AMLO negó más información a ciudadanos que Peña Nieto, a pesar de presumir el gobierno más transparente
Una persona preguntó si una copa menstrual con registro sanitario cumplía con las pruebas de toxicidad; otro usuario pidió los datos de compra a sobreprecio de leche que hizo Diconsa; una más solicitó información sobre el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo y una más pidió en idioma maya peninsular los cuidados que le brindan a los caminos de Vara de San Juan, en el poblado de Kopchén, que cruzan por las vías del Tren Maya.
Todas estas preguntas tienen elementos en común: fueron solicitudes de información pública hechas por ciudadanos a la Cofepris, Diconsa, la Secretaría de Seguridad y el Tren Maya, y en todos los casos, las instituciones respondieron que no entregarían la información. Por eso, los usuarios interpusieron un recurso de revisión ante el INAI y éste les dio la razón, por lo que obligó a las dependencias a entregarles los datos solicitados.
Estos casos no fueron los únicos, sólo en 2022 hubo 26 mil 152 recursos de revisión, es decir, inconformidades de los ciudadanos ante la negativa de las dependencias de gobierno para entregarles información. Se trata del máximo histórico de negativas registradas en la última década por parte de las instituciones, de acuerdo con información histórica del INAI.
Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador insistió que su gobierno era “el más transparente”, los datos demuestran que no fue así. Su administración negó más información a los ciudadanos que su predecesor Enrique Peña Nieto.
Esto se demuestra con el índice de recurrencia, que mide el número de solicitudes de información realizadas por año y el número de recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos, es decir, las negativas de información.
En los últimos 12 años, el mayor índice de recurrencia se registró en 2022. En ese año, hubo 314 mil solicitudes de información, y de ellas los ciudadanos interpusieron 26 mil 152 recursos de revisión.
De ahí que mientras en el gobierno de Enrique Peña Nieto el promedio del índice de recurrencia fue de 4.8, el promedio de la administración de López Obrador fue de 5.92, de acuerdo con datos de los informes de labores del INAI.
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Si bien el número de solicitudes aumentó durante el gobierno del morenista, también aumentaron las negativas de su gobierno a entregar información pública y personal a quienes la solicitaron.
En 2018, el último año de gobierno de Peña Nieto, hubo 228 mil solicitudes de información y 13 mil 140 recursos de revisión. El año siguiente, el primero de la administración de López Obrador, las solicitudes aumentaron a 279 mil, y las quejas por las negativas se disparó a 19 mil 230.
Para 2023, el último dato registrado del gobierno de AMLO, hubo 326 mil solicitudes de información y 19 mil 723 recursos de revisión.
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¿Qué pasará sin el INAI?
A pesar de este antecedente, el Congreso, con el respaldo de Claudia Sheinbaum, busca eliminar el INAI con el argumento de generar “ahorros” y bajo la premisa de que la institución es innecesaria, ya que las dependencias gubernamentales responderán directamente a las solicitudes de información.
Sin embargo, el INAI, como organismo autónomo tiene la facultad de garantizar la aplicación del acceso a la información. Es decir, si un ciudadano reclama que alguna institución no le dio la información solicitada, los comisionados del INAI discuten el tema en sesión, analizan el caso y determinan quién tiene la razón, con base en la Ley General de Transparencia.
Gracias a que las resoluciones del INAI son inatacables, como lo establece la Constitución, las instituciones de gobierno están obligadas a cumplir las determinaciones del Instituto, es decir, deben entregar la información pública o personal.
Con la propuesta de reforma a la Constitución que Morena y sus aliados buscan aprobar para la siguiente semana para desaparecer los órganos autónomos, incluyendo el INAI, trasladarán las responsabilidades del INAI a la Secretaría de la Función Pública, que a su vez será transformada en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Esto significa que los ciudadanos ya no contarán con un organismo que interceda por ellos, sino que ahora si las dependencias de gobierno niegan información, la Secretaría Anticorrupción, que forma parte del gobierno, determinará si confirma la negativa o si obliga a las instituciones a entregarla.
En caso de confirmar la negativa, los ciudadanos tendrán que contratar un abogado para entablar un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que les costará dinero y tiempo, toda vez que mientras los recursos de revisión en el INAI eran resueltos en meses, pasar al sistema judicial podría llevar años; sobre todo porque el Tribunal sumaría a su labor cotidiana estos estos casos de transparencia que podrían ser miles.
Estos costos los pagará la persona que quiera obtener información pública, pero también los contribuyentes porque el Tribunal deberá destinar más recursos económicos, materiales y de infraestructura para atender los casos.
