Tras la extinción del INAI, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se comprometió a establecer “mesas temáticas” para definir el futuro de los 14 mil millones de archivos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y quién resolverá las negativas de información a los ciudadanos.
Se trata de un acuerdo de la reunión realizada el 11 de diciembre entre Buenrostro y el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, toda vez que aunque el Congreso aprobó la extinción del instituto, no tenía una ruta clara de cómo y quién suplirá las tareas que realizaba el instituto.
Sin embargo, no hubo un compromiso sobre la recontratación del personal, como había asegurado la presidenta Claudia Sheinbaum, al explicar que pese a la extinción del INAI, los trabajadores pasarían a la Secretaría Anticorrupción. De hecho, ésta dependencia tiene prácticamente el mismo presupuesto del año pasado para su propia plantilla; por lo tanto, no habrá recursos extra para contratar a más personal.
En entrevista con Animal Político, Adrián Alcalá explicó que en la reunión con Buenrostro acordaron establecer al menos tres mesas temáticas, aunque no establecieron las fechas en las que se realizarían ni quiénes participarían.
Una de las mesas será sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, puesto que no se sabe quién y cómo administrará los 14 mil millones de archivos que actualmente se encuentran accesibles para cualquier persona.
Sobre todo porque entre esos archivos no sólo hay información del gobierno federal, de la cual se podría hacer cargo la Secretaría Anticorrupción, sino que también hay información pública de instituciones municipales, estatales, del INEGI, Banco de México, o de otros organismos extintos como Cofece, Coneval o el IFT y de todos aquellos que reciben recursos públicos como los sindicatos o partidos políticos.
Tampoco se saben cuestiones técnicas como el proceso para realizar solicitudes de información, puesto actualmente se podía pedir información a los más de 800 sujetos obligados (municipales, estatales, federales) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Otra mesa será sobre los medios de impugnación, es decir, los recursos de revisión. Lo que ocurría, con el INAI, es que cuando alguien solicitaba información y la institución estatal, federal o municipal se negaba a entregarla, el ciudadano podía interponer un recurso de revisión ante el INAI y los comisionados analizaban el caso en sesión pública y, de ser el caso de acuerdo a la ley, le daban la razón a los ciudadanos y obligaban a las instituciones a entregar la información.
Esto significaba que el INAI ‘litigaba’ por el ciudadano, pero ahora, si alguna institución se niega a entregar la información y sin contar con la intervención de un actor independiente del gobierno, las personas deberían acudir a tribunales, pagar abogados y abrir un juicio para obtenerla.
Otra mesa temática será sobre ‘administración’, que ya tuvo una primera sesión, toda vez que se trata de servicios apremiantes como la contratación de personal de vigilancia, las licencias de equipos de cómputo o mantenimiento, puesto que habrá personal trabajando en el edificio del INAI para cerrar trabajos y para la entrega recepción.
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Es decir, aunque el legislativo aprobó una reforma para la extinción de organismos autónomos, incluyendo al INAI, y el gobierno de Claudia Sheinbaum publicó el decreto para concretar su desaparición, nadie en el gobierno tiene una ruta definida para todas las tareas que tenía el INAI.
Por ejemplo: cómo se asegurará que los estados y municipios publiquen y entreguen información pública o si los partidos políticos, sindicatos, y todo aquel que recibe recursos públicos será obligado a publicar información o cómo si un ciudadano la solicita, cómo lo haría o quién podría obligarlos a entregarla, toda vez que el INAI era la institución encargada de todo ello.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tampoco ha definido quién protegerá los millones de datos personales que tienen los particulares, es decir, vigilar que las empresas que recaban datos no hagan mal uso de ellos.
Sin embargo, las personas aún pueden seguir ejerciendo el derecho de acceso a la información haciendo solicitudes sobre información pública y datos personales a través de la PNT.
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Esto, porque en el decreto de extinción de los organismos, incluyendo el INAI, no se establecen los plazos en los que concluirá labores, sino solo su desaparición y hasta el momento, los plazos de solicitudes y recursos de revisión siguen su curso.
La fecha de conclusión de trabajos quedará estipulado en las leyes secundarias que los legisladores deben hacer en los 90 días posteriores a la publicación del decreto del 20 de diciembre de 2024. Es decir, el plazo se vencería el 11 de marzo de 2025.