de los procesos federales electorales ordinarios, en esta ocasión los trabajos arrancan con más dudas que certezas.
“Hacemos un respetuoso llamado a las cámaras del Congreso de la Unión. Haremos nuestra parte para crear el andamiaje normativo necesario que nuestra facultad reglamentaria permita, claro, pero el Poder Legislativo puede aportar claridad y densidad legal si decide hacerlo con rapidez para que nuestros trabajos gocen de un robusto respaldo jurídico, consolidado en leyes secundarias indispensables”, dijo la consejera Carla Humphrey.
Cuáles son los temas que generan incertidumbre en la elección de jueces
En la reforma se plantea que el INE debe organizar este proceso electoral con los principios rectores de la función electoral: legalidad, objetividad, trasparencia y certeza, entre otros.
El decreto excluye a los partidos políticos como actores de este proceso, y especifica que los tres Poderes de la Unión serán quienes postulen las candidaturas a los miles de cargos a renovar.
Mandata al INE la difusión y pedagogía pública del proceso electoral, prohíbe el uso de recursos públicos y privados en las campañas, e incluso señala cómo deben diseñarse las boletas electorales para que la ciudadanía pueda votar por jueces, magistrados y ministros.
Pero los legisladores dejaron múltiples decisiones pendientes.
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Por un lado, el Congreso ni siquiera ha comenzado la elaboración de las leyes secundarias con las que se reglamentará el proceso, por lo que el INE trabajará con el mandato de un artículo transitorio que lo faculta a emitir los acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización, desarrollo y cómputo de las elecciones.
“La reforma prevé un espacio todavía, de posibilidad de legislación, sin embargo, el INE construirá los lineamientos que nos permita cumplir con nuestra responsabilidad, porque la reforma prevé los principios rectores y dentro de eso está el principio de certeza y el principio de legalidad. Las reglas se ponen antes, no se ponen durante los procesos operativos”, advirtió la consejera Claudia Zavala.
Por otro lado, el INE tampoco tiene claridad sobre el número de cargos a elegir, pues debe esperar a que el Senado de la República emita la convocatoria respectiva, lo cual debe ocurrir durante el mes de octubre.
Según estimaciones de la consejera presidenta del INE, podrían ser casi 900 cargos a elegir en esta primera experiencia, considerando que la reforma estableció que la mitad de jueces y magistrados de circuito se elijan en 2025 y la otra mitad en 2027.
“Si calculamos que son mil 760 cargos, estaríamos hablando de 880 cargos que estarían en el proceso de elección en el próximo primero de junio del 2025. Y en esos estarán incluidas, entendería, de manera inicial, todas las vacancias. Esa es una información que el Consejo de la Judicatura deberá de entregarle al Senado, y el Senado hacer las valoraciones correspondientes”, reconoció la consejera presidenta.
Tampoco existe claridad sobre los recursos públicos que el INE solicitará a la Cámara de Diputados para llevar a cabo este proceso electoral extraordinario, pues ello dependerá del número de casillas que vayan a instalarse el domingo 1º de junio de 2025.
La propia Taddei dijo ayer que aún están por comenzar las pláticas con los legisladores para hablar de los detalles técnicos de la elección y los recursos requeridos para llevarla a cabo.
“La complicación es que estamos partiendo de cero; es una elección, también es un proceso electoral, pero que no tiene la misma formalidad o el mismo modelo de las otras elecciones que el Instituto ha venido haciendo ya durante 33 años”, dijo, “yo continúo siendo muy precavida en esto de estimar el presupuesto, porque habría que definir, primero, si vamos a instalar las 170 mil 200 casillas o van a ser centros de votación. Si vamos a ver el proceso electoral a partir de los 300 distritos electorales que ya tenemos conformados o tendremos que hacer un ejercicio del marco geográfico electoral distinto”.
Las preocupaciones del INE para la elección de personas juzgadoras
Ayer, mientras el Consejo General sesionaba para cumplir con la formalidad de dar inicio formal al proceso, un grupo de trabajadores del Poder Judicial se manifestaba afuera de las instalaciones del INE, y la asociación de magistrados y jueces federales emitía un comunicado para exigir que se cancelara la sesión y todas las actividades iniciadas por el INE.
Esto, bajo el argumento de que existen recursos legales en contra de la reforma constitucional que no se han concluido, como las suspensiones otorgadas por jueces contra el proceso legislativo y la publicación del decreto.
A pesar de esta advertencia, el Consejo General del INE aprobó los primeros acuerdos para llevar a cabo la elección. Se integró la Comisión Temporal de Seguimiento, con las consejeras Rita Bell López y Norma Irene de la Cruz, y el consejero Jorge Montaño como presidente; y se instruyó la elaboración del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025.
En dicho plan se deberá incluir el análisis del impacto que tendrán todas las actividades en el presupuesto 2024, y en el que se solicitará a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2025.
Entre esas actividades destaca la instalación de los 32 Consejos Estatales y los 300 Consejos Distritales del INE; es decir, la estructura que se despliega cada que hay elecciones federales, y que volverá a instalarse a partir de octubre, tal como ocurrió el año pasado de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Además, el INE tendrá que volver a reclutar a más de 40 mil capacitadores electorales para llevar a cabo el reclutamiento y capacitación de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla.
Sólo esta actividad implica al menos cuatro meses de trabajo, que el INE en este momento no puede iniciar, pues no se sabe cuántas casillas van a instalarse y, por tanto, cuántos funcionarios requiere capacitar para recibir y contar los votos.
Otros temas pendientes son: el diseño de los materiales electorales, debido a que las boletas serán muy distintas a las de una elección ordinaria; el tiempo que se calculará para la operación de los centros de votación, pues actualmente se calculan 750 electores por casilla durante las diez horas que dura la jornada electoral.
Según funcionarios del INE, en una elección en la que los electores podrían recibir hasta 25 boletas distintas, se prevé que la ciudadanía requiera mucho más tiempo en emitir sus sufragios que en los comicios ordinarios.
Ante esta variante, en las áreas técnicas del INE y las consejerías se analizan opciones como convocar a una jornada electoral de dos días, o incluso de una semana completa, para dar oportunidad de voto a los más de cien millones de ciudadanos que formarán parte de la Lista Nominal en junio de 2025.
Incluso se ha puesto sobre la mesa otro detalle técnico: ¿cómo hacer para que una boleta tan grande como la que se prevé utilizar en estas elecciones quepa por la ranura de las urnas que tradicionalmente ha utilizado el INE?
